Requisitos de la acción de desahucio por precario

En cuanto a los requisitos necesarios para que prospere la acción de desahucio por precario hemos de remitirnos a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 13ª), sentencia 18.05.2017:precario

“Conviene recordar que el precario constituye la tenencia o disfrute de cosa ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho distinta de la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real, de cuya voluntad depende poner término a dicha tenencia. Es decir, el precarista se en encuentra sin título o en virtud de un título nulo o que haya perdido su validez, sin que medie renta o cualquier otra contraprestación, ni otra razón que la mera condescendencia o mera liberalidad del poseedor real, de cuya voluntad dependerá el poner fin a su propia tolerancia.

El poseedor real deberá acreditar un título suficiente que legitime su acción al deducir la demanda, mientras al precarista demandado incumbe demostrar la tenencia de algún título que le vincule con el objeto o con el demandante, justificando así su permanencia en el goce de la misma.

El precario es un concepto de creación jurisprudencial a partir de los términos del derogado art. 1565.3 LEC 1881 , que no se reduce a la noción estricta del precario en el Derecho Romano, sino que amplía los límites del mismo a otros supuestos de posesión sin título, además de la posesión concedida por liberalidad del titular, como la posesión tolerada (que no tiene su origen en un acto de concesión graciosa) y la posesión ilegítima o sin título para poseer, bien porque no ha existido nunca o por haber perdido vigencia, teniendo todos estos supuestos en común, la posibilidad de que el titular del derecho pueda recuperar a su voluntad el completo señorío sobre la cosa, de forma que, lo que se puede discutir y resolver es acerca del derecho a poseer, aunque via acumulación o reconvención, pueden conocerse otras cuestiones que puedan ser debatidas en un juicio verbal (con los requisitos y garantías del art. 348 LEC ).

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Cesión de vivienda por los padres para su utilización por el hijo y su esposa como vivienda familiar: constituye comodato que se extingue y transforma en precario con la ruptura de la convivencia

No es poco habitual que los padres cedan una vivienda de su propiedad, a sus hijos, para que estos puedan constituir en dicha vivienda su domicilio conyugal. El problema surge cuando se produce la ruptura de la convivencia del hijo y su esposa, y se atribuye el uso de la vivienda familiar a la esposa.

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En tales supuestos, la Sentencia del Tribunal Supremo  (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 548/2014 de 14 octubre, refiere a que “La sentencia que puso fin a la contradicción entre las sentencias de audiencias fue del 26 diciembre 2005 y su doctrina fue recogida explícitamente por la de fecha 2 octubre 2008 en estos términos:

 “La situación de quien ocupa una vivienda cedida sin contraprestación y sin fijación de plazo por su titular para ser utilizada por el cesionario y su familia como domicilio conyugal o familiar es la propia de un precarista, una vez rota la convivencia, con independencia de que le hubiera sido atribuido el derecho de uso y disfrute de la vivienda, como vivienda familiar, por resolución judicial”.

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Modificación legal en relación a la ocupación ilegal de viviendas

Se ha publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la Ley 5/2018 de 11 de junio, que pisos de patadamodifica la actual Ley de Enjuiciamiento Civil Ley 1/2000 de 7 de enero, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. El objetivo de esta modificación es proteger a los propietarios legítimos de los bienes inmuebles frente a la ocupación ilegal. Esta se define como la ocupación no consentida ni tolerada.

En primer lugar, se añade un nuevo apartado en el artículo 150 relacionado con las notificaciones de resoluciones y diligencias de ordenación.  “Cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados.”

En segundo lugar, se añade el apartado 4º al artículo 250.1 que indica el ámbito del juicio verbal. Actualmente se procede a un juicio verbal cuando se pretenda “la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute”. Con la nueva redacción se prosigue indicando que cabe pedir la inmediata recuperación de la posesión de la vivienda que ha sido ocupada ilícitamente. Sigue leyendo

Landlord and Tenant legal regulation in Spain: The Deposit

Upon sincasol.jpgigning the contract there is a legal obligation on the tenant to provide a deposit of one month’s rent. The deposit will be kept by the landlord until the lease ends.

In Catalonia, the entire amount of the deposit must be paid to Catalan Land Institute (INCASOL). When the contract expires, the return of the deposit must be requested in order for it to be repaid to the tenant.

At the end of the lease, the landlord has one month to return the deposit. If it is necessary to use part of the deposit to return the property to its condition prior to the leasing, the balance should be repaid within one month following the termination of the lease.

The deposit may not be used instead of the final month’s rent. It should be noted that the tenant in Spain is liable for any wear and tear through normal usage of the property, unless otherwise agreed.

So, any repairs that need to be carried out are paid for with the deposit, and any left over is returned to the tenant.

The only legally recognized deposit is to the value of one-months rent.

Saneamiento por vicios ocultos

vicios ocultosPor vicios ocultos se entienden los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella.

El saneamiento es la obligación que tiene el vendedor de responder ante el comprador cuando se le prive total o parcialmente de la posesión legal, pacífica y útil de la cosa objeto del contrato.

Es decir, las obligaciones del vendedor no se acaban con la entrega de la cosa, sin que existe una obligación de garantía respecto a la cual el vendedor ha de procurar al comprador la posesión pacífica y útil de la cosa, y de indemnizarle de los daños y perjuicios en el caso de que aquel compromiso no obtenga cumplimiento.

El plazo para iniciar la acción de saneamiento por vicios ocultos es de seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida (artículo 1490 Código Civil). Sigue leyendo

EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

El derecho a pensión compensatoria se EXTINGUE, según el artículo 101.1 del código civil, “por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona”.

AquCOMPENSATORIAí en este último punto es donde hay opiniones diversas en la doctrina de los tribunales , y en los profesionales del derecho, por cuanto la interpretación de la expresión “vivir maritalmente con otra persona” ha sufrido una significativa evolución conforme a la realidad social de nuestro tiempo

Y así, frente a quienes sustentan dicha convivencia marital en las notas clásicas que caracterizan la comunidad plena de vida, equiparándola a la matrimonial tradicional, se encuentran los que la fundamentan en la sola estabilidad y publicidad de la relación sentimental, con independencia ya de otros parámetros que entienden arcaicos, como el hecho de compartir domicilio o patrimonio.

Actualización del I.P.C. en los arrendamientos

En base al artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la actualización del IPC únicamente podrá tener lugar en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato. Por lo tanto, será nulo y carecerá de efecto el intento de actualización anterior a la citada fecha.

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Pero, hay que resaltar que la actualización solo es exigible desde el mes siguiente a aquel en el una de las partes, arrendador o arrendatario, comunique por escrito a la otra expresando el porcentaje de alteración aplicado y acompañando, si la otra parte lo exigiera, la oportuna certificación del Instituto Nacional de Estadística, o haciendo referencia al Boletín Oficial en que se haya publicado. Es importante destacar que, aunque el precepto no exija la fehaciencia de la comunicación, es recomendable realizarla de forma que pueda probarse.

Una cuestión relevante es ¿Cabe aplicar la actualización con efectos retroactivos? En aplicación del mencionado artículo, hemos de responder no, y que sólo es exigible desde el mes siguiente a aquel en que se reclamó de forma fehaciente, expresando el porcentaje aplicado y acompañando la certificación del INE si así se le requiere.

¿Cómo reclamar pensión de alimentos, si el deudor vive en el extranjero?

En ocasiones, los deudores de alimentos que viven en el extranjero no cumplen sus obligaciones con los menores que residen en España.pensión alimentos

El procedimiento de ejecución dependerá del lugar de residencia del deudor:

  1. SI EL DEUDOR VIVE EN LA UNIÓN EUROPEA

En los casos en los que el deudor resida en un Estado miembro de la Unión Europea este trámite de ejecución es más sencillo porque se aplica una norma comunitaria, el Reglamento 4/2009 en materia de alimentos (BOE – Reglamento 4/2009) , que permite que se ejecute directamente en cualquier Estado miembro de la Unión la resolución de otro Estado miembro sin que sea necesaria una homologación de la sentencia ni una “declaración de ejecutividad”.

Es decir, si tenemos una sentencia española que condena a pagar alimentos al padre del menor que reside en Francia, esta sentencia será tratada en este país como si fuese un sentencia francesa y ejecutada de inmediato, con lo cual se podrán cobrar las cantidades debidas con mayor celeridad.

En reglamento permite que el interesado con pocos recursos económicos tenga acceso a la justicia gratuita y que la intervención de este abogado no tenga ningún coste para él.

Aparte, el Reglamento facilita la ejecución de resoluciones de alimentos entre Estados comunitarios al establecer además un cauce gratuito para todos los interesados, independientemente del nivel de ingresos económicos que posean. Se trata del sistema de cooperación de autoridades. link ministerio de justicia

Una madre española puede acudir a la Autoridad Central (AC) española (la Subdirección General de Cooperación Jurídica internacional perteneciente al Ministerio de Justicia) y dicha AC transmitirá la solicitud a la francesa que se encargará de gestionar la ejecución de la resolución española en este país.

El sistema de Autoridades Centrales posee la ventaja de no tener coste económico para el interesado, pero el inconveniente de que la ejecución puede retrasarse debido a que la solicitud se hace a través de intermediarios. Sigue leyendo

La tácita reconducción en el alquiler o arrendamiento de vivienda o local.

La tácita reconducción es una figura jurídica recogida en el artículo 1566 del Código Civil (CC), y consiste en el nacimiento de un nuevo contrato de arrendamiento de inmueble una vez que ha concluido el contrato primitivo. En concreto, tal y como establece el artículo 1566 CC., han de darse dos requisitos para que cuando termine el contrato primitivo se genere uno nuevo:

  1. rental agreementQue al terminar el contrato de arrendamiento primitivo el arrendador no realice comunicación alguna al inquilino anunciándole la finalización del contrato y su deseo de no continuar con la relación arrendaticia.
  2. Que, además de lo anterior, el inquilino continúe disfrutando un mínimo de quince días del inmueble arrendado.

A pesar de tratarse de un contrato casi igual que el que termina, no es una prórroga del contrato primitivo, sino un nuevo contrato. No se trata del mismo contrato prorrogado, sino de uno nuevo. A la finalización de cada uno de estos contratos nacerán sucesivos nuevos contratos por tácita reconducción, si no hay comunicación del arrendador anunciando la finalización del contrato, con la duración del contrato que acaba de terminar.

El nuevo contrato que se ha creado de forma automática por tácita reconducción es igual que el contrato de arrendamiento inicial excepto en su duración. Así, el artículo 1581 CC. establece que la duración del nuevo contrato será:

  • Un año si en el contrato primitivo se fijó el alquiler de forma anual. Aunque la forma de pago sea mensual, el arrendamiento se fija por periodo anual y por tanto la duración del nuevo contrato será de un año.
  • Un mes si en el contrato primitivo se fijó el alquiler de forma mensual.  Ejemplo de ello es cuando en el contrato se estableció algo como “la renta pactada por las partes asciende a la cantidad de 600 euros mensuales..”. En este caso la duración del nuevo contrato será mensual.
  • Un día si en el contrato primitivo se fijó el alquiler de forma diaria.

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El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo

El art. 21 del Estatuto de los Trabajadores define los supuestos, posibilidades v límites de la concurrencia entre trabajador y empresario. En concreto, su apartado 1º advierte que «no podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan»-. Esto es, un trabajador puede en principio vincularse laboralmente para varios empresarios sin por ello quebrantar su deber de buena fe. Sin embargo, dicha regla cede en dos concretos supuestos: a) que se estime que tal concurrencia es desleal, lo que cabe presumir respecto de «la actividad consistente en realizar tareas laborales de la misma naturaleza o rama de producción de las que está efectuando (el trabajador) en virtud del contrato de trabajo sin consentimiento del empresario» ( STS 5 junio 1990 ); y b) que se pacte la plena dedicación del mismo (art. 21.1 y 3 ET).

Lo  que analizamos en el presente artículo, es el régimen jurídico del deber de « no concurrir con la actividad de la empresa» que impone el art. 5, d) ET a los trabajadores asalariados y que se completa con el citado art. 21 ET con la regulación del pacto de no competencia para después de extinguido el contrato.

El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato supone la voluntaria limitación que el trabajador realiza de sus derechos constitucionales al trabajo y a la libre elección de profesión y oficio ( art. 35.1 de la Constitución Española ) Sigue leyendo

Condición más beneficiosa de origen contractual

  1. unnamedEl «principio de condición más beneficiosa» es un principio de creación jurisprudencial conforme al cual los sujetos del contrato de trabajo pueden de mutuo acuerdo o por decisión unilateral del empresario establecer condiciones de trabajo más favorables que las establecidas en las normas legales y convencionales reguladoras de una concreta relación de trabajo, prevaleciendo aquéllas sobre éstas incluso en el supuesto de que éstas sean modificadas. El fundamento legal de dicho principio hay que buscarlo en el art. 3.1.c del Estatuto de los Trabajadores conforme al cual los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan «por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos». 

    Los requisitos requeridos por nuestro ordenamiento para reconocer la existencia de una condición más beneficiosa son, por consiguiente, dos: a) En primer lugar, que las condiciones nazcan del contrato, fruto de un pacto expreso o tácito, por el que se regirán. b) En segundo lugar, que estas condiciones no sean menos favorables o contrarias a las establecidas en las disposiciones legales o convenios colectivos. Cumplidos estos requisitos legales, la condición se incorpora al patrimonio contractual del trabajador y, a salvo la posibilidad de compensarla o absorberla, se convierte en inatacable frente al convenio colectivo.

  2. El principal problema que a menudo plantean las «condiciones más beneficiosas», sobre todo aquellas que nacen por la tácita, es el de acreditar su nacimiento y vigencia. La jurisprudencia, al efecto, viene claramente exigiendo que la condición sea fruto de la voluntad deliberada de establecerla, de forma bilateral o unilateral, y no mero resultado presunto de una situación de condescendencia o tolerancia. «La aplicación de la doctrina de la condición más beneficiosa -ha afirmado el Tribunal Supremo en su ST. de 20 de diciembre de 1993 (A/9.974)- tiene como presupuesto la existencia de un acto de voluntad, expresado habitualmente por la tácita (hechos concluyentes), que permite la incorporación al nexo contractual de una determinada ventaja o beneficio», sin que al efecto baste la repetición o persistencia en el tiempo. La tolerancia o condescendencia “no dejan de ser tales porque duren más o menos tiempo”, es preciso que “se transformen en una conducta distinta de concesión o reconocimiento de un derecho”, esto es, que la actuación persistente descubra la voluntad empresarial de introducir un beneficio que incremente lo dispuesto en la Ley o Convenio» (S.T.S. 7 de junio de 1993 (A/4.544).

    Esta exigencia jurisprudencial de animus obligandi para el nacimiento de las condiciones más beneficiosas lleva al Tribunal Supremo a rechazar que el error de cálculo, ignorancia o interpretación errónea de la normativa aplicable (S.T.S. 26 de abril de 1993 (A/3.358) o los actos de mera liberalidad, tal es el caso de los regalos de Navidad que suelen hacer muchas empresas (S.T.S. 21 de abril de 1994 (A/1.261), sean generadores de condiciones más beneficiosas.

    3. El régimen de la condición más beneficiosa viene exclusivamente dado por el pacto o acto de concesión, en el que, desde luego, y en uso de la libertad de contenidos contractuales (art. 1.255 C.C.), pueden establecerse limitaciones para la misma. La significación, alcance y límites de la «condición más beneficiosa» -ha dicho el Tribunal Supremo en ST de 13 de julio de 1994 (A/7.048)- están «anudados a los términos de su concesión».

    4. La condición más beneficiosa puede ser modificada o neutralizada por tres vías.

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CONTRATO DE ALQUILER VERBAL

Resultado de imagen de arrendamientoEs importante tener firmado un contrato de alquiler en el que se queden reflejados los derechos y deberes tanto del propietario como del inquilino. Sin embargo, en ocasiones hay inquilinos que por diferentes motivos no tienen formalizado el contrato de alquiler.

No obstante, un contrato de arrendamiento existe desde el momento en que dos o más personas se ponen de acuerdo en ceder un inmueble, ya sea una vivienda, un local, etcétera, y pagar un alquiler por ello.

Esto significa que el inquilino adquiere plenos derechos como tal a partir del momento en que entra en un inmueble y comienza a pagar alquiler por ello. El contrato existe, aunque sea verbal. Sigue leyendo

CONVOCATORIA DE JUNTA EN CASO DE CESE O FALLECIMIENTO DE ADMINISTRADOR

Con la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV) se han producido modificaciones en materia de Convocatoria de Juntas Generales, tanto en los artículos 117 a 119 de la misma, como en los artículos del 169 al 171 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

El principal cambio producido en este sentido es la atribución a los secretarios judiciales y a los registradores mercantiles, de la facultad de convocar la Junta, que recaía en el juez de lo Mercantil, para los supuestos en los que:

1) La Junta General ordinaria de la sociedad no hubiese sido convocada por los administradores dentro del plazo legal o estatutario establecido;

2) No hubiese sido atendida la solicitud de convocatoria de los socios minoritarios, que representen al menos un 5% del capital social;

3) En caso de una situación de acefalía en el órgano de administración, por cese o fallecimiento de sus miembros.

La  Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV)distingue los procedimientos de solicitud de convocatoria en función del operador jurídico ante el que se tramiten.

  1. Solicitud de convocatoria ante el secretario judicial
  2. Solicitud de convocatoria ante el registrador mercantil

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ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA

La aceptación de la herencia es simplemente el acto por el que quién es llamado a una herencia expresa su voluntad de suceder al difunto.El heredero es quién sucede a título universal a una persona fallecida, esto es quien se subroga en todo lo que dicho difunto deja a su muerte (sean bienes o deudas) y que no sea personalísimo de dicho difunto..

Lo que más caracteriza al heredero es que responde de las deudas del difunto, a diferencia del legatario, y de ahí la importancia que tiene saber qué es y como se produce la aceptación de una herencia, pues una vez aceptada, las consecuencias pueden ser muy perjudiciales para el heredero (pues insisto que en principio el heredero responde con su propio patrimonio de las deudas del difunto).

La aceptación de la herencia por el heredero puede ser:

  1. Expresa
  2. Tácita.

La aceptación a beneficio de inventario: el beneficio de inventario no es una forma de aceptación de la herencia, sino (como su nombre indica) un beneficio que la ley concede al heredero, por el que se evita que este responda con su patrimonio personal de las deudas del causante, siempre y cuando dicho beneficio se pida en un plazo, y se cumplan unos trámites que marca la ley, y que insisto se tratarán en la siguiente entrada de este blog.

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Implicaciones penales del uso de redes sociales

El uso intensivo de las redes sociales ha trasladado al plano digital diversas acciones que afectan al ámbito penal y que son igualmente perseguibles y punibles. La consumación de esta especificidad delictual tiene consecuencias particulares en la obtención de las pruebas y en la elaboración de la denuncia penal.

Delitos más comunes

  • Coacciones: el artículo 172 del Código Penal castiga al que “sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”
  • Amenazas: el artículo 169 del Código Penal dispone que comete este delito “el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico.”
  • Injurias: en este apartado, el Código Penal especifica (artículo 208) que constituye delito “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.”

Sólo se castiga en términos generales las injurias graves, con la excepción prevista en el artículo 173.4, que castiga las injurias y vejaciones leves dirigidas a la víctima de violencia de género. Este enfoque es muy interesante en los casos de acoso por parte de las parejas sentimentales, una vez rota la relación, y sobre todo, en la publicación en las redes sociales de comentarios o fotografias despectivas o que denigren a la ex-pareja.

  • Ciberacoso: en el año 2011 se añadió específicamente el apartado 7º del artículo 197, que castiga al  “que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.

Es en este apartado donde se subsumen los supuestos conocidos como sextorsión o el grooming, ambos supuestos normalmente incardinados con el delito de coacciones o amenazas, en el que la difusión de las imágenes de carácter íntimo tiene como objetivo la obtención de un beneficio.

  • La difusión de pornografía de menores (artículo 189) castiga al “que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil.” Este enfoque también se vincula con el artículo 197, en los casos de distribución a través de redes sociales de imágenes de menores en centros escolares, en los que los propios alumnos pueden cometer este delito.

Especificidades procesales

En estos supuestos, uno de los temas puntales es la obtención de la prueba de los actos descritos para su posterior denuncia. Las publicaciones en medios digitales e internet son de naturaleza voluble, por lo que se hace imprescindible la denominada “captación de prueba electrónica”: la práctica jurídica ha avanzado y, aunque en sede judicial ofrece menos problemas un acta notarial que certifique el contenido de una determinada dirección de internet en un determinado momento, han surgido diversos servicios prestados por terceros para la obtención de pruebas, que emiten actas de navegación electrónica, las cuales también certifican el contenido de una determinada red social, incluso permiten su grabación en tiempo real, para ser aportada como prueba en el proceso.

Por otra parte, desde el punto de vista de inicio del proceso, siempre es recomendable la vía judicial preferentemente a la denuncia en sede policial: los medios de las unidades de investigación de delitos telemáticos no permiten grandes periodos de investigación, y los instructores tienen facultades de archivo del procedimiento que, desde el enfoque de los intereses de la víctima, interesa evitar. La denuncia judicial permite el acopio de pruebas (suelen ser delitos que se mantienen y se amplían con el tiempo) y, cumpliendo los plazos de prescripción, presentar pruebas que permitan la efectiva condena del causante, y asegurar el resarcimiento de la víctima.

Es interesante, por último, el enfoque hacia las empresas que trabajan o tienen representación en redes sociales, de un estudio  de prevención de riesgos digitales por parte de profesionales jurídicos, en el marco de los planes de corporate compliance a los que están obligados en aras de evitar la responsabilidad penal a la que hace referencia de forma genérica el artículo 31.bis del Código Penal.


Alex de Roa

Abogado ICASBD 2.498

alexderoa.wordpress.com

DISFRUTE DE VACACIONES EN CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL

Según el artículo 12.4.d) del Estatuto de los Trabajadores Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo” por lo que, si el convenio colectivo recoge que a los trabajadores de jornada completa les corresponden días de vacaciones 30 naturales o 22 laborales, para los trabajadores a tiempo parcial, será la misma, independientemente de la jornada que realicen.

El conflicto viene cuando queremos configurar el disfrute de estos días. (si un trabajador tuviera una jornada parcial en la que trabaja sólo 1 día a la semana y la empresa tiene establecidos 22 días de vacaciones laborales. Su día laboral es 1 a la semana, ¿tendría entonces 22 semanas de vacaciones? No, es así)

En estos casos, en lo que a su disfrute se refiere, se tendrá en cuenta cuáles son los días laborales, [si (1) son de lunes a sábado, o bien (2) si el convenio o el contrato de trabajo indican algo diferente], y las vacaciones necesariamente han de empezar siempre en día laboral del trabajador, por lo que se empezará a contar desde este día en adelante para las vacaciones laborales. Sigue leyendo

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ (PNC Invalidez)

 

Esta penpncsión se concede a personas que, con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, no cumplen con los requisitos de periodos de cotización necesarios para solicitar una pensión contributiva de incapacidad permanente en sus diferentes grados.

Requisitos Específicos de la propia Pensión no Contributiva de Invalidez

    1. Edad: Tener dieciocho o más años y menos de sesenta y cinco.
    2. Residencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
    3. Discapacidad: Grado de discapacidad igual o superior al 65%.

El derecho a Pensión no Contributiva de Invalidez no impide el ejercicio de aquellas actividades laborales, sean o no lucrativas, compatibles con la discapacidad del pensionista y que no representen un cambio en su capacidad real para el trabajo. Sigue leyendo

La excedencia por maternidad

El Estatuto de los trabajadores reconoce una serie de derechos a las mujeres en virtud del nacimiento de sus hijos. El periodo de 16 semanas que reconoce el artículo 48.4 es en la mayoría de las ocasiones insuficiente y ante la reincorporación de las obligaciones laborales, muchas madres se plantean acogerse a los distintos mecanismos que la legislación laboral prevé para la conciliación de la vida familiar y laboral. Uno de los más solicitados es la excedencia por maternidad. ¿Cómo se configura este derecho? ¿Afecta a la cotización de otras prestaciones, cómo la de desempleo? ¿Es compatible con otros derechos, como el permiso de lactancia?

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Juicio de Desahucio- la citación del inquilino

La manera de llevar a cabo la citación del inquilino en el juicio de desahucio fue cambiada por la reforma llevada a cabo por la Ley 4/2013 de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de vivienda (en vigor desde el 6 junio 2013) que modificó algunos artículos de la Ley de Enjuciamiento Civil (LEC) que se ocupan de la manera en la que deben hacerse las citaciones y emplazamientos para celebrar  un juicio.

Anteriormente, el Juzgado intentaba citar al arrendatario para darle traslado de la demanda y convocarlo a juicio, y no lo encontraba en la finca arrendada, devolvía la diligencia negativa al Juzgado y este suspendía el juicio señalado hasta tanto pudiera entregársela. A partir de aquí comenzaba todo un calvario para el arrendador, pues antes de poder citarlo a través de edictos en el tablón de anuncios del Juzgado debía agotar todos los medios  para la localización del inquilino, oficios a la Policia, Ayuntamiento, Insituto Nacional de Estadística, etcétera.  Mientras tanto el dueño veía como iban pasando los meses sin poder recuperar la vivienda o local de negocio, aumentando mes a mes la deuda por rentas y cantidades asimiladas (luz, agua,…) por el arrendatario.

Pues bien, en la actualidad el juicio de desahucio sigue los siguientes tramites

  • Una vez interpuesta  la demanda de desahucio por falta de pago de la renta, se dicta un DECRETO en el que requerirá al demandado para que en el plazo de DIEZ DIAS, desaloje la vivienda o local, pague al actor, enerve la acción, o en otro caso formule oposición alegando las causas por las que no debe la cantidad reclamada.
  • En dicho requerimiento el Juzgado señalará para el caso de que el inquilino se OPONGA al desahucio, la fecha de juicio y la fecha del lanzamiento para el supuesto de que no se oponga, advirtiéndole que de no hacer ninguna de estas actuaciones se procederá a desalojarlo el dia previamente señalado.

Como vemos, la citación del inquilino en el juicio de desahucio con entrega de ese Decreto del Secretario se convierte en la pieza fundamental para poder recuperar la finca lo antes posible, ya que si no dice nada en diez dias se le lanzará el dia prefijado, sin celebrar juicio alguno. SÓLO SE CELEBRARÁ EL JUICIO SI SE OPONE, en los demás casos directamente procederá el desalojo. Sigue leyendo

NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD RELATIVA DE LOS CONTRATOS según código civil.

En nuestro Código Civil existen dos acciones para invalidar contratos, una de ellas la nulidad absoluta o inexistencia, y otra la mera anulabilidad o nulidad relativa.

  1. La nulidad es la mayor sanción que nuestro ordenamiento otorga a un negocio jurídico, al negar al mismo la posibilidad de producir consecuencias jurídicas, y que tiene lugar cuando faltan alguno de los requisitos esenciales para su perfección, como son el consentimiento, el objeto y la causa especificados en el artículo 1261 CC, o cuando el contrato se ha celebrado vulnerando una norma imperativa o prohibitiva (art. 6.3 CC).

El principal efecto de la nulidad de pleno derecho es la falta total de efectos del contrato, y puede ser solicitada no solo quienes han intervenido en el contrato, sino, además, quienes hayan podido resultar perjudicados con el mismo (Sentencia del TS, de 25 de Abril de 2001).

Se trata además de una acción imprescriptible. La acción de nulidad no está sometida a plazo de prescripción, porque lo nulo en su inicio no puede ser convalidado con el paso del  tiempo (AP Cádiz, Sec. 5.ª, de 1 de Octubre de 2009).

  1. Por otro lado, la anulabilidad se encuentra regulada en los arts. 1300 y ss del CC. Es un tipo de ineficacia del contrato que tiene lugar cuando el mismo adolece de un vicio que lo invalida con arreglo a la Ley, como pueden ser el defecto de capacidad de obrar, y los vicios del consentimiento (error, dolo, violencia o intimidación).

En este caso el contrato existe, puesto que en él concurren consentimiento, objeto y causa, pero sufre algún vicio o defecto, por lo que es susceptible de anulación por los tribunales. Sigue leyendo