¿QUÉ ES UN ERTE?

Se trata de un mecanismo legal, regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a las empresas suspender los contratos de trabajo o reducir las jornadas laborales de manera temporal, cuando atraviesen por dificultades económicas, productivas, organizativas o técnicas o de fuerza mayor que pongan en riesgo su viabilidad.

POR CAUSAS ORGANIZATIVAS, PRODUCTIVAS, TÉCNICAS o ECONÓMICAS:

  • Causa económica: Situación económica negativa, como la existencia de perdidas actuales o previstas o la disminución progresiva de los ingresos. Se entenderá que hay disminución si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos de cada trimestre es inferior a los obtenidos en el mismo trimestre del año anterior.
  • Causa productiva: cambios en la demanda de los productos o servicios.
  • Causas organizativas: cambios en los sistemas de trabajo o manera de organizar la producción.
  • Causas técnicas: cambios en los medios o instrumentos de producción.

Tras las crisis del coronavirus, las empresas pueden alegar la falta de ventas o la escasez de aprovisionamientos de materias primas.

POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR:

En este caso se tiene que producir un acontecimiento inevitable que imposibilita a todos los efectos la continuidad de una relación laboral, como estar sufriendo un alto índice de absentismo laboral o el cese total de la actividad debido a una recomendación sanitaria o decisión de la autoridad.

En los casos de fuerza mayor, la empresa podrá solicitar directamente a la autoridad laboral las medidas que considere oportunas para que se pronuncie en el plazo de 5 días; en este supuesto, también puede intentarse pedir el ERE con carácter retroactivo. Estos días y dada la rapidez con la que se está expandiendo el coronavirus, esta modalidad de ERTE es la que está generando más interés. Sigue leyendo

Convenio especial con la Seguridad Social

El Convenio Especial con la Seguridad Social consiste en la posibilidad de seguir cotizando para evitar lagunas de cotización en el cálculo de la pensión de jubilación o bien para reforzar las bases de cotización y mejorar el cálculo de la misma.

Esta posibilidad, a la que pueden acogerse trabajadores en distintas circunstancias, ha gozado de gran popularidad entre trabajadores que han agotado el desempleo y aún les quedaban algunos años para poder acceder a la jubilación.

De esta manera, y a cambio de hacerse cargo personalmente de las cuotas a la Seguridad Social, pueden mantener el importe de su pensión al cotizar durante unos años que precisamente entran dentro del periodo de cómputo para el cálculo de la misma.

¿Cuál es el coste del convenio especial con la Seguridad Social?

Dependerá de la base de cotización elegida por el interesado, que puede ir desde la mínima (1.050 euros al mes) hasta la máxima (4.070,10 euros mensuales).

Así, para una base mínima de 1.050 euros, el coste para el suscriptor del convenio sería de 279 euros mensuales. En el caso de haber optado por la base máxima, la cuota mensual ascendería a 1.083 euros. Sigue leyendo

Querella contra empresas: aplicación de la reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015 introdujo el concepto de  responsabilidad penal de las personas jurídicas.  En esta ocasión (tras una primera introducción a título nominal en la reforma del 2010) se ha configurado un sistema completo, con una lista numerus clausus de infracciones penales que pueden ser cometidas por las personas jurídicas, de manera totalmente independiente a la responsabilidad que la misma acción produce en las personas físicas. Esta reforma abre la puerta a una serie de conceptos jurídicos nuevos, que interrelacionan el clásico derecho laboral de empresa con el derecho penal, en los servicios de asesoramiento corporate compliance prevención de riesgos penales. Dentro de las labores de defensa de los intereses de las empresas, se abre la puerta con esta modificación a un concepto inédito en el derecho español: las querellas penales contra personas jurídicas.

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Prestación por desempleo vs Límite del 75% del Salario Mínimo Interprofesional

El artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio) establece un límite para la obtención del subsidio de desempleo: la carencia de rentas de cualquier naturaleza que superen, en cómputo mensual, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. En la práctica supone un impedimento que tiene una doble vertiente:  la denegación directa por parte de la Administración el momento de solicitar la prestación, o bien (y mucho más peligrosa) la reclamación posterior de las prestaciones por desempleo cobradas. Pero, ¿cómo se valora dentro del límite legal la existencia de cargas familiares? ¿cómo se acreditan los rendimientos del capital mobiliario a mitad del ejercicio fiscal a los efectos de solicitud de la prestación?

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Contrato de Alta Dirección

Regulación jurídica y definición de los contratos de alta dirección

Los contratos de alta dirección aparecen definidos en el artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección. En este tipo de contrato, el trabajador debe desempeñar un efectivo poder de decisión en la empresa, con total autonomía y reportando directamente al órgano de administración. Si esto no se produce, realmente la relación laboral es una relación común, y no de alta dirección. La línea divisoria es muy fina y no siempre es fácil distinguir entre uno y otro.

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