El Tribunal Supremo declara la nulidad de las cláusulas suelo en los casos de “falta de transparencia” a los consumidores

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo, en los casos de “falta de transparencia” a los consumidores, tras su reunión en pleno, en la que ha estimado parcialmente un recurso de casación en el que se planteaba un asunto sobre este umbral mínimo de los tipos de  interés en las hipotecas.

Según nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial, publicada el día 20 de marzo de 2013, la declaración de nulidad se realiza con arreglo a los siguientes puntos:

1º Se declara la nulidad de las cláusulas suelo en los casos de falta de transparencia, como acontece en los tres supuestos examinados en el asunto que resuelve.

2º Se declara que este pronunciamiento no comporta devolución de las cantidades ya satisfechas.

3º Se razona que este pronunciamiento no significa la nulidad de las denominadas cláusulas suelo cuando se cumplan los requisitos de transparencia respecto de los consumidores.

Nota de prensa de 20 de marzo de 2013. (ver enlaces)

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Borrador de la reforma del Reglamento General de Circulación


Las novedades más significativas.

En primer lugar, incorpora al Reglamento el Título VI, que se dedica íntegramente a la circulación de las bicicletas.

En segundo lugar, el aumento del límite máximo de 120 km/h en autovías y autopistas, que pasará a 130 km/h en algunos tramos; mientras, en las vías secundarias, el límite se reducirá en los tramos donde existía una plataforma igual o superior a 6,5 m, y en las que se podía circular hasta 100 km/h, a partir de ahora tendremos que hacerlo a 90 km/h.

En aquellas carreteras donde sea inferior a la medida indicada, descenderá a 50 o 70 km/h según las circunstancias de la vía.

En ciudad también hay cambios, ya que en calles en las que haya un solo carril y de sentido único, o un carril por sentido de circulación, el límite será de 30 km/h.

Además, en las vías con plataforma única de calzada y acera, la velocidad máxima será de 20 km/h. En el resto de las calles seguirá a 50 km/h.


Se contempla la posibilidad de prohibir el uso de detectores de radares, cuando antes se limitaba a los inhibidores.

También retira todas las exenciones en el uso del cinturón de seguridad, así como la prohibición de circular con menores de edad de estatura igual o inferior a 135 cm en los asientos delanteros.

Se declara nulo el despido de una trabajadora con reducción de jornada por guarda legal

La sentencia recurrida, que entendió que para poder declarar nulo el despido de la trabajadora que disfrutaba de una reducción de jornada por guarda legal tenía que existir discriminación, y en este caso no se acreditó la misma, es casada por la Sala, que señala que la doctrina sentada en la materia es la recogida en la sentencia de referencia, según la cual una vez concedido el permiso solicitado por razones de guarda legal, el despido debe ser calificado como nulo por disposición del art. 55.5 ET en la redacción dada por Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras, como una garantía objetiva y automática, que otorga la protección a la mujer embarazada al margen de cualquier necesidad de prueba del móvil discriminatorio.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Sentencia de 25 de enero de 2013

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 1144/2012

Ponente Excmo. Sr. JESUS SOUTO PRIETO

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Enero de dos mil trece.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Gonzalo Velasco Recio en nombre y representación de D.ª Hortensia, frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 30 de enero de 2012 dictada en el recurso de suplicación número 3626/11 formulado por la Agencia para el Empleo de Madrid contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 25 de Madrid de fecha 8 de febrero de 2011 dictada en virtud de demanda formulada por D.ª Hortensia frente a la AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID (AYUNTAMIENTO DE MADRID) sobre Despido nulo o subsidiariamiente improcedente.

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido el AYUNTAMIENTO DE MADRID representado por la Letrada del Ayuntamiento.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jesus Souto Prieto,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 8 de febrero de 2011, el Juzgado de lo Social número 25 de Madrid, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: “Que con estimación de la demanda deducida por Dña Hortensia contra AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID -AYUNTAMIENTO DE MADRID en reclamación sobre DESPIDO, debo declarar y declaro que la decisión extintiva empresarial de fecha 1.10.2010, constituye un despido, que debe ser calificado como NULO condenando a la AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID – AYUNTAMIENTO DE MADRID, a la readmisión de la actora, en las mismas condiciones que tenía antes del despido, con abono de los salarios de tramitación causados desde 1.10.2010 hasta que la readmisión se produzca, a razón de un salario diario de 92,58 euros y que hasta la fecha de la sentencia alcanza la cantidad de 8.609,94 Euros.”

SEGUNDO.- En la citada sentencia se han declarado probados los siguientes hechos: “PRIMERO: La demandante Dña. Hortensia viene prestando servicios como personal laboral para la Agencia para el Empleo de Madrid, con una antigüedad desde el 1 de octubre de 2008, ostentando una categoría profesional de Titulado Medio (Grupo 2), percibiendo un salario mensual, con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 2.775,24 ?. SEGUNDO: La actora inicia relación laboral con la Agencia para el Empleo de Madrid mediante la suscripción de los siguientes contratos: A.01.10.2008 a 30.09.2009: contrato por obra o servicio determinado, celebrado al amparo del Real Decreto 2720/1998, en el que el objeto del mismo es el siguiente: “El contrato de duración determinada se celebra para la realización de la obra o servicio AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid de fecha 4 de julio de 2008 (expediente 27/08). Teniendo dicha obra autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa”. B.01.10.2009 a 30.09.2010: prórroga del contrato precedente. TERCERO: Las actividades que la actora ha venido desempeñando constituyen actividades normales, habituales y estructurales dentro de la Agencia para el Empleo de Madrid, entendiendo que no responde a la realidad la sucesiva firma de prórrogas del primer contrato, debiendo ser considerada la relación con dicho Organismo desde el inicio (1 de octubre de 2008) como laboral por tiempo indefinido. Son labores que dotan de sentido a la propia existencia, fines y organización del ente de carácter local. Estas actividades son las siguientes: A) Elaboración de Estudios Territoriales de los Distritos, mediante el análisis y estudio del mercado de trabajo, tejido empresarial, población activa, población desempleada, población ocupada, proponiendo acciones de mejora de la empleabilidad de la población desempleada de la zona. B) Prospección empresarial: – Captar ofertas de trabajo. – Informar y asesorar a los empresarios sobre la tramitación de subvenciones y ayudas (contratación), en función de sus necesidades. Informar a los empresarios de los servicios gratuitos y personalizados que ofrece la Agencia para el Empleo. – Fomentar la creación de empleo en las empresas. C) Intermediación laboral, (realizada esta tarea en la Bolsa de Empleo de Villaverde): Mediante una atención personalizada realizar la labor de casar la oferta y la demanda. Poner en contacto a las personas desempleadas que buscan trabajo con los empresarios, realizando una tarea de intermediación laboral poniendo en contacto a los empresarios con los profesionales que necesitan en cada momento. De esta manera se casa la oferta y la demanda. – Captación y tratamiento de ofertas de trabajo. – Búsqueda entre los desempleados que hay en la bolsa de los perfiles que mejor se ajusten a las ofertas. Facilitando la inserción del desempleado en el mercado de trabajo. La actividad que se me ha encomendado durante todos estos años carece de la autonomía y sustantividad que prescribe el art. 2.º del Real Decreto 2710/1998, de 18 de diciembre, para los contratos temporales concertados por obra o servicio determinado. Así, la consecuencia de tal fraude ( artículo 6.4 Código Civil ) debe ser la declaración de nulidad de la cláusula de temporalidad del contrato de trabajo, convirtiendo el mismo ex artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores en un contrato concertado por tiempo indefinido, en la definición dada para las Administraciones Públicas por el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de octubre de 1996. CUARTO: Las subvenciones a las que se sujetaba presupuestariamente en su inicio el contrato de trabajo suscrito, eran dotadas por la Comunidad de Madrid y por los fondos estructurales del Fondo Social Europeo. Por ello, este organismo europeo, a través del Reglamento de la Unión Europea 1260/1999, de 21 de junio, ejerce poderes de control y fiscalización sobre estas subvenciones de carácter estructural. Asimismo, estas acciones no suponen un fin en sí mismo, sino que se conciben como un complemento de las acciones nacionales correspondientes o como contribución a éstas ( artículo 8 del Reglamento 1260/1999 antes mencionado). Señalar, por último, que los fondos estructurales a los que se hace mención en este hecho son la traducción de un ánimo por la Unión Europea, de promover “un desarrollo armonioso, equilibrado y duradero de las actividades económicas, un elevado nivel de empleo, la igualdad entre hombres y mujeres y un alto grado de protección y mejora del medio ambiente”, según reza su quinto considerando. Por ello, el objetivo de las subvenciones del Fondo Social Europeo, como fondos estructurales que son, constituyen un impulso a las políticas sociales de los países miembros más desfavorecidos, creando una estructura sólida para luchar contra las desigualdades. QUINTO: El Estatuto de la Agencia para el Empleo de Madrid prevé en su artículo 2.º cuales son sus fines: “La Agencia para el Empleo de Madrid tiene como finalidad la gestión de las políticas municipales de empleo, mediante la intermediación laboral, la orientación y formación de los desempleados y trabajadores, y el fomento del empleo estable y de calidad”. Asimismo, el artículo 3.º recoge sus competencias: 1. La Agencia para el Empleo de Madrid ejercerá para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo anterior, entre otras, las siguientes competencias: a) Desarrollar las políticas de prevención del desempleo, realizando actuaciones tendentes a facilitar a los trabajadores desempleados la obtención de un puesto de trabajo digno y adecuado. b) Promover y desarrollar una formación y orientación, tanto ocupacional como profesional y continua, tendente a cualificar a los trabajadores en las necesidades reales de trabajo existentes en el Municipio. c) Colaborar con el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid en la gestión de la intermediación en el mercado de trabajo, con especial atención en la integración de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral. d) Fomentar la creación de empleo en las empresas. e) Promover líneas de financiación para la creación de empleo. f) Fomentar e informar sobre los cauces para el autoempleo o trabajo por cuenta propia, creando infraestructuras de apoyo para ello. g) Colaborar en la formación continua del personal no funcionario de los organismos y empresas dependientes del Ayuntamiento de Madrid. h) Colaborar con los distintos departamentos municipales en la realización de campañas específicas, contribuyendo desde la Agencia a la formación de los agentes informadores. i) Mejorar la cualificación de los trabajadores ocupados en áreas estratégicas para la economía del Municipio. j) Informar sobre las ofertas de empleo y la formación para el empleo del Municipio. k) Colaborar con otras instituciones públicas y privadas en las materias objeto de la Agencia. l) En General, todas aquellas competencias no especificadas anteriormente y que estén relacionadas con la gestión de los recursos asignados a la Agencia. 2. Para su logro, la Agencia para el Empleo de Madrid podrá ejercer, entre otras, las siguientes facultades: a) Establecer convenios con otros organismos o entidades para potenciar el desarrollo del empleo. b) Participar en planes nacionales y programas de la Comunidad de Madrid, establecidos en el marco de la Estrategia Europea de Empleo, así como en proyectos europeos o internacionales que puedan potenciar el desarrollo del empleo en la ciudad. c) Obtener y gestionar subvenciones y otras ayudas del Estado, de la Comunidad de Madrid, de Instituciones públicas o privadas y de particulares. d) Proponer el establecimiento de precios públicos y la concertación de operaciones de créditos en sus distintas formas”. Precisamente, las tareas que se describen en este hecho constituyen la labor que la actora ha venido desarrollando de manera habitual y continua para la Agencia para el Empleo de Madrid. SEXTO: Además, el objeto de los sucesivos contratos de trabajo que he suscrito con la Agencia para el Empleo de Madrid no se establece de forma clara y precisa, haciendo únicamente alusión al programa subvencionado que daba origen al contrato, siendo esto último contrario a lo definido en la Ley y en la Jurisprudencia que ha venido a desarrollar los conceptos de claridad y precisión en el marco de los contratos por obra o servicio determinado, como veremos en los fundamentos de derecho del presente escrito. Pone esto de manifiesto que los contratos, en los que sólo se menciona e programa subvencionado, adolecen de oscuridad e imprecisión, dejando en manos de una de las partes (en este caso la Agencia para el Empleo de Madrid) la interpretación y propia ejecución del contrato, en contra de lo establecido en el artículo 1256 del Código Civil. SÉPTIMO: En conclusión, entiendo que los contratos suscritos lo fueron en fraude de ley por los siguientes motivos: 1.º. No gozan de autonomía y sustantividad propia, ya que la actividad contratada coincide con los fines y competencias de la Agencia para el Empleo de Madrid. 2.º. Al haber estado subvencionada la actividad por los fondos estructurales del Fondo Social Europeo, ésta no constituye un fin en sí misma, sino que debe significar, a la luz de la legislación comunitaria, un impulso para crear las estructuras necesarias para acometer políticas adecuadas de empleo. 3.º. La Agencia para el Empleo de Madrid se acoge a estas subvenciones, por lo tanto, con el objetivo marcado por el Fondo Social Europeo: Crear estructuras, que se debe traducir necesariamente en el desarrollo de herramientas, técnicas y humanas. La finalización de la subvención, por tanto, no debe implicar la desaparición de la actividad ( y por ende de sus herramientas) sino, más al contrario, aprovechar la experiencia obtenida en el marco de estos programas para continuar con la actividad que, además, como hemos visto, coincide con la propia esencia y razón de ser de la Agencia para el Empleo de Madrid. 4.º. El contrato de trabajo suscrito, con sus prórrogas sucesivas, no detalla con claridad y precisión su objeto, haciendo únicamente alusión al programa o proyecto del que dependen. OCTAVO: La demandante, por las causas que se han manifestado en el ordinal precedente, tenía derecho a ostentar una relación laboral por tiempo indefinido con la Agencia para el Empleo de Madrid, con fecha 14 de octubre de 2009 interpuse reclamación previa contra este Organismo reclamando tal derecho, seguida de ulterior demanda interpuesta el día 19 de noviembre de 2009. El conocimiento de la anterior demanda recayó en el Juzgado de lo Social n.º 15 de Madrid, el cual dictó sentencia en fecha 30 de abril de 2010, del siguiente tenor literal: “Estimo la demanda formulada por D.ª Hortensia, frente a la AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID (AEM), y declaro el derecho de la actora a ostentar una relación laboral por tiempo indefinido, con efectos de 1-10-08, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración”. Esta sentencia no es firme, al haberse recurrido en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia por parte de la Agencia para el Empleo de Madrid. NOVENO: La demandante en fecha 15 de julio de 2010 solicité por escrito a la Agencia para el Empleo de Madrid una reducción de jornada diaria de una hora, al tener a mi cargo a un hijo menor de doce años. A dicha solicitud, con fecha 22 de julio de 2010, se respondió por parte de la Agencia, concediendo dicha reducción, con la consiguiente reducción proporcional de los abonos en nómina, con efectos desde el 16 de agosto de 2010. DÉCIMO: La demandante no ostento ni ha ostentado cargo alguno de representación unitaria o sindical de los trabajadores. UNDÉCIMO: La actora fecha 25 de octubre de 2010 formuló la preceptiva Reclamación Previa a la vía laboral ante el organismo demandado, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta”.

TERCERO.- La citada sentencia fué recurrida en suplicación por la Letrada del Ayuntamiento de Madrid en nombre y representación de la Agencia para el Empleo de Madrid, dictándose por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia con fecha 30 de enero de 2012, en la que consta la siguiente parte dispositiva: “Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID -AYUNTAMIENTO DE MADRID, contra la sentencia n.º 53/11, dictada en los autos número 1582/2010, por el Juzgado de lo Social n.º 25 de Madrid, promovidos contra la recurrente por DOÑA Hortensia, revocamos dicha resolución por lo que a la declaración de nulidad del despido respecta, calificándolo como improcedente, pudiendo la Agencia Estatal para el Empleo de Madrid, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, optar entre la readmisión de la trabajadora, o el abono de una indemnización de 8.325,72 euros, con condena en ambos casos, al abono de los salarios de tramitación desde el despido hasta la notificación de la presente sentencia, a razón de 92,51 euros/día, excluyéndose el periodo coincidente abonado por la empresa. Sin costas”

CUARTO.- El letrado D. Gonzalo Velasco Recio, en nombre y representación de Dña. Hortensia, mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2012, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 14 de abril de 2011 (recurso n.º 5197/10 ). SEGUNDO.- Se alega la infracción de los arts. 14 CE. 40.2 CE así como a los apartados 1 y 2 del art. 39 CE.

QUINTO.- Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de estimar la procedencia del recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 17 de enero de 2012, en el que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El tema objeto de debate en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si el despido de una trabajadora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid ha de ser considerado nulo o improcedente en aplicación del artículo 55.5.b) del ET en relación con los apartados 4,4 bis y 5 del artículo 37 del referido cuerpo legal, debido a que la trabajadora solicitó una reducción de jornada laboral para el cuidado de un menor, permiso que estaba disfrutando. Razona la sentencia recurrida que no se ha despedido a la trabajadora por haber demandado la indefinición de su contrato ni por solicitar una reducción de jornada que por otra parte le fue concedida, sino que la medida se ha encuadrado en ese marco general de extinciones al que se aludía y que desvirtúa que pueda configurarse como una represalia adoptada con la concreta persona de la demandante.

El Juzgado de lo Social estimó la demanda declarando nulo el despido, decisión que fue revocada por la Sala de lo Social que determinó la improcedencia del despido. Contra esta última resolución se formaliza el presente recurso al amparo de un único motivo por infracción del artículo 55.5 b) del ET en relación con el artículo 14 CE y presenta como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de abril de 2011. Se trata de un supuesto en el que la actora venía prestando servicios para el INIA desde el 17/07/07, en virtud de diversos contratos, realizando las mismas funciones. El 01/10/09 le fue notificado “Preaviso de finalización de contrato” para el 31/10/09. A dicha fecha tenía reconocida una reducción de jornada por cuidado de su hija, previa petición cursada el 23/10/09 al amparo del artículo 37.5 del ET. Antes de ser despedida había presentado reclamación solicitando el reconocimiento del derecho a ostentar la relación laboral que venía manteniendo como de duración indefinida. La Sala declara que es nulo el despido de la trabajadora, pues se ha practicado al estar disfrutando del permiso previsto en el art. 37.5 del ET para el cuidado de un menor, y, además, se ha vulnerado el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantia de indemnidad.

Debe entenderse contradictorias ambas sentencias, conforme a lo exigido en el art. 219 LRJS, pues la tesis de la sentencia recurrida es, en definitiva, que para poder declarar la nulidad del despido tiene que existir discriminación, que en el caso examinado no aprecia la sentencia; mientras que la sentencia de contraste estima que, una vez concedido el permiso solicitado por razones de guarda legal, el despido debe ser calificado como nulo por disposición legal ( art. 55.5 del ET., redacción dada por Ley 39/99, de 5 de noviembre), exista o no discriminación, concluyendo que el referido precepto impone la calificación de nulidad de manera automática.

SEGUNDO.- En cuanto al fondo del asunto se denuncia la infracción del art. 55.5, b) del ET, en relación con el art. 14 de la Constitución Española.

La Sala estima que la doctrina correcta es la plasmada en la sentencia de contraste, por aplicación incondicionada del precepto citado, pues en él se recoge el supuesto contemplado, en el mismo plano previsto para el caso de la trabajadora embarazada, siéndolo por tanto aplicable la misma interpretación fijada para estos casos por nuestra doctrina unificada, establecida en las sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo de 30 de abril y 6 de mayo de 2009 ( Rcud. 2428/08 y 2063/08 ), doctrina constitucional que esta última sentencia resume así:

“a).- La regulación legal de la nulidad del despido de las trabajadoras embarazadas constituye una institución directamente vinculada con el derecho a la no discriminación por razón de sexo [ art. 14 CE ], por más que puedan igualmente estar vinculados otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos [el derecho a la seguridad y la salud de las trabajadores embarazadas, protegido por art. 40.2 CE; o el aseguramiento de la protección de la familia y de los hijos, referido por el art. 39 CE ].

b).- Para ponderar las exigencias que el art. 14 CE despliega en orden a hacer efectiva la igualdad de las mujeres en el mercado de trabajo es preciso atender a la peculiar incidencia que sobre su situación laboral tienen la maternidad y la lactancia, hasta el punto de que -de hecho- el riesgo de pérdida del empleo como consecuencia de la maternidad constituye el problema más importante -junto a la desigualdad retributiva- con el que se enfrenta la efectividad del principio de no discriminación por razón de sexo en el ámbito de las relaciones laborales.

c).- La protección de la mujer embarazada que instaura la Ley 39/1999 [con la redacción que más arriba se ha reproducido] se lleva a cabo sin establecer requisito alguno sobre la necesidad de comunicar el embarazo al empresario o de que éste deba tener conocimiento de la gestación por cualquier otra vía; es más, el ámbito temporal de la garantía, referida a ““la fecha de inicio del embarazo”“ [en autos, coincidente con el despido, conforme a los hechos declarados probados], por fuerza excluye aquellos requisitos, pues en aquella fecha -a la que se retrotrae la protección- ni tan siquiera la propia trabajadora podía tener noticia de su embarazo.

d).- La finalidad de la norma es proporcionar a la trabajadora embarazada una tutela más enérgica que la ordinaria frente a la discriminación, dispensándola de la carga de acreditar indicio alguno sobre la conculcación del derecho fundamental y eximiéndola de probar que el empresario tenía conocimiento del embarazo; cuestión ésta que pertenece a la esfera más íntima de la persona y que la trabajadora puede desear mantener -legítimamente- preservado del conocimiento ajeno; aparte de que con ello también se corrige la dificultad probatoria de acreditar la citada circunstancia [conocimiento empresarial], que incluso se presenta atentatoria contra la dignidad de la mujer.

e).- Todo ello lleva a entender que el precepto es ““configurador de una nulidad objetiva, distinta de la nulidad por causa de discriminación contemplada en el párrafo primero y que actúa en toda situación de embarazo, al margen de que existan o no indicios de tratamiento discriminatorio o, incluso, de que concurra o no un móvil de discriminación”“. Conclusión frente a la que no cabe oponer el apartamiento -en este punto de protección objetiva- de la Directiva 92/85/CEE [19/Octubre/92] de la que la Ley 39/1999 era transposición, habida cuenta de que en la Exposición de Motivos de la citada Ley se advertía expresamente que tal transposición se efectuaba ““superando los niveles mínimos de protección”“ previstos en la Directiva; ni tampoco es argumentable que la misma EM haga referencia al ““despido motivado”“ por el embarazo, porque aún siendo claro que la finalidad esencial de la norma es la de combatir los despidos discriminatorios [por razón de embarazo], esa ““finalidad última no implica que el instrumento elegido por el legislador para su articulación no pueda consistir en una garantía objetiva y automática, que otorgue la protección al margen de cualquier necesidad de prueba del móvil discriminatorio, como en el presente caso ocurre”“.

3.- Las precedentes consideraciones nos llevan a afirmar -con el Ministerio Fiscal- que la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida por la sentencia de contraste y que -en consecuencia- la decisión recurrida ha de ser casada y anulada, con aplicación de las consecuencias previstas en los arts. 55.6 ET y 113 LPL.”

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Gonzalo Velasco Recio en nombre y representación de D.ª Hortensia, y revocamos la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 30 de enero de 2012 dictada en el recurso de suplicación número 3626/11, que a su vez había confirmado la resolución -desestimatoria de la demanda- que en 8/2/2011 pronunciara el Juzgado de lo Social núm. 25 de Madrid. Y resolviendo el debate de suplicación acogemos el de tal clase formulado por la trabajadora, declaramos que el cese de la trabajadora integra despido nulo y condenamos a la empresa a que la readmita inmediatamente en su puesto de trabajo y la satisfaga todos los salarios dejados de percibir desde aquella fecha.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Órgano Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Jesus Souto Prieto hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA nº 30 /13 Luxemburgo, 14 de marzo de 2013

¿Quién no ha oído hablar de Mohamed Aziz?

Expulsado de su vivienda mediante procedimiento de ejecución hipotecaria (Juzgado 1ª Instancia 5 Martorell), quién presentó demanda declarativa ante el Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona, solicitando la anulación de una de las cláusulas del préstamo por abusiva y la nulidad del procedimiento de ejecución. El Magistrado, ante las dudas suscitadas, plantea cuestión prejudicial sobre: I) La conformidad del Derecho español con la Directiva 93/13/CEE del consejo de 5 de abril de 1993, II) Los elementos constitutivos del concepto de «cláusula abusiva» y así poder apreciar si tienen carácter abusivo las tres cláusulas que constituyen el objeto del litigio, (i) vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos en períodos muy limitados, (ii) fijación de los intereses de demora y (iii) pacto de liquidez .

Nuestro sistema no permite al deudor oponerse a la ejecución hipotecaria alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual. Las causas de oposición están tasadas y al no figurar ésta entre ellas, el deudor lo único que puede es presentar un nuevo proceso declarativo  solicitando la nulidad de la cláusula. Pero en éste nuevo procedimiento el juez no puede suspender la ejecución hipotecaria. En conclusión, cuando recaiga el pronunciamiento en el declarativo, el deudor ya habrá perdido el bien y sólo le quedará una indemnización aunque se declare abusiva la cláusula y se anule la ejecución hipotecaria.

Por ello, el Tribunal declara que la Directiva 93/13/CEE se opone a una normativa del Derecho español.

¿Consecuencias? El TJUE señala, «es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia.» Es decir, sólo si  el contrato contiene cláusulas que se consideran abusivas y así se han alegado en el declarativo pertinente, debe suspenderse la ejecución hasta el pronunciamiento judicial. Ello exige al deudor ejecutado sumergirse en otro procedimiento declarativo.

¿Debería reformarse la legislación en el sentido de ampliar los motivos de  oposición en el procedimiento de ejecución hipotecaria, permitiendo la alegación de cláusulas abusivas del préstamo,  de modo que el mismo juez  paralizase la ejecución y entrara en el fondo?

Resumen de las principales novedades del Real Decreto – Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los Trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

El RD tiene como principales objetivos:

 Conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador aproximando la edad real de jubilación a la edad legal de acceso a ésta.

  • Reservar la modalidad de la jubilación anticipada a los trabajadores con largas carreras de cotización.
  • Facilitar la coexistencia de salario con la pensión de jubilación.
  • Evitar la discriminación por razón de edad en el mercado de trabajo.

 Para conseguir los indicados objetivos se adoptan las siguientes medidas:

 1.- Se regula la compatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena para favorecer el alargamiento de la vida activa, aprovechando en mayor medida los conocimientos y experiencia de los trabajadores de mayor edad.

 A estos efectos se permite que los trabajadores que han accedido a la jubilación al alcanzar la edad legal de jubilación y que cuenten con una larga carrera de cotización puedan compatibilizar el empleo a tiempo completo o parcial con el cobro del 50% de la pensión, con unas obligaciones de cotización limitadas. Concretamente durante esta situación de compatibilidad, los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8%, no computable para las prestaciones, que en los regímenes de los trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre el empresario y el trabajador, siendo a cargo de la empresa el 6% y a cargo del trabajador el 2%.

 Cuando finaliza el periodo de actividad por el que se compatibiliza trabajo y pensión, se

restablece el pago de esta última de forma íntegra, sin que el pensionista pierda esta cualidad en ningún momento.

Para acceder a esta modalidad de compatibilidad entre trabajo y pensión debe haberse alcanzado la edad legal de jubilación y el 100 por 100 de la base reguladora.

 2.- Se procede a modificar la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial.

 Respecto a la jubilación anticipada, cuando ésta es voluntaria, la edad de acceso se incrementa gradualmente, elevándose progresivamente de los 63 años actuales hasta los

65 años en 2027. En el supuesto de la jubilación anticipada involuntaria o forzosa, la edad de acceso pasa de los actuales 61 años a los 63 años en el 2027 .El período mínimo de cotización se fija en 35 años para el caso de la jubilación anticipada voluntaria y en 33 años en el caso de la involuntaria o forzosa.

 En la jubilación parcial se limita con carácter general al 50% la reducción máxima de la jornada de trabajo, si bien se permite alcanzar el 75% cuando esta medida venga acompañada de la formalización de un contrato de relevo con un trabajador más joven, con carácter indefinido y a tiempo completo. El período mínimo de cotización para acogerse a esta modalidad de jubilación se fija en 33 años (25 años en el caso de personas discapacitadas en grado igual o superior al 33%).

 3.- Se desincentiva la discriminación de trabajadores de más edad en el marco de medidas extintivas de regulación de empleo. Para ello y respecto a las aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de 50 o más años de edad en empresas con beneficios, la principal novedad de esta medida radica en exigir la aportación económica exclusivamente a las empresas que utilicen la edad como criterio preferente de selección de los trabajadores objeto de despido. De modo que, para que nazca la obligación, deberá concurrir un nuevo requisito consistente en que el porcentaje de trabajadores despedidos de 50 o más años de edad sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa edad representen sobre el total de la plantilla de la empresa.

También se introduce una modificación respecto al requisito de obtención de beneficios, de manera que, además de las empresas que hayan obtenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a aquél en que el empresario inicia el procedimiento de despido colectivo, también quedan incluidas aquellas empresas que obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del período comprendido entre el ejercicio económico anterior a la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha.

 4.- Se establece que los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación por desempleo o que no tengan derecho a la misma, tendrán la consideración de colectivo protegido prioritario para la aplicación de políticas activas de empleo a fin de fomentar su permanencia en el mercado de trabajo y prolongar su vida laboral.

 5.- Se introduce una nueva disposición adicional, la sexagésima cuarta, en la Ley General de la Seguridad Social, en la que se extiende la aplicación de la jubilación parcial a los socios trabajadores de las cooperativas para lo cual deberán estar incluidos en el sistema de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena.

 6.- Se encomienda al Gobierno la creación, en el plazo de 1 mes, de un comité de expertos independientes para que elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, para su posterior remisión a la Comisión del Pacto de Toledo.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de fecha 14 de marzo 2013

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que se opone a la normativa del procedimiento de ejecución hipotecaria del Estado Español por la inexistencia de la posibilidad de formular motivos de oposición, en relación con el vencimiento anticipado y la existencia de cláusulas abusivas en el contrato, en concreto, se refiere a los intereses abusivos y a la fijación unilateral del precio para iniciar el proceso de ejecución por parte de la entidad bancaria.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. La legislación española no permite a los jueces paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión. El fallo cree esta protección a posteriori “resulta incompleta e insuficiente” ya que “no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda” sino que se limita “al pago de una indemnización por daños y perjuicios”. “Basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la directiva”, denuncia la sentencia. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que “la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la directiva confiere a estos últimos”. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo. En su fallo, el TUE insiste en que “el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección que pretende garantizar la directiva”. “La directiva sobre las cláusulas abusivas se opone a una normativa nacional, como la normativa española en cuestión, que no permite al juez que conozca del proceso declarativo -es decir, el que tiene por objeto declarar el carácter abusivo de una cláusula- adoptar medidas cautelares, en particular la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final”, concluye la sentencia

Nuevas Medidas para contratación juvenil, emprendimiento y reducción del desempleo

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo, con el fin de potenciar y desarrollar la competitividad de nuestra economía, especialmente para favorecer el crecimiento de los emprendedores y del empleo juvenil para menores de 30 años, y con el objeto de dinamizar el mercado laboral y facilitar el acceso al mismo.


En el supuesto de trabajadores por cuenta propia, incorporados al RETA a partir del 12-10-2007 (entrada en vigor de la L 20/2007), o al Régimen Especial de Trabajadores del Mar, menores de 30 años de edad, o menores de 35 años en el caso de mujeres, se aplica sobre la cuota por contingencias comunes que corresponda, en función de la base de cotización elegida y del tipo de cotización aplicable, según el ámbito de protección por el que se haya optado, una reducción, durante los 15 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 30% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, y una bonificación, en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción, de igual cuantía que ésta.

 

Alternativamente al sistema de bonificaciones y reducciones establecido en el párrafo anterior, los trabajadores por cuenta propia que tengan menos de 30 años de edad y que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 5 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el RETA o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, pueden aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, excepto en la IT, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un período máximo de 30 meses, según la siguiente escala:

 

  1. Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
  2. Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período señalado en la letra a).
  3. Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b).
  4. Una bonificación equivalente al 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción.

 

Lo previsto anteriormente no resulta de aplicación a los trabajadores por cuenta propia que empleen trabajadores por cuenta ajena.

 

Los trabajadores por cuenta propia que opten por el sistema del apartado anterior, pueden acogerse a las bonificaciones y reducciones del primer párrafo, siempre que el cómputo total de las mismas no supere el plazo máximo de 30 mensualidades.

 

Lo dispuesto en los apartados anteriores es también de aplicación a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que estén encuadrados en el RETA, o como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos anteriores.

No hay que reincorporar a un trabajador en excedencia voluntaria cuando se han externalizado las funciones que hacía



El derecho preferente al reingreso que tiene un trabajador que está disfrutando de una excedencia voluntaria no es un derecho incondicional, sino potencial o expectante, que está condicionado a la existencia de una vacante en la empresa. Por esta razón, no puede considerarse como un despido improcedente la negativa de una empresa a reincorporar a estos trabajadores cuyos puestos de trabajo han sido objeto de externalización (sent. del TS de 30.11.12, en unificación de doctrina).

Cinco trabajadores que prestaban sus servicios como técnicos de sonido y electrónica en una televisión y estaban disfrutando de una excedencia voluntaria, solicitaron la reincorporación a sus respectivos puestos de trabajo. La empresa se negó alegando que el departamento de mantenimiento técnico, en el que prestaban sus servicios los trabajadores, había desaparecido al externalizarse sus funciones y, por lo tanto, no existía ninguna vacante disponible.

Los trabajadores, ante la negativa de la empresa a reincorporarles, presentaron una demanda por despido. Aunque el Juzgado de lo Social falló en primera instancia a favor de la empresa, no lo hizo así el TSJ de Madrid, que sentenció que se trataba de un despido improcedente, condenando a la empresa a readmitir a los trabajadores o a indemnizarles. La empresa recurrió ante el Tribunal Supremo.

Ahora, el TS, en una sentencia dictada además en unificación de doctrina, falla a favor de la empresa. En su sentencia determina en primer lugar que no estamos ante un caso de despido, sino ante una extinción contractual sin derecho a percibir ningún tipo de indemnización. Y esto es así porque el trabajador excedente tan sólo conserva “un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que haya o se puedan producir en la empresa”. Y esto significa que sólo podrá ejercer ese derecho siempre y cuando “esté disponible en la empresa el mismo puesto de trabajo u otro similar”.

Además, el Supremo deja muy claro en esta sentencia que hay que tratar de manera diferenciada la excedencia voluntaria con respecto a otras figuras como la suspensión del contrato o la excedencia por cuidado de hijos o para ejercer un cargo público (la llamada “excedencia forzosa”), que se caracterizan por la “conservación del puesto por parte del trabajador”.

Pero una excedencia voluntaria, entiende el TS, “no justifica conservar para él un puesto de trabajo a costa de la estabilidad en el empleo del trabajador que lo sustituya o del propio interés de la empresa”.

Y en este caso en que la empresa ha acreditado que existían causas para la reorganización y que se han amortizado los puestos por externalización de las funciones que ejercían los trabajadores, es evidente que su decisión de no reincorporar a los trabajadores es un “ejercicio lícito, correcto y no abusivo de sus facultades de organización y dirección del trabajo”.

Despido nulo. Trabajadora con contrato temporal cesada tras reclamar laboralidad indefinida (vulneración de la garantía de indemnidad)

La cuestión controvertida consiste en determinar si ha existido vulneración de la garantía de indemnidad, en supuesto de contratación temporal de trabajadora con prestación de servicios no asociada al objeto del contrato, que es cesada, tras haber reclamado ante la Administración la relación laboral indefinida.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 29 de enero de 2013, recurso nº 349/2012. Ponente Excmo. Sr. D. Jordi Agustí Juliá.

TERCERO.- (…)   B) En nuestra posterior sentencia de 29-05-2009 (rcud. 152/2008 ), insistíamos en que : “Es conocida la doctrina del Tribunal Constitucional en torno a la garantía de indemnidad, y en este sentido, basta con recordar la sentencia más reciente 125/2008, de 20 de octubre (y las que en ella se citan), en cuyo fundamento 3º se razona que “En el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos ( SSTC 14/1993, de 18 de enero, F. 2 ; 38/2005, de 28 de febrero, F. 3 ; y 138/2006, de 8 de mayo , F. 5), de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo [ art. 24.1 CE y art. 4.2 g) del Estatuto de los Trabajadores ].

(…)
 La finalidad de la prueba indiciaria no es sino la de evitar que la imposibilidad de revelar los verdaderos motivos del acto empresarial impida declarar que éste resulta lesivo del derecho fundamental (STC 38/1981, de 23 de noviembre, FF. 2 y 3), finalidad en torno a la cual se articula el doble elemento de la prueba indiciaria. El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental ( STC 38/1986, de 21 de marzo , F. 2), principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél; un indicio que, como ha venido poniendo de relieve la jurisprudencia de este Tribunal, no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido (así, SSTC 114/1989, de 22 de junio, F. 5 , y 85/1995, de 6 de junio , F. 4). Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto puede hacerse recaer sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios.

(…)
C) Razonábamos también en esta sentencia de de 29-05-2009, que “frente al ya mencionado fuerte indicio al que se refiere la sentencia recurrida respecto a que efectivamente el cese de la demandante no es sino una respuesta a la anterior reclamación de relación laboral indefinida, la recurrente se limita a señalar que al comunicarse a la demandante que la extinción de su contrato estaba motivada por la finalización de los servicios para los cuales había sido contratadas, se desvirtuaba dicho indicio. Sin embargo, aún cuando en principio es cierto que cuando se analizan supuestos de finalización de contratos temporales, el hecho de que los mismos se extingan en la fecha y en las condiciones que habían sido previstas por las partes en el momento de su celebración puede permitir neutralizar el indicio probatorio aportado sobre la existencia de una conducta de represalia, dado que la extinción se produce en los términos previstos desde un principio y no parece, por tanto, que pueda estimarse influida por cualquier reclamación o acción judicial que hubiera podido ejercerse durante el transcurso de la relación, este dato – como tuvo ya ocasión de señalar la sentencia del Tribunal Constitucional 175/2005, de 20 de junio – no es siempre por sí mismo suficiente para entender que ello deba ser necesariamente así, como de hecho ocurre en el presente caso”.

 
2. Toda esta doctrina -que hace suya la sentencia más reciente que hemos dictado al respecto en fecha 13-11-2012 (rcud. 3781/2012)- es de aplicación al supuesto que aquí enjuiciado. En efecto, como ya se ha expuesto, si está acreditado que la demandante sin solución de continuidad prestaba servicios para la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid, formando parte de un equipo dentro del Programa Individual de Atención (PIA), realizaba trabajos de revisión de documentación de los solicitantes de acceso a residencias y centros de la Consejería, junto e indiferenciadamente con otros empleados -contratados como ella o funcionarios interinos- es claro, como acertadamente señala la sentencia recurrida, que no sólo carece de causa cierta la extinción del segundo contrato, sino que tanto éste como el anterior, se revelan como fraudulentos y, por consiguiente, ninguna trascendencia puede tener la finalización del último, estando probado, además, que tras el cese de la demandante -después de haber reclamado la relación laboral indefinida-, el cometido que la trabajadora realizaba se continuó efectuando por otros empleados, asumiendo los expedientes que la demandante dejó en curso al extinguirse la relación contractual. Frente a ello, únicamente opone la recurrente su alegación de que en el momento de tomar la decisión de extinción no se conocía la existencia de la reclamación de la demandante, sobre la base de que, presentada dicha reclamación en el Registro del Servicio Madrileño de Salud el 12 de noviembre de 2010, no tuvo entrada en el Registro de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales hasta el 23 de noviembre de 2010.

Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)


El TESTRA es una página oficial y legal de Internet donde cualquier ciudadano o empresa puede consultar las notificaciones relacionadas con multas que no han podido ser entregadas en su domicilio, por lo que constituye un medio oficial de publicación de los edictos de los procedimientos sancionadores dictados por cualquier Administración con competencia en materia de Tráfico: Dirección General de Tráfico, Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco, Servicio Catalán de Tráfico y ayuntamientos.

Hasta ahora la Ley establecía que las notificaciones de los procedimientos sancionadores debían practicarse en el domicilio del interesado
y que, en caso de que este estuviera ausente o fuera desconocido en el mismo, la Administración procedería a la llamada notificación edictal, que se practicaba publicando el edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del ayuntamiento. La consecuencia práctica de no estar en el domicilio cuando los servicios de correos intentaban entregar la notificación era que el procedimiento sancionador continuaba tramitándose sin que muchas veces el interesado supiera su existencia, pues prácticamente nadie consulta los medios de notificación edictal.

¿Qué es el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)?

 En TESTRA no se publican todos los procedimientos sancionadores de tráfico, solo aquellos que no han podido ser notificados en el domicilio del interesado

Desde el 25 de noviembre 2012, en TESTRA se publican las notificaciones no entregadas en el domicilio de la Dirección General de Tráfico, Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco y Servicio Catalán de Tráfico, y, a partir de esa fecha, también de los Ayuntamientos que se incorporen al sistema Nota .

 REGULACION del TESTRA

 El TESTRA se regula en los arts. 77 y 78 de la Ley de Seguridad Vial Nota, en la Orden Ministerial que lo desarrolla, y, subsidiariamente, en el art. 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

 Por otra parte, la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico, que es el lugar de Internet desde donde se accede al TESTRA, fue aprobada por Resolución de 11 de marzo de 2010 (BOE de 17 de marzo).

 ¿Cómo se consulta el TESTRA?

 El TESTRA se consulta exclusivamente en Internet, desde la página web de la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico, y también desde las páginas similares que ofrezcan el Servicio Catalán de Tráfico y el Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco. Según se vayan incorporando Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales al sistema de notificación del TESTRA, también se podrá consultar desde las páginas de información de estas Administraciones se podrá acceder al Tablón Edictal.

 La consulta de TESTRA es gratuita y no requiere disponer ni de DNI electrónico ni de certificado digital. Tampoco es necesario suscribirse para recibir avisos de publicación. Tan solo con introducir el número de DNI, de NIE, o el CIF en el buscador, el interesado conocerá los edictos que las Administraciones hayan publicado por no haber podido notificar el procedimiento en el domicilio del interesado. El edicto ofrece información legal básica sobre el procedimiento sancionador (la notificación, la resolución o el recurso), y de esta forma el interesado puede dirigirse al organismo sancionador para poder defenderse con todas las garantías.

 ¿Cuál es el funcionamiento del TESTRA?

Las notificaciones que no hayan podido ser practicadas en el domicilio del interesado se notificarán mediante publicación del correspondiente edicto en el TESTRA (art. 77.3 LSV).

El edicto estará legalmente publicado en TESTRA durante 20 días naturales (estado de vigente), y al siguiente día de finalizar este plazo la notificación se da por practicada y continúa el procedimiento.

No obstante, el edicto podrá seguir estando visible en Internet a disposición del interesado transcurrido el plazo legal de 20 días naturales, considerándose ya como “no vigente”. De esta forma, el ciudadano puede seguir teniendo conocimiento de un procedimiento sancionador, aunque el trámite de publicación legal ya se haya cumplido.

 Otros aspectos de funcionamiento son los siguientes:

 Desde TESTRA se accede a los edictos de todas las Administraciones con competencia en materia de tráfico, no es necesario acceder a varias sedes electrónicas o diarios oficiales para conocer las sanciones no notificadas en el domicilio. Una única consulta le ofrece toda la información de los edictos vigentes y de los no vigentes.

 Los edictos se publican en castellano y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente al territorio de la Administración sancionadora.

 TESTRA se publica todos los días del año y está accesible para los ciudadanos las 24 horas del día.

 Lista de excluidos

 Cualquier ciudadano puede solicitar que los datos personales contenidos en edictos en los que ha sido notificado no sean de público acceso. Utilizando certificado digital o DNI electrónico se puede dar de alta en este servicio y, desde el día siguiente, los edictos anteriores publicados y los que se pudieran publicar en un futuro impedirán ver a otras personas sus datos personales.

 Aparecer en la lista de excluidos no altera el edicto original custodiado por la DGT, y que pudieran requerir los Jueces y Tribunales, el Defensor del Pueblo, etc.

 De la misma manera que para el alta, el ciudadano puede darse de baja en la lista de excluidos en el momento que desee.

 ¿Quiénes publican edictos en TESTRA?

 La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 18/2009, de 24 de noviembre, que reforma el procedimiento sancionador y crea el TESTRA establece dos plazos básicos:

 El 25 de noviembre de 2010 están obligados a notificar en el TESTRA la Dirección General de Tráfico, el Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco y el Servicio Catalán de Tráfico aquellos procedimientos, en cualquier fase de los mismos, que son de su competencia.

 Los Ayuntamientos tienen de plazo para incorporarse al TESTRA hasta el 25 de mayo de 2012, según sus disponibilidades técnicas. El Director General de Tráfico publicará en el Boletín Oficial del Estado resoluciones por las que se incorporan Ayuntamientos al TESTRA, y el listado de estos organismos podrá consultarse en Internet.

 Publicar en el TESTRA las notificaciones que no han podido ser entregadas en el domicilio implica que las Administraciones ya no publican ni en los Boletines Oficiales ni en los tablones de edictos de los Ayuntamientos.

 ¿Qué pasa si tengo edictos publicados en TESTRA?

 El TESTRA es el medio legal de publicación de las sanciones de tráfico que no han podido ser notificadas en el domicilio, conforme al art. 78 LSV. Si el edicto publicado está vigente, significa que se está en el plazo de 20 días naturales que la ley fija para alegar, pedir pruebas, pagar, o en el plazo de un mes para interponer recurso de reposición.

 Si el edicto publicado está en estado de no vigente, significa que ya ha transcurrido el plazo legal para alegar o para recurrir, pero al menos el ciudadano tiene conocimiento de que hay un procedimiento sancionador que se le está tramitando.

 ¿Qué seguridad tienen los edictos publicados en TESTRA?

 Los edictos publicados en TESTRA tienen consideración legal de documentos electrónicos y se someten a las reglas de seguridad, a las especificaciones y a las condiciones que para este tipo de documentos establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. La Dirección General de Tráfico garantiza la autenticidad e integridad del TESTRA, aunque son las Administraciones Públicas que remiten los edictos los que son responsables de los contenidos de los edictos.

 Todas las páginas de los edictos muestran un código seguro de verificación para garantizar al ciudadano la integridad del edicto que consulta.

 ¿Hay otras alternativas para que se me notifiquen las sanciones de tráfico?

 La Dirección Electrónica Vial, junto a la tradicional notificación practicada en el domicilio del interesado, la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se reforma el procedimiento sancionador de Tráfico crea la Dirección Electrónica Vial (DEV) Nota .

 La Dirección Electrónica Vial (DEV) permite a cualquier titular de una autorización administrativa para conducir o para circular recibir desde Internet y desde el teléfono móvil no solo las notificaciones de los procedimientos sancionadores, sino también avisos y comunicaciones tales como cuándo caduca mi permiso de conducir, el seguro de mi vehículo, la ITV o conocer periódicamente mi saldo de puntos. Es el medio más cómodo y rápido de relacionarse con la Dirección General de Tráfico, e implica que toda persona dada de alta en la DEV ya no recibe notificaciones por vía postal, sino exclusivamente a través de Internet.

El Supremo anula la prohibición del burka acordada por el Ayuntamiento de Lleida

La Sentencia del Tribunal Supremo estima el recurso de casación y anula la Ordenanza recurrida, básicamente por considerar que en ella se limita el ejercicio de la libertad religiosa de las portadoras del velo integral y que el Ayuntamiento carece de competencia para regular una limitación del ejercicio del derecho fundamental referido, para lo que es necesaria la previa existencia de una ley.

  • Los Ayuntamientos carecen de competencias para regular Derechos Fundamentales.
  • “Procede la estimación del recurso de casación por vulneración del derecho de libertad religiosa, art. 16.1 CE, al no existir Ley previa con base a la que pudiera limitarse el ejercicio de tal libertad en lo relativo al uso del atuendo cuestionado”
  • La Sentencia no prejuzga la posibilidad de que el legislador establezca la regulación que considere adecuada.

La sentencia del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto contra Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Lleida que prohibía el uso del velo integral en los espacios municipales.

El objeto del recurso de casación fue la impugnación de la Sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de junio de 2011, que desestimó el recurso contencioso-administrativo nº 394/2010 interpuesto por la Asociación Watani por la Libertad y la Justicia, por la vía del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona (art. 114 y ss de la LJCA), contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lleida de 8 de octubre de 2010, por el que se aprueba definitivamente la modificación de tres artículos de la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia, añadiéndoles nuevos apartados y aprueba inicialmente la modificación de los Reglamentos que regulan el Archivo municipal, el servicio de transporte urbano de pasajeros y el de funcionamiento de los centros cívicos y locales sociales municipales.

Fundamentos de la Sentencia

Los derechos fundamentales cuya tutela pretendía la recurrente eran los de la libertad ideológica y religiosa, contenidos en el artículo 16 CE, el derecho a la igualdad, del artículo 14 CE y el derecho de participación en los asuntos públicos, que la recurrente consideraba vulnerados por el acuerdo recurrido.

La Sentencia, con amplia cita de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, examina cuales sean los requisitos para la imposición de límites al ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa, destacando la necesidad de la regulación por Ley.

Sobre esa base analiza, rechazándola, los argumentos de la sentencia recurrida, que admitió la posibilidad de establecer por medio de Ordenanza Municipal la prohibición del uso del velo integral y la infracción y la sanción consecuentes.

Para la STS, “La competencia del Ayuntamiento para regular sus servicios y la convivencia en el ámbito del Municipio: incontestable, (y es ahí donde entran en juego como normas habilitantes las de LBRL –Art. 4.1.f, 25 y 25- y de la Carta Europea de la Autonomía local -art. 4.2-, citadas en sentencia), no puede suponer que, al ejercitar las competencias que dichas normas le confieren, pueda hacerlo prescindiendo de los límites constitucionales que le impone el respeto del derecho fundamental de libertad religiosa, proclamado en el art. 16.1 CE”.

Se destaca la falta de justificación en la sentencia recurrida de las afirmaciones de que el uso del velo integral perturbase la tranquilidad ciudadana, la seguridad y el orden público, y que la medida sea necesaria para proteger la igualdad de la mujer.

La Sentencia no prejuzga la posibilidad de que el legislador establezca la regulación que considere adecuada.

Se cita en la Sentencia la existencia en España de una moción aprobada en el Senado, sesión de 23 de junio de 2010, instando al Gobierno para que se regule la prohibición del uso del velo integral en los espacios públicos, y que sin embargo hasta el momento el legislador no ha elaborado ninguna ley al respecto, así como la existencia de una recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 23 de junio de 2010 que recomienda a los Gobiernos que no prohíban el uso de tal atuendo.

Se llama la atención en la sentencia sobre el riesgo de que la prohibición analizada pueda producir el efecto perverso de negarle la integración en los espacios públicos a la mujer a la que se pretende proteger.