La causa de necesidad del piso para el arrendador, familiares de primer grado, o para el cónyuge en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

 

Antes de la REFORMA, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, respecto de los arrendamientos de viviendas, decía en su artículo 9:

 

  1. que el contrato de arrendamiento tendrá la duración que pacten las partes, y si se pacta una duración inferior a cinco años, el contrato se prorroga obligatoriamente hasta que alcance la duración mínima de cinco años. “art. 9.1.
    La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si ésta fuera inferior a cinco años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años. (…).”

 

  1. Al tiempo de celebrarse el contrato había que hacer constar en el mismo de forma expresa la necesidad de ocupar la vivienda por parte del arrendador:
    3. No procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se haga constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí.

 

 

Es válido retractarse del despido en el periodo de preaviso.

El empresario puede echarse para atrás con el despido de un trabajador en el plazo de preaviso, ya que durante ese período “el contrato permanece vivo”.

 

Según la doctrina del Tribunal Supremo (STS 7/12/2009 o STS 11/12/2007), el ofrecimiento de readmisión llevado a cabo por la empresa no restablece el contrato extinguido y por tanto el rechazo por el trabajador de la readmisión no equivale a la dimisión del mismo, tanto si la oferta se hace en trámite de conciliación judicial o extrajudicial, como si se hace posteriormente, después de presentarse la demanda, e incluso en supuestos en que la retractación empresarial tiene lugar después del cese pero antes de presentarse la papeleta de conciliación.

Procedimiento de Familia: Medidas Cautelares INAUDITA PARTE

En casos de URGENTE NECESIDAD
se puede acudir a lo establecido en el artículo 158 párrafo 3 del Código Civil en solicitud de Medidas Cautelares, siempre que concurran circunstancias especiales para que inaudita parte se acuerden las medidas solicitadas (ejemplo: para evitar la sustracción de menores por alguno de los progenitores)

 

Desahucio por obras inconsentidas

Suele ser normal el incluir en los contratos de arrendamientos una cláusula que prohíba al arrendatario hacer obras en el inmueble sin la autorización del propietario. Y por consiguiente existe la posibilidad del arrendador de resolver el contrato ante dicho incumplimiento y desahuciar al inquilino.

 

En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Julio de 2011 confirma la sentencia de la AP de Jaén que resuelve un contrato de arrendamiento de local de negocio por obras inconsentidas, considerando como tales la modificación de la trayectoria de la canalización de las aguas fecales, que constituyeron un cambio en la configuración que, como obra fija y de fábrica, con clara vocación de permanencia, exigía el consentimiento de los arrendadores para su realización.

 

Se fundamenta la resolución del contrato de arrendamiento en los siguientes puntos:

 

a) Las obras no eran de escasa entidad.

 

b) Pese a que existió una inundación de aguas residuales a consecuencia de un atasco en la red de saneamiento local, el demandado realizó las obras sin autorización ni conocimiento del arrendador.

 

c) No son apreciadas como urgentes para el uso adecuado del local pues sobrepasan la finalidad de arreglar o subsanar un elemento defectuoso y, también, las que permite llevar a cabo el artículo 110.2 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, porque la modificación del trazado de la red de abastecimiento excede del carácter necesario al que se refiere el precepto

 

d) Tampoco considera que la obra beneficie o mejore el inmueble, habida cuenta de que, al haberse llevado a cabo sin la autorización del Ayuntamiento, previó que se iba a ordenar la demolición de la obra con todos los gastos que ello supondría.

 

Concesión del Exequatur

Se precisa el exequátur para los nacionales españoles que hayan obtenido una sentencia de divorcio en el extranjero y quieran que tenga efectos en España. El exequatur es un procedimiento en virtud del cual el juez competente concede la homologación de una Sentencia Extranjera, lo que supondrá que ésta desplegará todos sus efectos jurídicos.

El procedimiento de convalidación en España de sentencias extranjeras se deberá determinar en función de país en el que se haya dictado la sentencia.

Para la concesión del exequatur será necesario que la sentencia que se quiera homologar sea una sentencia firme, es decir, que no haya sido recurrida.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y otras normas internacionales, la competencia para conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras corresponde a los Juzgados de Primera Instancia.

Si el país de origen de la sentencia forma parte de los países firmantes del Convenio de la Haya la sentencia deberá estar apostillada. Si el país de origen no forma parte de los estados firmantes del Convenio de la Haya la sentencia se deberá legalizar en el Consulado.

 

Tablas orientadoras para determinar las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia elaboradas por el CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Grupo de trabajo de jueces de familia, ha elaborado unas tablas orientadoras para determinar las pensiones alimenticias de los hijos. Adaptadas a la jurisprudencia y elaboradas con bases científicas, constituyen la respuesta a las demandas planteada por los operadores jurídicos.

Este instrumento de cálculo en línea estará a disposición en breve de los jueces, tribunales –a través del Punto Neutro Judicial y de la Extranet de esta página web- y de todos los operadores jurídicos y la ciudadanía en la página del Poder Judicial.

El sustrato estadístico de las tablas se actualizará cuando se produzcan cambios en la estructura de gastos de las familias y, como mínimo, cada cinco años.  

El sistema de Tablas para la fijación de pensiones en los procesos de familia viene siendo empleado desde hace años en algunos países de nuestro entorno, como Canadá, Noruega, Estados Unidos y Alemania entre otros.

Esta Tabla de pensiones dará respuesta a numerosos los procesos de familia en los que la única o principal cuestión a debate es precisamente la cuantía de la pensión alimenticia en favor de los hijos.

CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

 

A partir del 1 de Junio de 2013, todo propietario que pretenda vender o alquilar su vivienda o local deberá disponer de un certificado de eficiencia energética. Se trata de un certificado que califica la eficiencia energética de la vivienda en función a sus características constructivas y que tiene una validez de 10 años.

 

Actualización del valor de la indemnización por accidente de tráfico al momento de la efectiva percepción por el perjudicado -aplicación IPC-

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2013, recurso nº 194/2011. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller.

Si bien el régimen legal aplicable a un accidente ocasionado con motivo de la circulación de vehículos es siempre el vigente en el momento en que el siniestro se produce, cuando el artículo 1902 CC obliga a “reparar el daño causado” se está refiriendo a una reparación efectiva y no meramente formal o nominal. Por ello la obligación de indemnizar en estos casos integra una verdadera deuda de valor, por lo que resulta necesario adecuar las cuantías al momento de la efectiva percepción por el perjudicado a la indemnización correspondiente.

“F.D. 4º (…) No obstante, cuando el artículo 1902 del Código Civil obliga a “reparar el daño causado” se está refiriendo a una reparación efectiva y no meramente formal o nominal, como la que resultaría de la estricta aplicación de las normas a que se refiere la Audiencia, que han dado lugar al reconocimiento de una indemnización total de 9.521,42 euros que, si habría sido adecuada en el año 1984 -fecha de ocurrencia del accidente- resulta hoy absolutamente insuficiente. Para ello la jurisprudencia ha entendido que la obligación de indemnizar en estos casos integra una verdadera deuda de valor (por todas, la sentencia núm. 275/2010, de 5 mayo ) y que resulta necesario adecuar las cuantías al momento de la efectiva percepción por el perjudicado de la indemnización correspondiente, no obstante la afirmación contenida en una sentencia próxima en el tiempo, la núm. 786/2010 de 22 noviembre , en cuanto sostiene que debe abandonarse dicha terminología cuando se trata de aplicación del baremo -lo que no ocurre en el presente caso- pues el propio sistema de valoración, mediante la actualización anual de las cuantías, es el que fija el alcance en cada caso de la “deuda de valor“.


En este sentido, al dejar de aplicar una razonable actualización, la Audiencia ha infringido el artículo 1902 del Código Civil y, en consecuencia, procede casar la sentencia para llevar a cabo dicha actualización que no ha de significar elevar la indemnización más allá de lo cubierto por el seguro obligatorio en la fecha del accidente -30 de noviembre de 2004- sino hacer un cálculo acerca de cuál sería en el momento de interposición de la demanda la cantidad equivalente a la fijada por el Real Decreto 2690/1983, de 13 de octubre, que era de la que efectivamente tenía que responder en aquella fecha la aseguradora por razón del seguro obligatorio.


Para ello ha de aplicarse el incremento correspondiente al índice de precios al consumo entre los años 1984, en que ocurrió el accidente, y el 2004, en que se interpuso la demanda, que da un resultado total del 143,9%, lo que determina que la cantidad fijada en la instancia de 9.521,42 euros haya de elevarse a la de 23.222,74 euros.”

Creación de un nuevo registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler

El día 6 de Junio de 2013 entró en vigor la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Entre todas las novedades que aporta la Ley 4/2013, destaca la creación de un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler cuya organización y funcionamiento se regulará más adelante mediante Real Decreto. Este registro tomará nota de todas aquellas personas que han sido desahuciadas por impago de las rentas, lo cual tendrá que ser comunicado al Registro por los secretarios judiciales una vez la sentencia sea firme o bien por  los órganos de arbitraje competentes. Aunque no se especifica es si tal remisión de datos se realizará de oficio o bien deberá ser solicitada a instancia de parte.

La finalidad de este registro es la de ofrecer información al propietario de una vivienda en alquiler sobre el riesgo que puede tener al alquilar su vivienda al candidato a ser arrendatario, basándose en anteriores impagos del mismo, declarados mediante sentencia firme o laudo arbitral. De este modo, el propietario, antes de alquilar, podrá solicitar al registro información
sobre la persona a quién va alquilar la vivienda en relación con anteriores desahucios por impago que consten en su historial y de los cuales haya habido condena declarada firme. Para ello, sólo necesitará presentar una propuesta de contrato y los datos le serán facilitados.

Los inquilinos que se incluyan en dicho registro sólo podrán dejar de estar “fichados” en el dicho registro si pagan la cantidad adeudada o bien transcurren más de seis años, momento en el que el registro automáticamente eliminará la ficha.

Por un lado esta medida resultará
útil para los propietarios que no deseen ser víctimas de algunos inquilinos que habitualmente impagan las rentas mensuales de alquiler. No obstante, por otro lado se está encasillando al inquilino –aunque tan sólo en una ocasión haya sido condenado por no pagar la renta– como “mal pagador” durante seis años, con el problema de que difícilmente podrá alquilar otra vivienda.

Permiso por lactancia tras la reforma laboral

La Disposición Final Primera de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha modificado el apartado cuarto del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, precepto que regula el descanso semanal, las fiestas y los permisos.

La nueva redacción del precepto, determina que “Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen“, de manera que se consolida por tanto el permiso por lactancia como un derecho individual e independiente del sexo, limitándose no obstante el ejercicio del mismo, de manera que, en caso de que ambos progenitores trabajen, sólo podrá ser disfrutado por uno de los padres.

En la redacción anterior, vigente hasta el día 11 de febrero de 2012, resultaba defendible entender que el derecho se concedía a la madre, y sólo si ella no lo ejercía pasaría su ejercicio al padre.

¿Será posible el ejercicio del derecho de lactancia cuando uno de los dos progenitores no trabaje? La doctrina científica considera que es un derecho netamente individual, y que resulta indiferente que uno de los dos progenitores no trabaje para que el otro pueda disfrutar del permiso por lactancia.

En lo que respecta a las madres o padres que no trabajen por cuenta ajena, la doctrina judicial ha sentado que el trabajador autónomo tiene derecho a disfrutar del permiso de lactancia, (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de septiembre de 2010 TJCE 2010/280-), de modo que no puede discriminarse entre trabajadores por cuenta propia y cuenta ajena, si bien sí operará sobre ellos la prohibición de que ambos disfruten simultáneamente del permiso de lactancia.

OPCIONES DEL TRABAJADOR ANTE UNA MODIFICACION SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

 
 

El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores enumera las condiciones de trabajo que merecen la consideración de «sustanciales»:

 

a) Jornada de trabajo

b) Horario y distribución del tiempo del trabajo

c) Régimen de trabajo a turnos

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial

e) Sistema de trabajo y rendimiento

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 del ET

 

Se trata de una lista abierta, que la STS de 03/04/95 califica de ejemplificativa y no exhaustiva. “La lista no comprende todas las modificaciones que son sustanciales, pero tampoco atribuye carácter sustancial a toda modificación que afecte a las materias expresamente listadas“(STS 26-4-2006).

 

Frente a la decisión modificativa, tanto si se trata de modificaciones individuales como colectivas, el trabajador puede adoptar distintas posiciones:

 

1ª)
Aceptar la decisión de modificación sustancial, con los cambios que se le imponen, –efectivos en la fecha fijada en la notificación de la decisión empresarial a los trabajadores o sus representantes-.

 

2ª)
Impugnar la decisión de modificación sustancial ante la jurisdicción social dentro del plazo de 20 días hábiles iniciándose el plazo desde la notificación de la decisión empresarial.

 

La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada la decisión empresarial. (i) Si se declara justificada, el trabajador tendrá que seguir con la modificación, si bien se le reconocerá el derecho a extinguir el contrato de trabajo y percibir una indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo de 9 meses. (ii) Si se declara injustificada, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos.

 

3ª)
Rescindir el contrato y percibir una indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo de 9 meses, si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial.

 

4ª)
Solicitar la extinción del contrato ante la jurisdicción social, cuando las modificaciones sustanciales menoscaben la dignidad del trabajador.