Seguros vinculados a préstamos hipotecarios: Abusos de las Entidades Bancarias

En los contratos de préstamo hipotecario, es frecuentemente que se obligue al prestatario a suscribir contratos de seguros (seguro de vida, seguro de accidentes con cobertura del riesgo de invalidez, seguro de enfermedad, seguro de daños en distintas modalidades, como el incendio). Exigencias que muchas veces no necesita el consumidor. Esta práctica es abusiva, ya que las entidades de crédito aprovechan para colocar al cliente, no sólo un simple seguro de daños (incendios por ejemplo), sino otro tipo de seguros como los de hogar, que son más caros. Además es que al consumidor no se le permite que compare ofertas de otras entidades ya que el banco o caja de ahorros le impone el seguro de su propia compañía aseguradora.

Los artículos 5 y 8 de la Ley 2/1981 de 25 de marzo de Regulación del Mercado Hipotecario indican que si una entidad de crédito desea emitir cédulas o bonos hipotecarios con base a las hipotecas concedidas a los consumidores, es preceptivo que la vivienda hipotecada disponga de un seguro que cubra los riesgos por daños en el inmueble.

Esta obligación no corresponde por ley al consumidor, sino que es una condición contractual que nos imponen así bancos y cajas de ahorros. Dado que el cumplimiento de este requisito es de interés exclusivo para la entidad prestamista, resulta injusta la imposición del mismo al consumidor.

Pero es notoriamente abusivo cuando en caso de producirse un siniestro, y a los efectos de recibir la indemnización consiguiente, las entidades financieras exigen que al formalizarse la escritura de préstamo como la póliza del seguro, se incluya una cláusula de cesión irrevocable de la indemnización que pudiera corresponder. Es decir, que se designa como beneficiaria de la indemnización a la entidad, hasta el importe al que ascienda la responsabilidad hipotecaria.


 

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Nulidad y anulabilidad de la suscripción de participaciones preferentes.

La regulación del RDL 24/2012 no aclara cuáles son las posibilidades procesales reales del inversor en participaciones preferentes, sin embargo no se considera que exista una laguna legal en dicha normativa dado que son de aplicación las normas del Código Civil sobre los contratos y, en su caso, la legislación especial sobre protección del consumidor o sobre condiciones generales de la contratación. (i) El inversor puede ejercitar la acción de nulidad o de anulabilidad de la suscripción de participaciones preferentes alegando la existencia de un vicio en el consentimiento derivada de la falta de información de las condiciones de las inversión (ii) o, en su caso, la resolución del contrato de intermediación, por incumplimiento contractual al amparo del artículo 1124 del Código Civil, con el resarcimiento de los daños irrogados (iii) o, en su caso, la acción de responsabilidad civil al amparo del artículo 1101 del Código Civil, por haber incurrido la entidad de crédito en dolo o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones por la defectuosa información prestada.

 

Entre los supuestos de ineficacia contractual se distingue entre la nulidad absoluta o radical del contrato o la anulabilidad. La anulabilidad, buscar la ineficacia de un contrato por vicios del consentimiento mismo, y la acción de nulidad por no existir consentimiento. Son anulables aquellos contratos en los que el consentimiento se ve viciado por existir una divergencia entre aquello para lo que se dio el consentimiento y lo que realmente se quería, sin que sea imputable a quien prestó el consentimiento. Estos supuestos de anulabilidad están sujetos al plazo de caducidad de cuatro años. Por otra parte los supuestos de nulidad absoluta no están sujetos a plazo de caducidad y pueden ser apreciados de oficio por el tribunal.

Fondo para cubrir el impago de pensiones y prestaciones alimentarias o compensatorias

El fondo de garantía de pensiones y prestaciones tiene el objetivo de compensar la situación de precariedad económica en que se encuentran familias con pocos recursos económicos cuando no reciben la pensión o prestación establecida en un procedimiento judicial de familia. En este sentido el fondo de garantía otorgará un anticipo a las personas que tienen derecho a cobrar una pensión y sufren un impago por parte de la persona obligada a abonarla.

¿A quién va dirigido?

A las personas beneficiarias de una pensión alimenticia y / o compensatoria y sus hijas e hijos, menores de edad o mayores con un grado igual o superior al 65% de discapacidad, que sufran un incumplimiento del pago de estas pensiones reconocidas judicialmente.