Actualización del valor de la indemnización por accidente de tráfico al momento de la efectiva percepción por el perjudicado -aplicación IPC-

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2013, recurso nº 194/2011. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller.

Si bien el régimen legal aplicable a un accidente ocasionado con motivo de la circulación de vehículos es siempre el vigente en el momento en que el siniestro se produce, cuando el artículo 1902 CC obliga a “reparar el daño causado” se está refiriendo a una reparación efectiva y no meramente formal o nominal. Por ello la obligación de indemnizar en estos casos integra una verdadera deuda de valor, por lo que resulta necesario adecuar las cuantías al momento de la efectiva percepción por el perjudicado a la indemnización correspondiente.

“F.D. 4º (…) No obstante, cuando el artículo 1902 del Código Civil obliga a “reparar el daño causado” se está refiriendo a una reparación efectiva y no meramente formal o nominal, como la que resultaría de la estricta aplicación de las normas a que se refiere la Audiencia, que han dado lugar al reconocimiento de una indemnización total de 9.521,42 euros que, si habría sido adecuada en el año 1984 -fecha de ocurrencia del accidente- resulta hoy absolutamente insuficiente. Para ello la jurisprudencia ha entendido que la obligación de indemnizar en estos casos integra una verdadera deuda de valor (por todas, la sentencia núm. 275/2010, de 5 mayo ) y que resulta necesario adecuar las cuantías al momento de la efectiva percepción por el perjudicado de la indemnización correspondiente, no obstante la afirmación contenida en una sentencia próxima en el tiempo, la núm. 786/2010 de 22 noviembre , en cuanto sostiene que debe abandonarse dicha terminología cuando se trata de aplicación del baremo -lo que no ocurre en el presente caso- pues el propio sistema de valoración, mediante la actualización anual de las cuantías, es el que fija el alcance en cada caso de la “deuda de valor“.


En este sentido, al dejar de aplicar una razonable actualización, la Audiencia ha infringido el artículo 1902 del Código Civil y, en consecuencia, procede casar la sentencia para llevar a cabo dicha actualización que no ha de significar elevar la indemnización más allá de lo cubierto por el seguro obligatorio en la fecha del accidente -30 de noviembre de 2004- sino hacer un cálculo acerca de cuál sería en el momento de interposición de la demanda la cantidad equivalente a la fijada por el Real Decreto 2690/1983, de 13 de octubre, que era de la que efectivamente tenía que responder en aquella fecha la aseguradora por razón del seguro obligatorio.


Para ello ha de aplicarse el incremento correspondiente al índice de precios al consumo entre los años 1984, en que ocurrió el accidente, y el 2004, en que se interpuso la demanda, que da un resultado total del 143,9%, lo que determina que la cantidad fijada en la instancia de 9.521,42 euros haya de elevarse a la de 23.222,74 euros.”

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Borrador de la reforma del Reglamento General de Circulación


Las novedades más significativas.

En primer lugar, incorpora al Reglamento el Título VI, que se dedica íntegramente a la circulación de las bicicletas.

En segundo lugar, el aumento del límite máximo de 120 km/h en autovías y autopistas, que pasará a 130 km/h en algunos tramos; mientras, en las vías secundarias, el límite se reducirá en los tramos donde existía una plataforma igual o superior a 6,5 m, y en las que se podía circular hasta 100 km/h, a partir de ahora tendremos que hacerlo a 90 km/h.

En aquellas carreteras donde sea inferior a la medida indicada, descenderá a 50 o 70 km/h según las circunstancias de la vía.

En ciudad también hay cambios, ya que en calles en las que haya un solo carril y de sentido único, o un carril por sentido de circulación, el límite será de 30 km/h.

Además, en las vías con plataforma única de calzada y acera, la velocidad máxima será de 20 km/h. En el resto de las calles seguirá a 50 km/h.


Se contempla la posibilidad de prohibir el uso de detectores de radares, cuando antes se limitaba a los inhibidores.

También retira todas las exenciones en el uso del cinturón de seguridad, así como la prohibición de circular con menores de edad de estatura igual o inferior a 135 cm en los asientos delanteros.

Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)


El TESTRA es una página oficial y legal de Internet donde cualquier ciudadano o empresa puede consultar las notificaciones relacionadas con multas que no han podido ser entregadas en su domicilio, por lo que constituye un medio oficial de publicación de los edictos de los procedimientos sancionadores dictados por cualquier Administración con competencia en materia de Tráfico: Dirección General de Tráfico, Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco, Servicio Catalán de Tráfico y ayuntamientos.

Hasta ahora la Ley establecía que las notificaciones de los procedimientos sancionadores debían practicarse en el domicilio del interesado
y que, en caso de que este estuviera ausente o fuera desconocido en el mismo, la Administración procedería a la llamada notificación edictal, que se practicaba publicando el edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del ayuntamiento. La consecuencia práctica de no estar en el domicilio cuando los servicios de correos intentaban entregar la notificación era que el procedimiento sancionador continuaba tramitándose sin que muchas veces el interesado supiera su existencia, pues prácticamente nadie consulta los medios de notificación edictal.

¿Qué es el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)?

 En TESTRA no se publican todos los procedimientos sancionadores de tráfico, solo aquellos que no han podido ser notificados en el domicilio del interesado

Desde el 25 de noviembre 2012, en TESTRA se publican las notificaciones no entregadas en el domicilio de la Dirección General de Tráfico, Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco y Servicio Catalán de Tráfico, y, a partir de esa fecha, también de los Ayuntamientos que se incorporen al sistema Nota .

 REGULACION del TESTRA

 El TESTRA se regula en los arts. 77 y 78 de la Ley de Seguridad Vial Nota, en la Orden Ministerial que lo desarrolla, y, subsidiariamente, en el art. 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

 Por otra parte, la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico, que es el lugar de Internet desde donde se accede al TESTRA, fue aprobada por Resolución de 11 de marzo de 2010 (BOE de 17 de marzo).

 ¿Cómo se consulta el TESTRA?

 El TESTRA se consulta exclusivamente en Internet, desde la página web de la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico, y también desde las páginas similares que ofrezcan el Servicio Catalán de Tráfico y el Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco. Según se vayan incorporando Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales al sistema de notificación del TESTRA, también se podrá consultar desde las páginas de información de estas Administraciones se podrá acceder al Tablón Edictal.

 La consulta de TESTRA es gratuita y no requiere disponer ni de DNI electrónico ni de certificado digital. Tampoco es necesario suscribirse para recibir avisos de publicación. Tan solo con introducir el número de DNI, de NIE, o el CIF en el buscador, el interesado conocerá los edictos que las Administraciones hayan publicado por no haber podido notificar el procedimiento en el domicilio del interesado. El edicto ofrece información legal básica sobre el procedimiento sancionador (la notificación, la resolución o el recurso), y de esta forma el interesado puede dirigirse al organismo sancionador para poder defenderse con todas las garantías.

 ¿Cuál es el funcionamiento del TESTRA?

Las notificaciones que no hayan podido ser practicadas en el domicilio del interesado se notificarán mediante publicación del correspondiente edicto en el TESTRA (art. 77.3 LSV).

El edicto estará legalmente publicado en TESTRA durante 20 días naturales (estado de vigente), y al siguiente día de finalizar este plazo la notificación se da por practicada y continúa el procedimiento.

No obstante, el edicto podrá seguir estando visible en Internet a disposición del interesado transcurrido el plazo legal de 20 días naturales, considerándose ya como “no vigente”. De esta forma, el ciudadano puede seguir teniendo conocimiento de un procedimiento sancionador, aunque el trámite de publicación legal ya se haya cumplido.

 Otros aspectos de funcionamiento son los siguientes:

 Desde TESTRA se accede a los edictos de todas las Administraciones con competencia en materia de tráfico, no es necesario acceder a varias sedes electrónicas o diarios oficiales para conocer las sanciones no notificadas en el domicilio. Una única consulta le ofrece toda la información de los edictos vigentes y de los no vigentes.

 Los edictos se publican en castellano y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente al territorio de la Administración sancionadora.

 TESTRA se publica todos los días del año y está accesible para los ciudadanos las 24 horas del día.

 Lista de excluidos

 Cualquier ciudadano puede solicitar que los datos personales contenidos en edictos en los que ha sido notificado no sean de público acceso. Utilizando certificado digital o DNI electrónico se puede dar de alta en este servicio y, desde el día siguiente, los edictos anteriores publicados y los que se pudieran publicar en un futuro impedirán ver a otras personas sus datos personales.

 Aparecer en la lista de excluidos no altera el edicto original custodiado por la DGT, y que pudieran requerir los Jueces y Tribunales, el Defensor del Pueblo, etc.

 De la misma manera que para el alta, el ciudadano puede darse de baja en la lista de excluidos en el momento que desee.

 ¿Quiénes publican edictos en TESTRA?

 La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 18/2009, de 24 de noviembre, que reforma el procedimiento sancionador y crea el TESTRA establece dos plazos básicos:

 El 25 de noviembre de 2010 están obligados a notificar en el TESTRA la Dirección General de Tráfico, el Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco y el Servicio Catalán de Tráfico aquellos procedimientos, en cualquier fase de los mismos, que son de su competencia.

 Los Ayuntamientos tienen de plazo para incorporarse al TESTRA hasta el 25 de mayo de 2012, según sus disponibilidades técnicas. El Director General de Tráfico publicará en el Boletín Oficial del Estado resoluciones por las que se incorporan Ayuntamientos al TESTRA, y el listado de estos organismos podrá consultarse en Internet.

 Publicar en el TESTRA las notificaciones que no han podido ser entregadas en el domicilio implica que las Administraciones ya no publican ni en los Boletines Oficiales ni en los tablones de edictos de los Ayuntamientos.

 ¿Qué pasa si tengo edictos publicados en TESTRA?

 El TESTRA es el medio legal de publicación de las sanciones de tráfico que no han podido ser notificadas en el domicilio, conforme al art. 78 LSV. Si el edicto publicado está vigente, significa que se está en el plazo de 20 días naturales que la ley fija para alegar, pedir pruebas, pagar, o en el plazo de un mes para interponer recurso de reposición.

 Si el edicto publicado está en estado de no vigente, significa que ya ha transcurrido el plazo legal para alegar o para recurrir, pero al menos el ciudadano tiene conocimiento de que hay un procedimiento sancionador que se le está tramitando.

 ¿Qué seguridad tienen los edictos publicados en TESTRA?

 Los edictos publicados en TESTRA tienen consideración legal de documentos electrónicos y se someten a las reglas de seguridad, a las especificaciones y a las condiciones que para este tipo de documentos establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. La Dirección General de Tráfico garantiza la autenticidad e integridad del TESTRA, aunque son las Administraciones Públicas que remiten los edictos los que son responsables de los contenidos de los edictos.

 Todas las páginas de los edictos muestran un código seguro de verificación para garantizar al ciudadano la integridad del edicto que consulta.

 ¿Hay otras alternativas para que se me notifiquen las sanciones de tráfico?

 La Dirección Electrónica Vial, junto a la tradicional notificación practicada en el domicilio del interesado, la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se reforma el procedimiento sancionador de Tráfico crea la Dirección Electrónica Vial (DEV) Nota .

 La Dirección Electrónica Vial (DEV) permite a cualquier titular de una autorización administrativa para conducir o para circular recibir desde Internet y desde el teléfono móvil no solo las notificaciones de los procedimientos sancionadores, sino también avisos y comunicaciones tales como cuándo caduca mi permiso de conducir, el seguro de mi vehículo, la ITV o conocer periódicamente mi saldo de puntos. Es el medio más cómodo y rápido de relacionarse con la Dirección General de Tráfico, e implica que toda persona dada de alta en la DEV ya no recibe notificaciones por vía postal, sino exclusivamente a través de Internet.

Tráfico: Vigencia del permiso de conducir hasta que no sea NOTIFICADA la privación del permiso

Conducción sin permiso: no haber recibido la notificación de la privación conlleva la absolución (TS, Sala Segunda, de lo Penal, 2-10-2012)

Al tiempo en que se dicta la sentencia penal de condena por conducir sin permiso el acusado no había recibido la notificación de tráfico por la que se le privaba del mismo, debiendo ser absuelto del delito 

“… De lo anteriormente expuesto, podemos inferir claramente que con fecha 26 de julio de 2011, fecha en la que se dicta la Sentencia de conformidad por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de San Bartolomé de Tirajana, hoy recurrida, el condenado Sr. Gabriel era todavía titular de su permiso de conducir ya que aún no le había sido notificada la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas de 23 de junio de 2011 que le privaba del mismo, notificación de la misma que le fue hecha por la Policía Local el 22 de agosto (a la madre del condenado que es quien la recibe), y aún en esa fecha dicha resolución no era firme ya que tenía la posibilidad el Sr. Gabriel de recurrirla en alzada ante la Dirección General de Tráfico.

Acreditado documentalmente lo anterior en la causa, procede estimar el recurso de revisión interpuesto. …”

SP/SENT/694959 – TS, Sala Segunda, de lo Penal, 721/2012, de 2 de octubre

Recurso 20607/2011. Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El día 13 de septiembre de 2011 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal escrito que presenta la representación del condenado Gabriel solicitando autorización para interponer recurso de revisión contra Sentencia de conformidad de 26 de Julio de 2011 del Juzgado de Instrucción núm. 6 de San Bartolomé de Tirajana que condenó al recurrente como autor de un delito de conducción sin licencia o permiso a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad durante 22 días, con imposición de costas.

SEGUNDO. – El Ministerio Fiscal emitió informe con fecha 3 de noviembre de 2011 en el que interesa que por la representación procesal de D. Gabriel se aporte certificación de la Jefatura Provincial de Tráfico acreditativa de la fecha en que le fue notificada al mismo la resolución de 23 de junio de 2011 que dispone: “ACUERDO: Declarar la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir de la que es titular el interesado, que no podrá conducir desde el día siguiente a la fecha de recepción del presente acuerdo, pudiendo interponerse contra el mismo recurso de alzada ante el Director General de Tráfico en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 48 , 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre “.

TERCERO.- Con fecha 28 de diciembre de 2011 esta Sala dicta Providencia pasando las actuaciones al Magistrado Ponente para resolución. Y en fecha 23 de noviembre de 2011 esta Sala vuelve a dictar Providencia solicitando se presente por la representación del recurrente certificación de la Jefatura Provincial de Tráfico acreditativa de la fecha en la que le fue notificada a su representado la resolución de 23 de junio de 2011.

CUARTO.- El Ministerio Fiscal con fecha 25 de abril de 2012 vuelve a emitir informe oponiéndose a lo solicitado.

QUINTO.- Con fecha 3 de mayo de 2012 esta Sala dicta Providencia pasando las actuaciones al Magistrado Ponente para proponer resolución, previa deliberación.

SEXTO.- Con fecha 16 demayo de 2012 esta Sala dicta Auto cuya Parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ” HA LUGAR A AUTORIZAR la interposición del recurso de revisión por el condenado Gabriel , contra la Sentencia de fecha 26 de julio de 2011 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción num. 6 de San Bartolomé de Tirajana dictada en el Juicio Rápido núm. 70/2011 .”

SÉPTIMO.- El condenado Gabriel interpone recurso de trevisición por escrito de fecha 12 de junio de 2012.

OCTAVO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto se ratificó en su informe de fecha 3 de noviembre de 2011, interesando la desestimación del recurso.

NOVENO.- Se señala el presente recurso para deliberación y fallo para el día 26 de septiembre de 2012, sin vista.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se plantea este extraordinario recurso de revisión frente a la Sentencia de conformidad de 26 de julio de 2011, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de San Bartolomé de Tirajana , que condenó al ahora recurrente en revisión como autor de un delito de conducción sin licencia o permiso a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad durante 22 días con imposición de costas

SEGUNDO.- El recurso de revisión es un recurso extraordinario en cuanto, de prosperar, supone un quebranto del principio de respeto a la cosa juzgada y a la imperiosa necesidad de certeza o seguridad en el campo del Derecho. De ahí que este instituto jurídico sólo pueda ser viable cuando se trate de sanar situaciones acreditadamente injustas en las que se evidencie, a favor del reo, la inocencia respecto al hecho que sirvió de fundamento a la Sentencia de condena y siempre que concurra alguno de los supuestos previstos en el art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Constituye, pues, un procedimiento extraordinario para rescindir sentencias firmes, que en la misma medida en que ataca la cosa juzgada, representa una medida excepcional admisible únicamente en aquellos supuestos legalmente tasados en que se ponga en evidencia la injusticia de una sentencia firme de condena . En un Estado Social y Democrático de Derecho, el valor seguridad jurídica no puede prevalecer sobre el valor justicia, determinando la inmodificabilidad de una sentencia penal de condena que se evidencia «a posteriori» como patentemente injusta, pero esta convicción no puede tampoco determinar el permanente cuestionamiento de las sentencias firmes, utilizando el cauce de la revisión para obtener una tercera instancia que valore de nuevo la prueba practicada en el juicio o la contraste con otra prueba que aporte con posterioridad el interesado , a no ser que ésta -como expresamente exige el número 4º del art. 954 de la LECrim – sea «de tal naturaleza que evidencie la inocencia del condenado».

Dicho con otras palabras, el recurso de revisión es un recurso excepcional (v. SS. de 25 de junio de 1984 , 18 de octubre de 1985 y de 30 de mayo de 1987 , entre otras muchas posteriores), al tener por objeto la revocación de sentencias firmes y atentar por ello al principio de cosa juzgada, e implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación (v. SS. de 30 de noviembre de 1981 y de 11 de junio de 1987 , entre otras). Supone, en definitiva, una derogación para el caso concreto del principio preclusivo de la cosa juzgada y persigue fundamentalmente mantener, en la medida de lo posible, el necesario equilibrio entre las exigencias de la justicia y las de la seguridad jurídica (v. STC de 18 de diciembre de 1984 ). Por todo ello, solamente cabe acudir a este remedio procesal en los supuestos expresamente previstos en el art. 954 de la LECrim , en el cuarto de los cuales se admite este recurso « cuando después de la Sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado ».

De tal manera, que solamente es posible plantear en un recurso de revisión la práctica de nuevas pruebas cuando: a) sean de posterior aparición a la fecha de la firmeza de la Sentencia que se pretende revisar, o conocidas posteriormente por el recurrente; b) se trate de pruebas inequívocamente concluyentes a los efectos de evidenciar la inocencia del condenado; c) que tales pruebas no hayan podido proponerse con anterioridad a la celebración del juicio oral, por causas que resulten de razonable apreciación.

TERCERO.- A la vista de los requisitos legales planteados, el presente caso debe ser estimado. Para ello, primeramente recordemos el supuesto que ahora se presenta ante este Tribunal Supremo:

La Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas dicta resolución de fecha 25 de abril de 2011 acordando inciar el procedimiento para declarar la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir, dando vista del expediente al titular de la misma Sr. Gabriel , para que formule alegaciones en el plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, cosa que hizo con fecha 13 de mayo de 2011.

Con fecha 23 de junio de 2011, la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas dicta resolución en la que acuerda declarar la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir de la que es titular D. Gabriel , que no podrá conducir desde el día siguiente a la fecha de recepción de tal acuerdo, pudiendo interponer contra el mismo recurso de alzada ante la Dirección General de Tráfico, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del mismo.

Con fecha 28 de julio de 2011 (dos días después de la fecha de comisión de los hechos por los que es condenado el Sr. Gabriel ) la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas remite al Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Telde (Las Palmas) oficio adjuntando la resolución recaída en el expediente de pérdida de vigencia de autorización administrativa para conducir referida a D. Gabriel , en el punto anterior referido, solicitando sea notificada la misma a dicho interesado por los Agentes de Policía a su cargo (por tanto con fecha 28 de julio expresamente reconoce la Jefatura de Tráfico que de dicho acuerdo D. Gabriel todavía no tenía conocimiento).

Figura en dicho oficio, en la parte de abajo, la notificación hecha a la madre del sancionado (Doña Cecilia) con fecha 22 de agosto de 2011.

La notificación en legal forma de la resolución de 23 de junio de 2011 que declaraba la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir del Sr. Gabriel se hizo con fecha 22 de agosto de 2011, en la misma figura expresamente “…no podrá conducir desde el día siguiente a la fecha recepción del presente acuerdo…” que sería a partir del 23 de agosto de 2011, y además no era firme ya que también incluye expresamente la posibilidad de recurrir dicho acuerdo en alzada ante la Dirección General de Tráfico en el plazo de un mes, luego el plazo de alzada sería del 23 de agosto hasta el 23 de septiembre.

CUARTO.- De lo anteriormente expuesto, podemos inferir claramente que con fecha 26 de julio de 2011, fecha en la que se dicta la Sentencia de conformidad por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de San Bartolomé de Tirajana, hoy recurrida, el condenado Sr. Gabriel era todavía titular de su permiso de conducir ya que aún no le había sido notificada la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas de 23 de junio de 2011 que le privaba del mismo, notificación de la misma que le fue hecha por la Policía Local el 22 de agosto (a la madre del condenado que es quien la recibe), y aún en esa fecha dicha resolución no era firme ya que tenía la posibilidad el Sr. Gabriel de recurrirla en alzada ante la Dirección General de Tráfico.

Acreditado documentalmente lo anterior en la causa, procede estimar el recurso de revisión interpuesto.

QUINTO.- Al proceder la estimación del recurso se declaran las costas procesales de oficio ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ).

FALLAMOS 

Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de revisión interpuesto por la representación del condenado Gabriel contra Sentencia de conformidad de fecha 26 de julio de 2011 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de San Bartolomé de Tirajana , la que se declara anulada, absolviéndose al recurrente y declarando de oficio las costas procesales ocasionadas en la presente instancia por su recurso.

Comuníquese la presente resolución al Juzgado de procedencia, interesándole acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Julian Sanchez Melgar , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

Tráfico: Las fotografías no acreditan la comisión de infracción por sobrepasar el semáforo en ámbar

Tráfico – Enero 2013

Las fotografías no acreditan la comisión de infracción por sobrepasar el semáforo en ámbar

Es claro que rebasar un semáforo en ámbar tiene los mismos efectos sancionadores que hacerlo cuando la luz está en rojo.

Como pone de relieve el comentario a la Sentencia (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Madrid, nº 34, 6-11-2012), el Ayuntamiento de Madrid, para detectar estas infracciones, ha venido utilizando desde 2009 el llamado sistema foto-rojo. Este ha dado lugar a la imposición de una gran cantidad de sanciones y, también, a la interposición de bastantes recursos en vía administrativa, puesto que, como denunció en marzo de 2010 Automovilistas Europeos Asociados (AEA), se detectaron numerosos errores de sincronía entre las cámaras que captaban las supuestas infracciones y las fases del control semafórico.

En la Sentencia de 6 de noviembre de 2012, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid anula una multa por existir dudas de que el conductor cometiese una infracción, dado que en las fotografías se visualizaba cómo pasaba en ámbar y luego cómo el semáforo estaba en rojo, por lo que podríamos estar hablando de la excepción establecida en el art. 146 c) del Reglamento General de Conductores.

SP/SENT/701051 Juzgado de lo Contencioso Administrativo Madrid, n.º 34, de 6 de noviembre de 2012

Recurso 194/2011. Ponente: MARIA DEL PILAR GARCIA RUIZ.

EXTRACTOS

Las fotografías tomadas en un semáforo, donde se ve que el vehículo pasa en fase ámbar y cuando lo supera está rojo, no son prueba suficiente para acreditar la infracción de tráfico por arrojar dudas 

“… en este caso es cierto que la denuncia se formula en función de la captación de la presunta infracción por medios mecánicos, a través de una cámara que fotografía la fase en la que se encuentra el semáforo cuando el vehículo presuntamente infractor esté a punto de rebasarlo y cuando ello ya se ha producido.

Sin embargo, el examen de las fotografías incorporadas al expediente deja suficiente lugar a dudas como para haber hecho precisa, a riesgo de indefensión del expedientado, la admisión de las pruebas cuya práctica solicitó en vía administrativa.

En efecto, las fotografías en cuestión (dos) muestran una secuencia en la que el vehículo presuntamente infractor se encuentra en una posición anterior y posterior a la línea de detención que marca el semáforo para el paso de peatones. Sin embargo, aunque es cierto que el color de la luz que aparece en las fotografías no puede ser determinante para entender cometida o no la infracción sí lo es, sin embargo, la determinación de la posición (central o en la parte superior más alta del semáforo) de la luz que se encuentra encendida en la secuencia mostrada por las fotografías. Ello es así porque la distancia que existe en la parte inferior de la luz encendida y hasta la superior del dispositivo destinado a regular el tránsito de las personas en el paso de peatones, no parece ser suficiente para albergar los espacios correspondientes a la luz ámbar y verde, como habría debido ser en el caso de que el semáforo estuviese ciertamente en fase roja, y sí sólo para la existencia de un solo espacio que sería el destinado a mostrar la luz verde que se sitúa bajo la ámbar en cada semáforo. Todo ello considerando además que la luz que aparece en el dispositivo destinado a los vehículos aparece del mismo color que la del destinado al paso de los peatones, siendo así también, al menos aparentemente, la luz que ilumina la orden para los peatones parece ser la roja de prohibición, lo que resultaría incompatible, en principio, con el semáforo en fase roja para los vehículos.

Tal duda razonable que existía en el expediente, y que esta Magistrada comparte según el razonamiento expuesto, sitúa al recurrente en una posición de indefensión -al no haberse admitido las pruebas propuestas en vía administrativa- y, por encima de ello incluso, en el caso de aplicar el principio in dubio pro reo al no considerarse suficiente la prueba de cargo existente en el expediente, todo ello considerando que la denuncia se cursó por Agente cuya observación directa de la infracción no consta, sino a partir de las repetidas fotografías.