El Pleno del CGPJ aprobó por unanimidad, en su reunión de 19 de septiembre, el informe al Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio

El informe del órgano constitucional valora de manera positiva la relevancia que la reforma da a la mediación en el Derecho de familia. Al mismo tiempo, considera que la concesión de la guarda y custodia conjunta de los menores debería quedar condicionada a que al menos uno de los progenitores solicite la aplicación de ese régimen, como acontece actualmente.

El informe valora de manera positiva la relevancia que el anteproyecto confiere a la mediación en el Derecho de familia, al regular con mayor detalle la labor mediadora en supuestos de crisis matrimonial y, en general, en los diferentes conflictos que puedan suscitarse en el ámbito familiar.

En relación con la guarda y custodia y el régimen de estancia, relación y comunicación de los padres con los hijos, el anteproyecto incorpora unos criterios legales a los que el juez deberá sujetarse para resolver respecto de esos aspectos que, en términos generales, se ajustan al criterio fijado por la doctrina jurisprudencial.

Respecto a la guarda y custodia compartida, la reforma analizada establece que podrá ser establecida por el juez sin que ninguno de los progenitores lo haya solicitado con tal que ambos pidan la custodia exclusiva para sí mismos. En la actualidad, esta posibilidad tiene un carácter excepcional según la regulación que le otorga el vigente artículo 92.8 del Código Civil.

La reforma propuesta, según criterio de este Consejo, puede originar situaciones problemáticas, difícilmente puede revertir en interés de los hijos ni servir para que los padres puedan desempeñar de mejor manera las funciones inherentes a la guarda y custodia.
 
Por el contrario, es previsible que el otorgamiento de oficio de la guarda y custodia compartida agudice las tensiones y controversias que frecuentemente pueden surgir tras la ruptura de convivencia en aspectos tan transcendentes como la educación, la vigilancia y el cuidado de los hijos.

Por todo ello, el informe considera que la concesión de la guarda y custodia conjunta debería quedar condicionada, como acontece actualmente, a que al menos uno de los progenitores solicite la aplicación de ese régimen.

Y, en lo que atañe a la incorporación al convenio regulador del denominado “plan de ejercicio de la patria potestad conjunta”, el Consejo cuestiona que se establezcan unos criterios para determinar la contribución de cada cónyuge a las cargas familiares y los alimentos (tiempo de permanencia de los hijos con los padres, capacidad económica de estos últimos, atribución de la vivienda familiar, etcétera), pues ello afecta a la autonomía de la voluntad de los intervinientes. Por tanto, el informe considera que debería mantenerse la regulación actual sobre ese aspecto, de manera que los padres puedan pactar lo que estimen pertinente sobre ese particular, salvo que lo acordado fuera perjudicial para los hijos.

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Preaviso de fin de contrato pactado y despido improcedente. Compatibilidad del cobro de dicho preaviso con la indemnización por despido disciplinario reconocida su improcedencia

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 15 de julio de 2013, recurso nº 2926/2012. Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina.

La cuestión que se plantea consiste en determinar si en un supuesto en el que la empleadora pactó con el trabajador en su contrato de trabajo que ambas partes podrían poner término a la relación laboral mediante preaviso de tres meses sustituible por compensación económica, tal compensación debería ser abonada cuando la empresa procediera al despido disciplinario del trabajador reconociendo su improcedencia y optando la empleadora por la indemnización.

SEGUNDO.- 1.- La jurisprudencia de esta Sala, como se recoge en la detallada sentencia recurrida, ha venido dando, en supuestos análogos, una respuesta acorde con la compatibilidad de la indemnización por extinción contractual derivada de despido declarado o reconocido como improcedente con la indemnización pactada en caso de falta de preaviso, advirtiendo incluso que  “si encuentra el empleador la posibilidad de eludir el cumplimiento de su obligación contractual mediante el cauce de la gratuita imputación de una causa extintiva del contrato totalmente improsperable, ya sea objetiva… o motivadora de despido disciplinario; …ello equivaldría aceptar como jurídicamente eficaz una conducta que entraña claro abuso de derecho y aún fraude de ley, conculcaciones ambas del ordenamiento terminantemente proscritas por los arts. 7.º-2 y 6.º-4 del Código Civil, de eficacia cuasiconstitucional “.

(…)
 
7.- En el mismo sentido concluyen las SSTS/IV 25-11-2008 (rcud 5057/2006 ) y 11-marzo-2013 (rcud 712/2012 ), declarando que la referida cuestión ya ” ha sido examinada y resuelta por esta Sala en sus sentencias de 7 de diciembre de 1985 , 2 de diciembre de 1989 , 12 de marzo de 1991 (Rec 709/90 ) y 19 de noviembre de 2001 (Rec 3083/00 ). En ellas se viene a concluir que la cláusula por preaviso juega cuando el empresario opta por no readmitir, momento en el que se rescinde el contrato por su voluntad y debe abonar la indemnización correspondiente, legal o pactada, y la compensación por el preaviso que se hubiese convenido. Como se dice en las dos últimas #el problema surge sobre el alcance que la convenida entre las partes ha de tener en un despido disciplinario que, por ser declarado improcedente, da lugar a la doble posibilidad de que el trabajador se reintegre a su puesto de trabajo con la percepción de salarios de tramitación o que cese en el trabajo mediante una indemnización; por ello se ha de concluir que sólo en ése último supuesto se ha prescindido de sus servicios, y en su consecuencia, sólo entonces, es aplicable la cláusula de preaviso, que al no haber sido respetada se traduce en un aumento de la indemnización acordada, igual a los salarios que se hubieran percibido durante el periodo de preaviso convenido, razones que obligan a estimar el motivo… #”. Concluyendo que ” Cual se infiere de esta doctrina, la indemnización por falta de preaviso se suma a la indemnización por la rescisión contractual, cuando habiéndose pactado en el contrato el patrono accede a la rescisión del mismo tras la declaración de improcedencia del despido “.

Pensión compensatoria. Criterios para su reconocimiento. Desequilibrio económico provocado por el fin de la convivencia

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2013, recurso nº 1044/2012. Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana. 

 

Se toma en consideración no solo el desequilibrio económico existente antes y después del matrimonio, sino otros factores como la dedicación de la esposa a la familia y, en particular, el cuidado del hijo menor de muy corta edad que va a condicionar su vida personal y profesional durante un tiempo al dejar de convivir en pareja.

 

El artículo 97 CC exige que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en un cónyuge, en relación con la posición del otro, para que surja el derecho a obtener la pensión compensatoria. En la determinación de si concurre o no el desequilibrio se deben tener en cuenta diversos factores, como ha puesto de relieve la STS 864/2010, de Pleno, de 19 enero . La pensión compensatoria -declara- “pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación. De este modo, las circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función:


a) Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias.


b) Una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones:


a) Si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria.

b) Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia.

c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal”.


Esta doctrina se ha aplicado en las sentencias posteriores 856/2011, de 24 noviembre, 720/2011, de 19 octubre, 719/2012, de 16 de noviembre y 335/2012, de 17 de mayo de 2013.

Despido objetivo, y puesta a disposición de manera simultánea de la indemnización

Uno de los defectos de forma que puede convertir el despido en improcedente es el no poner la indemnización a disposición del trabajador. Esto puede acarrear la obligación de readmitir al trabajador despedido o de indemnizarle por un importe superior a los 20 días por año trabajado.

La puesta a disposición debe realizarse de manera simultánea a la entrega de la comunicación escrita (en metálico, mediante cheque bancario o transferencia bancaria ordenada el mismo día de la entrega de la carta de despido o, en su caso, informando en la misma comunicación de cese que las cantidades se encuentran a disposición del trabajador en la empresa a partir de ese día). En caso de que el empresario no pueda hacer frente al pago de la indemnización, deberá hacer constar en la comunicación escrita su imposibilidad para poner la indemnización a disposición del trabajador por falta de liquidez.

El cobro de la indemnización no supone la aceptación del despido ni impide su impugnación posterior en el juzgado. Los errores de cálculo no conllevan la declaración de improcedencia.

Extinción del contrato por voluntad del trabajador: retraso continuado en el abono del salario (articulo 50.1b)

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 16 de julio de 2013, recurso nº 2275/2012. Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol.

 

Resolución indemnizada del contrato de trabajo por motivo del retraso en el pago de salarios. El retraso ha de ser grave, y se considera grave un promedio de 22,5 días/mes de retraso en promedio anual.

 

Extracto:

 

TERCERO.- (…) Por otro lado, la STS/IV de 22 de diciembre de 2008 (rcud. 294/2008) —citada por las anteriores y designada de contraste—, tras una exposición de la evolución de la jurisprudencia de esta Sala en materia de resolución del contrato de trabajo por la causa prevista en el apartado b) del art. 50 ET , y siguiendo la línea jurisprudencial que en la misma se marca aplicada al caso allí enjuiciado, señala que “nos encontramos con una situación en la que objetivamente y con independencia de que la empresa se encuentra en concurso, existen unos retrasos en el pago de los salarios del trabajador demandante que tienen gravedad suficiente para constituir la causa de extinción del contrato de trabajo postulada al amparo de lo establecido en el artículo 50.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, puesto que son continuados, persistentes en el tiempo y cuantitativamente importantes, desde el momento en que en 336 días alcanzaron un promedio de retraso de 11,20 días.


Como antes se dijo, en esa jurisprudencia unificada, en la que se fija la línea “objetiva” en el análisis del incumplimiento empresarial examinado, se ha negado que las dificultades económicas, la situación de concurso, constituya un factor que module esa situación de impago constatada, hasta el punto de entender, como razona la sentencia recurrida, que esa situación priva del requisito de “gravedad” a la conducta empresarial, solución ésta que, en consecuencia, se muestra como no ajustada a derecho y ha de ser revocada con la estimación del presente recurso de casación para la unificación de doctrina.


La consecuencia legal prevista en el ámbito de las indemnizaciones ante ese incumplimiento empresarial no puede ser otra que la específicamente prevista en el número 2 del artículo 50, en relación con el 56.1 a) del Estatuto de los Trabajadores, esto es, 45 días por año de antigüedad, con el límite previsto en dicho precepto”.

2.- Doctrina de aplicación al supuesto ahora enjuiciado, por razones de seguridad jurídica, al constar acreditado que, como queda dicho, según el cuadro recogido en el hecho probado segundo que comprende del mes de octubre 2010 al mes de diciembre de 2011, la empresa ha venido abonando a la actora el salario con el retraso que allí se constata que da un promedio anual alrededor de 22,5 días /mes de retraso.
Resulta por cuanto antecede evidente en el caso, la gravedad requerida por la doctrina transcrita: Se producen retrasos en el pago, durante un largo espacio de tiempo, superándose con creces los porcentajes fijados en la sentencia designada de contraste, que ha de entenderse contiene la buena doctrina. Situación que adquiere una especial gravedad cuando ha de presumirse que el salario es la fuente principal por la que el trabajador satisface sus necesidades; y sin que a ello obste la notoria existencia de una situación de crisis generalizada en la economía española -a la que se refiere la sentencia recurrida-, pues ello a su vez tiene la consecuencia de agravar la situación económica de la trabajadora.

Vulneración de la garantía de indemnidad. Trabajadora con contratos temporales prorrogados que reclama que la relación laboral era indefinida y en represalia ve extinguido su contrato.

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 5 de julio de 2013, recurso nº 1374/2012. Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Souto Prieto.

 

La cuestión controvertida consiste en determinar si ha existido vulneración de la garantía de indemnidad en un supuesto de contratación temporal de trabajadora con prestación de servicios no asociada al objeto del contrato, que es cesada tras haber reclamado contra la administración la relación laboral indefinida.

 

Extracto:

 

SEGUNDO.- (…) Pero para que opere el desplazamiento al empresario del «onus probandi» no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de indicio que «debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla [la vulneración constitucional] se haya producido», que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una «prueba verosímil» o «principio de prueba» revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008, de 21/Julio, FJ 3 ; 125/2008, de 20/Octubre ; y 2/2009, de 12/Enero , FJ 3. Y SSTS 14/04/11 –rco 164/10 -; 25/06/12 -rcud 2370/11 -; y 13/11/12 -rcud 3781/11 -). Y presente la prueba indiciaria, «el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales» (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007, de 10/Septiembre, FJ 4 ; 257/2007, de 17/Diciembre, FJ 4 ; y 74/2008, de 23/Junio , FJ 2); «en lo que constituye … una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria» (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre, FJ 6 EPV ; 125/2008, de 20/Octubre ; y 92/2009, de 20/Abril , FJ 7).

 

La Administración recurrente, ciñéndose a la cuestión de si hubo o no vulneración de la garantía de indemnidad, admite que la trabajadora ha acreditado indicios suficientes para producir el desplazamiento a la Administración empresaria de la carga de probar que, no obstante esa apariencia o sospecha de vulneración la referida garantía, el cese se produjo por motivos legítimos y ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales. Pero lo cierto es que no ofrece ninguno en sentido positivo, como sería combatir la indefinición del vínculo contractual mediante la prueba de la causa de su temporalidad, o que existiese completa desconexión temporal entre el ejercicio por la trabajadora de la acción reclamando la declaración de relación laboral indefinida y el cese acordado por la Administración empleadora. Por el contrario, se limita a alegar, a modo de coartada, un hecho negativo: falta de conocimiento de la indicada reclamación de la trabajadora a fecha 22 de noviembre de 2010, cuando tuvo lugar la comunicación de que su contrato terminaría el 31 de diciembre siguiente; pero sin apoyatura alguna, ya que el ordinal cuarto de “probados” de la sentencia recurrida afirma que tal reclamación previa se presentó el 12 de noviembre de 2010.

IBI en los arrendamientos, repercusión y plazo de prescripción

La resolución del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2007, ya había fijado doctrina jurisprudencial en el sentido de integrar el importe del IBI en el concepto de cantidades asimiladas a la renta y de la resolución del contrato ante su impago. Pues bien, esto implica que no es exigible para que nazca la obligación del arrendatario que el arrendador efectúe una manifestación de voluntad de repercutir este impuesto, pues existe la misma en la medida en que la Ley impone el pago de las cantidades asimiladas a la renta. Bastará, por tanto, con que el arrendador reclame el IBI sin requerimiento previo.

 

La mencionada obligación de pagar el IBI por el arrendatario, solo es de aplicación en los contratos anteriores al 9 de mayo 1985 (fecha de entrada en vigor del RDL 2/1985), pues así lo establece el apdo. 10.2 de la Disposición Transitoria Segunda de la LAU 29/1994.

 

Los contratos posteriores a dicha fecha estarán exclusivamente a lo que hayan convenido las partes, a tenor de lo dispuesto en el art. 9 del citado RDL 2/85 y de lo establecido en el art. 20.1 de la misma LAU.

 

En la nueva reforma de la Ley 4/2013, se habilita asimismo la posibilidad de pacto para repercutir, entre otros conceptos, los “tributos”, pero que a falta del mismo no hay obligación para el arrendatario.

 

Por otro lado, en cuanto a la prescripción para reclamar cualquier cantidad complementaria y distinta a la propia renta, la Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 295/2013, de 22 de abril. deja claro el plazo de prescripción – manteniendo la línea de anteriores resoluciones- no es otro que los cinco años que determina el art. 1.966.3 del Código Civil (“cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o plazos más breves“), es decir, igual que la propia renta (punto 2 del mismo precepto), pues es un concepto más que puede gravar el importe de los arrendamientos urbanos.

 

Extracto TS, Sala Primera, de lo Civil, 295/2013, de 22 de abril.

Recurso 2059/2010. Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS.

 

 

TERCERO.- Doctrina jurisprudencial sobre el impago por el arrendatario del Impuesto de Bienes Inmuebles. Plazo de prescripción para la reclamación de cuotas de IBI.

 

  1. La sentencia recurrida -que expresamente declara que acoge los razonamientos y el fallo de la sentencia de primera instancia por considerarlos acertados y pertinentes exceptuando el pronunciamiento sobre costas- ha desestimado las acciones de resolución del contrato de arrendamiento por falta de pago del IBI y de reclamación del importe del IBI, por entender que aunque es exigible el IBI al arrendatario en los contratos de arrendamiento de vivienda concertados antes de la vigente LAU, la acción para reclamarlo estaría prescrita al haber transcurrido el plazo de 5 años prevenido por el artículo 1966.3.ª CC referido a los pagos que deban hacerse por años o períodos más breves, toda vez que la STS de 12 de enero de 2007 deja claro que el referido tributo constituye una obligación de periodicidad anual y cuyo carácter periódico comporta su necesaria asimilación a la obligación también periódica de pago de la renta de manera que su impago faculta al arrendador para instar la resolución del contrato.

 

La recurrente por el contrario discrepa de tal argumentación y estima que el IBI no es propiamente renta sino cantidad asimilada a la renta, por lo que no se le puede aplicar el plazo prescriptivo del artículo 1966.2.ª CC . Añade que no es una obligación esencial, sino una obligación accesoria a la principal del arrendatario de pago mensual de la renta, por lo que tampoco puede aplicársele el plazo de prescripción del artículo 1966.3.ª CC previsto para las obligaciones principales y no para las obligaciones accesorias. Tampoco cabe entender, según dice, que la repercusión que la parte arrendadora hace a la parte arrendataria de las cantidades satisfechas en concepto de IBI pueda tener encaje en el artículo 1966.3.ª CC referido a obligaciones civiles de vencimiento periódico dado que: (a) no se trata de créditos de obligaciones periódicas, (b) estamos ante obligaciones de naturaleza pública derivadas del derecho de propiedad que carecen civilmente de un plazo especial de prescripción establecido, (c) el IBI no es propiamente una renta, sino que es cantidad asimilada a renta a efectos resolutorios, (d) en el tema del IBI existen dos clases de obligaciones: una obligación pública-administrativa-fiscal, que existe entre la Administración y la parte arrendadora y sometida a normativa administrativa, cuyo devengo es periódico y una obligación privada-civil existente entre las partes arrendadora y arrendataria derivada de un contrato de arrendamiento libremente pactado, cuyo vencimiento no necesariamente es periódico, de ahí que no pueda confundirse la periodicidad del devengo del tributo con la periodicidad del plazo de vencimiento, máxime cuando no se halla establecido en ningún sitio el plazo de vencimiento, siendo ante tal ausencia aplicable el artículo 1964 CC .

 

En consecuencia, la cuestión jurídica que plantea el recurso se centra en el plazo de prescripción aplicable para reclamar las cuotas de IBI, para lo cual nos hemos de regir por las normas generales de nuestro CC sobre la materia, como así lo expone la Disposición Adicional Décima de la vigente LAU que determina que los derechos contemplados en ella prescribirán cuando no exista plazo específico de acuerdo con el régimen general establecido en el Código Civil. Existe doctrina discrepante en las Audiencias Provinciales, dado que algunas se inclinan por el término general de prescripción de quince años del artículo 1964 , en cuanto acción personal que no tiene señalado un término específico de prescripción ( SSAP de Madrid, Sección 21.ª de 29 de enero de 2002 y 11 de diciembre de 2001 ); sin embargo, otras se decantan por el de cinco años, prevenido por el artículo 1966.3.ª, referido a los pagos que deban hacerse por años o períodos más breves ( SSAP de Cantabria, Sección 1.ª de 14 de enero de 2002 y 30 de abril de 2003 . De ahí que resulte patente la concurrencia de interés casacional en el presente recurso en los términos previstos por el legislador en el artículo 477.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , por la que se rige el presente recurso, así como la función atribuida a esta Sala de sentar doctrina unificadora sobre la materia.

 

  1. La STS del Pleno, 12 de enero de 2007, RC n.º 2458/2002 declaró que « Cuando la causa 1ª del artículo 114 se refiere a cantidades asimiladas a la renta está aludiendo a aquéllas cuyo pago ha de asumir el arrendatario por mandato legal, empleando una fórmula abierta que ha de ser completada con las que en cada momento establezca la legislación aplicable. Si bajo la vigencia del texto refundido de 1964 eran, en determinados supuestos, las correspondientes a diferencias en el coste de servicios y suministros y las derivadas de la repercusión del importe de las obras realizadas por el arrendador, ahora la consideración del texto de la nueva Ley lleva a estimar que esta nueva obligación del arrendatario de satisfacer el importe del IBI ha de merecer igual consideración, de forma que su impago -en cuanto supone el incumplimiento de una obligación dineraria añadida a la esencial de abono de la renta- faculta al arrendador para instar la resolución del contrato. Lo contrario supondría forzar a dicho arrendador a emprender anualmente el ejercicio de una acción de reclamación contra el arrendatario incumplidor de una obligación de periodicidad anual de la que ha de responder mientras el contrato esté vigente, cuyo carácter periódico comporta su necesaria asimilación a estos efectos a la obligación, también periódica, de pago de la renta .» y fijó como doctrina jurisprudencial «que el impago por el arrendatario del Impuesto de Bienes Inmuebles y de la repercusión por el coste de los servicios y suministros, en arrendamientos de vivienda existentes en el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994, ha de considerarse como causa de resolución comprendida en el artículo 114-1ª del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 » . De esta doctrina se desprende que la integración del importe del IBI en el concepto de cantidades asimiladas a la renta -a las que se refiere el artículo 114.1 LAU 1964 -, producida con la entrada en vigor de la LAU 1994, implica que no es exigible para que nazca la obligación del arrendatario que el arrendador efectúe una manifestación de voluntad de repercutir el IBI al arrendatario, pues existe la obligación del arrendatario en la medida en que la Ley impone el pago de las cantidades asimiladas a la renta. Basta con que el arrendador reclame el IBI al arrendatario, quien tendrá la obligación de asumir su pago salvo que haya operado la prescripción y esta sea alegada.

 

  1. Y esto último es lo que se plantea en el caso que nos ocupa en el que con fundamento en el impago del IBI se reclama la resolución del contrato de arrendamiento celebrado en 1967 y el importe derivado del mismo que asciende a 1 584,54 euros y que se corresponde con el IBI del periodo comprendido entre el año 1996 y el 2003, ya que a partir del año 2004 se ha hecho efectivo su pago.

     

La interpretación que ampara la parte recurrente en algunas sentencias de Audiencias Provinciales que mantienen que el arrendador cuenta con el plazo de prescripción de las acciones personales del artículo 1964 CC para reclamar el IBI al inquilino choca con lo dispuesto en la STS de 12 de enero de 2007 y otras que siguen la línea establecida por aquella, toda vez que calificada la obligación de pagar el IBI como una obligación dineraria, de periodicidad anual, cuyo carácter periódico comporta su asimilación a la obligación, también periódica, de pago de la renta, el plazo de prescripción será de cinco años ( artículo 1966.3ª CC ) por ser pago periódico. Corrobora esta postura el hecho de que se trate de un tributo que va a gravar el inmueble durante todos los ejercicios fiscales, de tal suerte que al fin y a la postre deberá satisfacerse de forma anual. Esta interpretación se acerca más a los términos de prescripción contemplados dentro del propio ámbito fiscal, siendo un contrasentido que la Administración pueda reclamar al propietario ese tributo durante un periodo de tiempo mucho más breve de lo que ese mismo deudor tributario puede posteriormente repercutirlo a un tercero, acomodándose también más a los propios términos que rigen respecto de la renta. Además este término más reducido igualmente propicia evitar situaciones de abuso, desde el momento en que al admitir el desahucio por el impago de estas cantidades podría contribuir a que se pudieran producir grandes cúmulos de recibos que dificultaran notablemente la posibilidad del inquilino a efectuar su pago. En consecuencia, el motivo único del recurso debe ser desestimado.

Según Consulta Dirección General de Tributos: el recurso de apelación en nombre de dos codemandados, solo devenga una tasa.

La Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos V1999-13, de 14 de junio, señala que, si se interpone un recurso de apelación contra una sentencia, se produce un supuesto de realización del hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, conforme a la letra e) del art. 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

Sin embargo, la actividad jurisdiccional a desarrollar es única, tramitándose en un solo procedimiento y, en consecuencia, solo será exigible una tasa, con independencia de que resulten obligados a su pago quien o quienes adquieran la condición de sujeto pasivo al promover dicha actividad (art. 3.1 de la Ley).