GUIA SOBRE PENSION DE VIUDEDAD

Causantes / requisitos

El causante deberá ser persona integrada en el Régimen General de Seguridad Social, afiliadas y en ALTA o en situación asimilada a la de alta, que reúnan el período mínimo de cotización exigido de:

a) 500 días, si el fallecimiento es debido a enfermedad común: 500 días dentro de un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar, si el causante se encontrase en situación de alta o asimilada sin obligación de cotizar.

b) Si el fallecimiento es debido a accidente, sea o no de trabajo, o a enfermedad profesional no se exige período previo de cotización.

Las personas que, en la fecha del fallecimiento, “no se encuentren” en alta o en situación asimilada a la de alta, causarán derecho a pensión siempre que reúnan un período mínimo de cotización de 15 años. En ningún caso, se tendrá derecho al cobro de cantidades correspondientes a ejercicios anteriores a 1-1-99.

Beneficiarios / requisitos

Además de los requisitos generales (afiliación, alta y cotización) exigidos al causante en cada situación, para acceder a la pensión de viudedad, los beneficiarios deben acreditar otros requisitos específicos en determinadas circunstancias. Sigue leyendo

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas: primer análisis del Tribunal Supremo y Fiscalía General del Estado

La novedad que ha supuesto en el ámbito penal la introducción de tipos específicos para las personas jurídicas (empresas y sociedades) va siguiendo su curso lógico y han aparecido, pocos meses después de su entrada en vigor, las primeras posiciones jurídicas en cuanto a la aplicación práctica de los supuestos que contempla el Código Penal. El pasado 29 de febrero, el Tribunal Supremo emitió una Sentencia relativa al análisis de diversos supuestos delictivos en los que, además de las personas físicas involucradas, se hizo uso de sociedades mercantiles instrumentales para llevar a cabo los mismos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha publicado la primera (y esperada) circular al respecto de la modificación del Código Penal en la que se analiza, entre otros, los requisitos de los modelos de gestión (corporate compliance o prevención de riesgos penales) que deben adoptar las empresas para eximirse de la acción penal que se derive de las personas que tenga a su cargo, o que actúen en su beneficio   Ambos documentos abren diversas e interesantes cuestiones en el ámbito jurídico práctico.

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INCAPACIDAD TEMPORAL

Concepto: La incapacidad temporal es la situación de pérdida de la capacidad laboral por una alteración de la salud merapoliza-baja-enfermdadmente transitoria para el desarrollo de la prestación de servicios. La IT cubre la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador no puede temporalmente trabajar y necesita asistencia de la Seguridad Social.

Duración: 365 dias prorrogables por otros 180 días si se prevee que el trabajador puede darse de alta por curación.

Cuantía de la Prestación

Si es enfermedad común o accidente no laboral:

  • Los 3 primeros días de la baja NO se cobra nada, salvo que el Convenio de aplicación digalo contrario.
  • Del4 al 15 se percibe el 60% de la base reguladora por IT. A cargo del empresario.
  • Del día 16 hasta el 20 el 75% de la base reguladora por IT. A cargo del INSS o la MUTUA.
  • Y desde el 21 se percibe el 75% de la base reguladora por IT.

Si es accidente de trabajo o enfermedad profesional:

Desde el día siguiente de la baja, el 75% de la base reguladora por contingencias profesionales. A cargo del INSS o la MUTUA desde el primer día. Sigue leyendo

Recuperar la vivienda alquilada por necesidad sobrevenida, ¿cuándo es posible?

Uno de los mayores temores de los arrendadores de vivienda al sacar un piso al mercado de alquiler, además de los riesgos del impago, es la imposibilidad de recuperar su posesión si surge un imprevisto, hasta que haya finalizado el periodo total que se pactó en el contrato. La normativa reguladora de los arrendamientos urbanos prevé determinados supuestos en los que el arrendador puede recuperar la vivienda que alquiló, en principio para sí mismo, pero también para cubrir las necesidades de determinados familiares del propietario. ¿Qué supuestos existen y a quién protegen exactamente?

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IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS- QUE NO CONSTAN EN EL ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA DE JUNTA. Código Civil Catalán

Están legitimados los propietarios que se hallan al corriente de pago de sus obligaciones para con la comunidad de propietarios de conformidad con el apartado d) del artículo 553-21 C.C.C.

  1. d) La lista de los propietarios con deudas pendientes con la comunidad por razón de las cuotas, los cuales, de conformidad con el artículo 553-24, tienen voz pero no tienen derecho de voto, de todo lo cual es preciso advertir.

Si en la convocatoria no constan en el orden del día uno de los asuntos, adolece de un defecto formal que conlleva la nulidad radical del acuerdo adoptado por la junta, al haberse omitido dentro del ORDEN DEL DIA, circunstancia que expresamente recoge el artículo mencionado, en su apartado 4 a).

En cuanto a la importancia del orden del día, la jurisprudencia ha manifestado que se requiere la mayor claridad y concisión oportunas debiendo huir de términos genéricos o vagos, de suerte que pueda incluirse prácticamente cualquier tema en el debate de la junta. En este sentido, es el orden del día el que marca el debate y la adopción válida de acuerdos. Por consiguiente, existiendo divergencia entre el orden del día y los acuerdos adoptados, se ha de penalizar con la nulidad, el acuerdo adoptado que no conste. Sigue leyendo

Las arras

Las arras son una cláusula especial incluida por las partes en el contrato de compraventa, que tienen distinta función según se trate de arras confirmatorias o arras penitenciales.arras

 Las arras confirmatorias suponen una SEÑAL de la intención de los contratantes de consumar y perfeccionar el contrato, implican el inicio del cumplimiento y ejecución de la operación, por medio de una cantidad entregada a cuenta que se descontará del precio final. Generalmente, dentro de esta categoría de arras confirmatorias suele distinguirse entre arras confirmatorias puras y arras confirmatorias penales.

  1.  Las arras confirmatorias puras son las normalmente utilizadas como prueba del contrato, señal de la perfección del mismo y del comienzo de su ejecución. Suelen identificarse con el pago anticipado a cuenta del comprador, puesto que suponen la entrega de una cantidad como señal que, posteriormente, será deducida del precio final. No supone la resolución del contrato de compraventa, y en caso de incumplimiento se ha de recurrir al artículo 1.124 CC.
  2. Las arras confirmatorias penales tienen como finalidad, además de servir de prueba de la perfección del contrato, establecer una garantía del cumplimiento del mismo mediante su pérdida o devolución doblada en caso de incumplimiento., según se haya pactado. El hecho de existir unas arras penales no exime del cumplimiento de la compraventa y de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios en su caso.  (es una manera de limitar la indemnización por daños y perjuicios)
  3. Las arras penitenciales tienen la función de permitir la retractación de las partes y posibilitan la rescisión contractual, según se indica en el artículo 1.454 del Código Civil. Es un medio lícito de desistir del contrato bajo la condición de su pérdida para el comprador o la restitución del doble de su valor, si el que desiste es el vendedor.

 La cuestión que se plantea en estos casos es averiguar cuál fue la intención de las partes con las arras y deducir si se trata de arras confirmatorias o arras penitenciales. En general, la doctrina y la jurisprudencia han venido entendiendo que, a falta de indicación expresa de las partes, la entrega de arras tiene una función confirmatoria pura a modo de señal y entrega a cuenta del precio final, y sólo cumplirá la función penitencial cuando así expresamente se hubiera hecho constar por las partes.

El Descanso de bocadillo

La normativa laboral también establece que siempre que la duración de la jornada diaria cbocadilloontinuada exceda de 6 horas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma, de duración no inferior a 15 minutos. Este período de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo.

Tiene que haber una jornada de más de 6 horas seguidas para que se tenga derecho al descanso. Si dura menos la jornada y el convenio colectivo no regula nada al respecto, no hay derecho a descanso.  La duración será como mínimo de 15 minutos, ya que por convenio colectivo se podrá negociar una duración algo mayor.

El derecho a descanso durante la jornada es, por tanto, un derecho reconocido en el propio Estatuto de los Trabajadores que no queda a la decisión de la empresa el concederlo o no.

Se considera recuperable en la jornada, salvo que el convenio colectivo establezca que es tiempo de trabajo efectivo. Por tanto si el convenio fija los 15 minutos de bocadillo o café como de trabajo efectivo, son 15 minutos retribuidos. Si en cambio el convenio no dice que sea descanso de trabajo efectivo, en ese caso se tiene derecho igualmente al descanso de bocadillo pero la jornada se ampliará en los minutos que ha durado dicho descanso. Sigue leyendo

Diferencia entre precario y comodato.

casaCon respecto a viviendas, es bastante habitual encontrarse con éstas dos figuras jurídicas, que se acuerdan frecuentemente de forma verbal, así que dependerá de las pruebas que se practiquen, el que estemos ante un precario o un comodato.

Vivienda cedida en precario:

Estaremos frente a un precario, cuando el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca, cede el uso de la vivienda a otra persona (llamada precarista) para que la use sin más, sin contrato alguno y sin pagar renta. Esta situación suele darse con relativa frecuencia cuando los propietarios entregan la vivienda a un familiar, amigo o conocido, y también cuando el que la ocupa es un extraño al dueño que lleva viviendo gratis y sin contrato por cualquier circunstancia o que tenía un título extinguido que ya ha perdido su eficacia. Sigue leyendo

Querella contra empresas (II): intervención de la Administración Pública

La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la última reforma del Código Penal, así como las consecuente aparición de los servicios jurídicos de corporate compliance para las empresas han abierto, a falta de pronunciación por parte de la Fiscalía General del Estado, interesantes planteamientos teóricos en su aplicación. Como ya hemos visto anteriormente en este mismo blog se abre la puerta a las querellas criminales dirigidas directamente contra las personas jurídicas, totalmente independientes a los procedimientos que eventualmente se puedan dirigir contra sus administradores por los mismos motivos, y con evidentes ventajas para el querellante, como la exención respecto a la identificación de la concreta persona física causante de la infracción penal (artículo 31 ter), lo que suponía en la práctica el mayor escollo para la interposición de la querella. Esta nueva figura nos plantea, sin embargo, una interesante cuestión respecto a los sujetos pasivos: ¿Qué efectos tendría la interposición de una querella contra una persona jurídica en la que tiene participación societaria una administración pública?

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TRAMITES PARA ALTA DE EMPLEADA DE HOGAR EN LA SEGURIDAD SOCIAL

  1. Templeadas-de-hogarRAMITES

El empleador/a debe presentar:

  • TA 6 (Solicitud de INSCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR en el sistema de seguridad social). Es importante aportar los datos del empleador, entre ellos cuenta bancaria en la que se van a domiciliar los pagos a la S.S.
  • Impreso TA7 (Solicitud de ALTA, baja y variación de datos de cuenta de cotización)
  • Impreso TA.2/S-0138 (Solicitud de alta, baja o variación de datos del trabajador/a por cuenta ajena en el Régimen General Sistema Especial para empleados/as de Hogar) Este es el formulario con el que se completa el alta del empleado en la Seguridad Social. Aquí se incluyen los datos del empleado, del empleador, el tipo de contrato y las horas semanales así como el salario mensual. En función de estos datos después se calcula la cuota que se debe pagar a la seguridad social y que pagará el empleador.

 

  1. COSTE
El tipo de cotización por contingencias comunes será el 24,70%; siendo el 20,60% a cargo del empleador y el 4,10% a cargo del empleado. Para la cotización por contingencias profesionales se aplicará el 1,10%; a cargo exclusivo del empleador.

En función del salario se aplica una base de cotización, según tabla publicada para el año 2015 Tabla de cotizaciones  Sigue leyendo

El cómputo de tiempo de desplazamiento para el personal de seguridad privada: nueva Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa

Los vigilantes de seguridad, y en general el personal del sector de la seguridad privada, no suelen disponer de un centro de trabajo fijo por la naturaleza de las labores que desempeñan. Existe en el sector una gran movilidad, que a veces comporta el cambio de lugar de trabajo durante la jornada laboral, sobretodo cuando se realizan funciones de transporte de fondos o en lo servicios de vigilancia dinámica en polígonos industriales o zonas residenciales privadas. El tiempo de traslado por parte del trabajador de un lugar a otro es computado por las empresas de seguridad de forma muy diferente, lo que ha llevado tradicionalmente a controversias entre el vigilante y su empresa en las cuestiones relativas al cómputo de horas efectivas de trabajo y, en caso de accidente laboral, a la aceptación de la responsabilidad por parte de la mutua laboral de los supuestos de in itinere. El Tribunal de Justícia de la Unión Europea se ha pronunciado finalmente al respecto, emitiendo una reciente sentencia que fija las bases para la resolución de estos conflictos. A partir de ahora, ¿cómo se computa el “tiempo de trabajo” en los desplazamientos diarios al centro de trabajo de los clientes?

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Ruptura de pareja: extinción del condominio de la vivienda 

SubsidioVivienda_2La vivienda tiene un valor mínimo (que corresponde con el valor catastral ), y se ha de tener en cuenta la hipoteca que queda por pagar. De esta forma, si el valor del bien inmueble es de 50.000 euros y la deuda es de 25.000 euros, por tanto quién se adjudique la vivienda deberá de compensar al que transmite con 12.500 euros.

Debemos tener en cuenta los siguientes puntos, que son de aplicación tanto si las partes son cónyuges o pareja de hecho.

1.- La vivienda se considera un bien indivisible por lo que se debe de proceder a extinguir el condominio existente entre los cónyuges. Es decir, se produce una transmisión de uno de los ex cónyuges al otro en su 50% del bien.

2.- Si hay acuerdo entre las partes, la extinción del condominio y adjudicación a uno de ellos, se puede hacer en documento privado, si bien luego debe de elevarse en escritura pública porque ha de inscribirse en el Registro de la propiedad. Aunque también puede realizarse judicialmente, y obtener Sentencia Judicial, directamente inscribible en el Registro de la Propiedad. Sigue leyendo

Opción del arrendador de recuperar la vivienda

La recuperación del inmueble por el arrendador, para destinarlo a vivienda permanente en determinados supuestos, que requiere que hubiera transcurrido al menos el primer año de duración del contrato, sin necesidad de previsión expresa en el contrato de arrendamiento”.

shutterstock_81526456La regulación actual (Ley 4/2013) en el art. 9.3 LAU, establece que: “No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, el arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. La referida comunicación deberá realizarse al arrendatario al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto. Sigue leyendo

Paralizar el desahucio por impago de alquiler: aplicación de la nueva Ley de emergencia en el ámbito de la vivienda

La entrada en vigor, el pasado 6 de agosto de 2015, de la nueva Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, abre la puerta en Cataluña a la paralización de los procesos de desahucio por impago de las rentas de alquiler cuando los arrendatarios se encuentran en situación de emergencia habitacional. La aprobación de esta normativa obedece, como se indica en su propio preámbulo, a la situación de emergencia social que se vive especialmente en el ámbito de la vivienda. Pero, ¿qué requisitos son necesarios para acogerse a esta ley? y ¿qué efectos tiene su aplicación?

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Querella contra empresas: aplicación de la reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015 introdujo el concepto de  responsabilidad penal de las personas jurídicas.  En esta ocasión (tras una primera introducción a título nominal en la reforma del 2010) se ha configurado un sistema completo, con una lista numerus clausus de infracciones penales que pueden ser cometidas por las personas jurídicas, de manera totalmente independiente a la responsabilidad que la misma acción produce en las personas físicas. Esta reforma abre la puerta a una serie de conceptos jurídicos nuevos, que interrelacionan el clásico derecho laboral de empresa con el derecho penal, en los servicios de asesoramiento corporate compliance prevención de riesgos penales. Dentro de las labores de defensa de los intereses de las empresas, se abre la puerta con esta modificación a un concepto inédito en el derecho español: las querellas penales contra personas jurídicas.

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Despenalización de las faltas con la entrada en vigor del nuevo código penal

Los accidentes de tráfico hasta ahora se venían tramitando como un juicio de faltas, donde se trataba la responsabilidad penal del causante del accidente, y la posible responsabilidad civil que reclamaba la víctima derivada de sus lesiones.

Para estabasdlecer el alcance de las lesiones, la víctima podía solicitar un informe pericial del médico forense del Juzgado, que establecía de forma totalmente imparcial (y gratuita) dicho alcance y cuánto es lo que podía reclamar.

Este tipo de asuntos, en su mayor parte, terminaba con un acuerdo entre la compañía de seguros del vehículo culpable del accidente y el denunciante (la víctima), puesto que la compañía le ofrecía la cantidad establecida por el médico forense en su informe y normalmente el lesionado aceptaba. Cuando no existía acuerdo entre las partes, se celebraba un juicio de faltas, al cual denunciante y denunciado podían acudir con los medios de prueba que consideraran oportunos y todo terminaba con una sentencia que establecía si existía responsabilidad penal o no por parte del causante del accidente y en su caso, si existía responsabilidad civil por lesiones, el alcance de la misma, basada principalmente en el informe del médico forense, en el cual el Juez podía depositar toda su confianza, por tratarse precisamente de un informe imparcial. Sigue leyendo

Sanción al trabajador como represalia: la garantía de indemnidad

En el panorama laboral de nuestro país es por desgracia habitual que las reclamaciones que hace el trabajador en su empresa para mejorar sus condiciones laborales o salariales, o exigir el cumplimiento de las que ya existen por vía extrajudicial o judicial, tengan como consecuencia represalias por parte de la empresa, en forma de cambio de condiciones de trabajo, sanciones y, en el peor de los caos, el despido. La empresa suele “disfrazar” estas medidas sancionadoras, justificándolas como modificaciones motivadas en cambios de estrategia empresarial, y en el caso de las sanciones, inventando o exagerando los hechos para poder sancionar o despedir al trabajador sin tener que indemnizarlo. El trabajador está protegido por estos ataques por lo que la doctrina ha llamado la Garantía de Indemnidad. Pero, ¿cómo se configura este derecho y qué efectos tiene?

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Audiencia Previa: ¿Los hechos no controvertidos son hechos probados?

La Audiencia Previa es un trámite obligatorio en el iter de los juicios ordinarios. En este paso previo a la celebración del juicio, regulado en el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,  se determinan las cuestiones procesales que serán objeto del proceso, es decir, sobre las que las partes que concurren en el proceso tienen discrepancias.  Será por tanto al finalizar el procedimiento, con la Sentencia, cuando el órgano jurisdiccional aportará su propia valoración, pero sólo sobre los hechos controvertidos. Por tanto, ¿Los hechos que no se discuten en la audiencia previa, y por tanto no controvertidos, tienen consideración de hechos probados? y en consecuencia ¿está el Juez obligado a tenerlos en cuenta en la sentencia?

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Prestación por desempleo vs Límite del 75% del Salario Mínimo Interprofesional

El artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio) establece un límite para la obtención del subsidio de desempleo: la carencia de rentas de cualquier naturaleza que superen, en cómputo mensual, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. En la práctica supone un impedimento que tiene una doble vertiente:  la denegación directa por parte de la Administración el momento de solicitar la prestación, o bien (y mucho más peligrosa) la reclamación posterior de las prestaciones por desempleo cobradas. Pero, ¿cómo se valora dentro del límite legal la existencia de cargas familiares? ¿cómo se acreditan los rendimientos del capital mobiliario a mitad del ejercicio fiscal a los efectos de solicitud de la prestación?

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Facultad de concreción horaria en jornada reducida por cuidado de hijo

El trabajador tiene derecho no sólo la reducción de su jornada, sino también el derecho a su concreción horaria , es decir, que constituye facultad del mismo elegir el horario en el que se desarrollará sus servicios dentro de la jornada ordinaria, todo ello con la finalidad de que puedareloj-7 conciliar la vida familiar y laboral y, en definitiva, que quede debidamente atendido el hijo menor, sin que expresamente se haya establecido por el legislador en principio ningún límite en el ejercicio de dicha facultad, si bien; la posibilidad de que se oponga el empresario a la solicitud del trabajador si ha sido prevista al indicarse en el último párrafo del apartado 6 del art. 37 del E.T. que las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute serán resueltos por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el art. 138 bis de la LRJS, y en cualquier caso dicha facultad o derecho lógicamente debe ejercitarse conforme a las exigencias derivadas del principio de buena fe que rigen las relaciones jurídicas contractuales (art. 7 del Código Civil), y especialmente la relación jurídica laboral (art. 5 a) y 20.2 del E.T.), de manera que puede concluirse que su ejercicio será abusivo o contrario a tales exigencias derivadas del principio de buena fe, y por lo tanto no podrá ampararse judicialmente, cuando suponga, dadas las circunstancias que concurran en cada caso, un grave perjuicio para la subsistencia de la empresa o afecte gravemente a la producción, o exista la posibilidad de satisfacer el derecho del trabajador en otro horario compatible con el proceso productivo de la empresa. Sigue leyendo