El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo

El art. 21 del Estatuto de los Trabajadores define los supuestos, posibilidades v límites de la concurrencia entre trabajador y empresario. En concreto, su apartado 1º advierte que «no podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan»-. Esto es, un trabajador puede en principio vincularse laboralmente para varios empresarios sin por ello quebrantar su deber de buena fe. Sin embargo, dicha regla cede en dos concretos supuestos: a) que se estime que tal concurrencia es desleal, lo que cabe presumir respecto de «la actividad consistente en realizar tareas laborales de la misma naturaleza o rama de producción de las que está efectuando (el trabajador) en virtud del contrato de trabajo sin consentimiento del empresario» ( STS 5 junio 1990 ); y b) que se pacte la plena dedicación del mismo (art. 21.1 y 3 ET).

Lo  que analizamos en el presente artículo, es el régimen jurídico del deber de « no concurrir con la actividad de la empresa» que impone el art. 5, d) ET a los trabajadores asalariados y que se completa con el citado art. 21 ET con la regulación del pacto de no competencia para después de extinguido el contrato.

El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato supone la voluntaria limitación que el trabajador realiza de sus derechos constitucionales al trabajo y a la libre elección de profesión y oficio ( art. 35.1 de la Constitución Española )

Sobre esta premisa, se comprende fácilmente por qué la STS 10 julio 1991 manifiesta que «el actual régimen normativo del deber laboral de no concurrencia, previsto para después de la finalización del contrato de trabajo, lo establece como consecuencia de un pacto específico, requerido de precisas e insoslayables exigencias, que se incorpora a la concreta relación laboral concertada».

Así, a tenor de lo dispuesto en el art. 21.2 ET, dicho pacto incorpora por mandato legal, una limitación temporal (“no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores») y condiciona su validez a la concurrencia de un doble requisito: «a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, y b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada».

En tal sentido resaltamos la  STSJ Madrid de 20 marzo 1997 (Ponente: Sr. J.H. Ruiz Lanzuela), en que la Sala se basa en la doctrina judicial recaída en materia de no concurrencia laboral, de la que resaltamos los siguientes puntos:

1º) Este tipo de pactos pugnan «con la norma general recogida en el art. 35 CE».

2º)   Como consecuencia, «sus cláusulas (deben) interpretarse restrictivamente en cuanto limitan las facultades y expectativas profesionales del trabajador.

3º) Este es, además, el «criterio (que) se refleja fielmente en las normas del art. 21 ET».

4º) «Estamos, pues, ante una reciprocidad de obligaciones, que implica para el trabajador una abstención profesional y para la empleadora satisfacer oportuna contraprestación pecuniaria en orden a compensar tal inactividad laboral mediante ingresos aseguradores de su estabilidad económica».

5º) «Tal carácter sinalagmático impide que el cumplimiento de lo convenido quede al arbitrio de una de las partes».

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