Implicaciones penales del uso de redes sociales

El uso intensivo de las redes sociales ha trasladado al plano digital diversas acciones que afectan al ámbito penal y que son igualmente perseguibles y punibles. La consumación de esta especificidad delictual tiene consecuencias particulares en la obtención de las pruebas y en la elaboración de la denuncia penal.

Delitos más comunes

  • Coacciones: el artículo 172 del Código Penal castiga al que “sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”
  • Amenazas: el artículo 169 del Código Penal dispone que comete este delito “el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico.”
  • Injurias: en este apartado, el Código Penal especifica (artículo 208) que constituye delito “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.”

Sólo se castiga en términos generales las injurias graves, con la excepción prevista en el artículo 173.4, que castiga las injurias y vejaciones leves dirigidas a la víctima de violencia de género. Este enfoque es muy interesante en los casos de acoso por parte de las parejas sentimentales, una vez rota la relación, y sobre todo, en la publicación en las redes sociales de comentarios o fotografias despectivas o que denigren a la ex-pareja.

  • Ciberacoso: en el año 2011 se añadió específicamente el apartado 7º del artículo 197, que castiga al  “que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.

Es en este apartado donde se subsumen los supuestos conocidos como sextorsión o el grooming, ambos supuestos normalmente incardinados con el delito de coacciones o amenazas, en el que la difusión de las imágenes de carácter íntimo tiene como objetivo la obtención de un beneficio.

  • La difusión de pornografía de menores (artículo 189) castiga al “que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil.” Este enfoque también se vincula con el artículo 197, en los casos de distribución a través de redes sociales de imágenes de menores en centros escolares, en los que los propios alumnos pueden cometer este delito.

Especificidades procesales

En estos supuestos, uno de los temas puntales es la obtención de la prueba de los actos descritos para su posterior denuncia. Las publicaciones en medios digitales e internet son de naturaleza voluble, por lo que se hace imprescindible la denominada “captación de prueba electrónica”: la práctica jurídica ha avanzado y, aunque en sede judicial ofrece menos problemas un acta notarial que certifique el contenido de una determinada dirección de internet en un determinado momento, han surgido diversos servicios prestados por terceros para la obtención de pruebas, que emiten actas de navegación electrónica, las cuales también certifican el contenido de una determinada red social, incluso permiten su grabación en tiempo real, para ser aportada como prueba en el proceso.

Por otra parte, desde el punto de vista de inicio del proceso, siempre es recomendable la vía judicial preferentemente a la denuncia en sede policial: los medios de las unidades de investigación de delitos telemáticos no permiten grandes periodos de investigación, y los instructores tienen facultades de archivo del procedimiento que, desde el enfoque de los intereses de la víctima, interesa evitar. La denuncia judicial permite el acopio de pruebas (suelen ser delitos que se mantienen y se amplían con el tiempo) y, cumpliendo los plazos de prescripción, presentar pruebas que permitan la efectiva condena del causante, y asegurar el resarcimiento de la víctima.

Es interesante, por último, el enfoque hacia las empresas que trabajan o tienen representación en redes sociales, de un estudio  de prevención de riesgos digitales por parte de profesionales jurídicos, en el marco de los planes de corporate compliance a los que están obligados en aras de evitar la responsabilidad penal a la que hace referencia de forma genérica el artículo 31.bis del Código Penal.


Alex de Roa

Abogado ICASBD 2.498

alexderoa.wordpress.com

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La excedencia por maternidad

El Estatuto de los trabajadores reconoce una serie de derechos a las mujeres en virtud del nacimiento de sus hijos. El periodo de 16 semanas que reconoce el artículo 48.4 es en la mayoría de las ocasiones insuficiente y ante la reincorporación de las obligaciones laborales, muchas madres se plantean acogerse a los distintos mecanismos que la legislación laboral prevé para la conciliación de la vida familiar y laboral. Uno de los más solicitados es la excedencia por maternidad. ¿Cómo se configura este derecho? ¿Afecta a la cotización de otras prestaciones, cómo la de desempleo? ¿Es compatible con otros derechos, como el permiso de lactancia?

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas: primer análisis del Tribunal Supremo y Fiscalía General del Estado

La novedad que ha supuesto en el ámbito penal la introducción de tipos específicos para las personas jurídicas (empresas y sociedades) va siguiendo su curso lógico y han aparecido, pocos meses después de su entrada en vigor, las primeras posiciones jurídicas en cuanto a la aplicación práctica de los supuestos que contempla el Código Penal. El pasado 29 de febrero, el Tribunal Supremo emitió una Sentencia relativa al análisis de diversos supuestos delictivos en los que, además de las personas físicas involucradas, se hizo uso de sociedades mercantiles instrumentales para llevar a cabo los mismos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha publicado la primera (y esperada) circular al respecto de la modificación del Código Penal en la que se analiza, entre otros, los requisitos de los modelos de gestión (corporate compliance o prevención de riesgos penales) que deben adoptar las empresas para eximirse de la acción penal que se derive de las personas que tenga a su cargo, o que actúen en su beneficio   Ambos documentos abren diversas e interesantes cuestiones en el ámbito jurídico práctico.

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Despenalización de las faltas con la entrada en vigor del nuevo código penal

Los accidentes de tráfico hasta ahora se venían tramitando como un juicio de faltas, donde se trataba la responsabilidad penal del causante del accidente, y la posible responsabilidad civil que reclamaba la víctima derivada de sus lesiones.

Para estabasdlecer el alcance de las lesiones, la víctima podía solicitar un informe pericial del médico forense del Juzgado, que establecía de forma totalmente imparcial (y gratuita) dicho alcance y cuánto es lo que podía reclamar.

Este tipo de asuntos, en su mayor parte, terminaba con un acuerdo entre la compañía de seguros del vehículo culpable del accidente y el denunciante (la víctima), puesto que la compañía le ofrecía la cantidad establecida por el médico forense en su informe y normalmente el lesionado aceptaba. Cuando no existía acuerdo entre las partes, se celebraba un juicio de faltas, al cual denunciante y denunciado podían acudir con los medios de prueba que consideraran oportunos y todo terminaba con una sentencia que establecía si existía responsabilidad penal o no por parte del causante del accidente y en su caso, si existía responsabilidad civil por lesiones, el alcance de la misma, basada principalmente en el informe del médico forense, en el cual el Juez podía depositar toda su confianza, por tratarse precisamente de un informe imparcial. Sigue leyendo