Opción del arrendador de recuperar la vivienda

La recuperación del inmueble por el arrendador, para destinarlo a vivienda permanente en determinados supuestos, que requiere que hubiera transcurrido al menos el primer año de duración del contrato, sin necesidad de previsión expresa en el contrato de arrendamiento”.

shutterstock_81526456La regulación actual (Ley 4/2013) en el art. 9.3 LAU, establece que: “No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, el arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. La referida comunicación deberá realizarse al arrendatario al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto. Sigue leyendo

Paralizar el desahucio por impago de alquiler: aplicación de la nueva Ley de emergencia en el ámbito de la vivienda

La entrada en vigor, el pasado 6 de agosto de 2015, de la nueva Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, abre la puerta en Cataluña a la paralización de los procesos de desahucio por impago de las rentas de alquiler cuando los arrendatarios se encuentran en situación de emergencia habitacional. La aprobación de esta normativa obedece, como se indica en su propio preámbulo, a la situación de emergencia social que se vive especialmente en el ámbito de la vivienda. Pero, ¿qué requisitos son necesarios para acogerse a esta ley? y ¿qué efectos tiene su aplicación?

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Querella contra empresas: aplicación de la reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015 introdujo el concepto de  responsabilidad penal de las personas jurídicas.  En esta ocasión (tras una primera introducción a título nominal en la reforma del 2010) se ha configurado un sistema completo, con una lista numerus clausus de infracciones penales que pueden ser cometidas por las personas jurídicas, de manera totalmente independiente a la responsabilidad que la misma acción produce en las personas físicas. Esta reforma abre la puerta a una serie de conceptos jurídicos nuevos, que interrelacionan el clásico derecho laboral de empresa con el derecho penal, en los servicios de asesoramiento corporate compliance prevención de riesgos penales. Dentro de las labores de defensa de los intereses de las empresas, se abre la puerta con esta modificación a un concepto inédito en el derecho español: las querellas penales contra personas jurídicas.

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Despenalización de las faltas con la entrada en vigor del nuevo código penal

Los accidentes de tráfico hasta ahora se venían tramitando como un juicio de faltas, donde se trataba la responsabilidad penal del causante del accidente, y la posible responsabilidad civil que reclamaba la víctima derivada de sus lesiones.

Para estabasdlecer el alcance de las lesiones, la víctima podía solicitar un informe pericial del médico forense del Juzgado, que establecía de forma totalmente imparcial (y gratuita) dicho alcance y cuánto es lo que podía reclamar.

Este tipo de asuntos, en su mayor parte, terminaba con un acuerdo entre la compañía de seguros del vehículo culpable del accidente y el denunciante (la víctima), puesto que la compañía le ofrecía la cantidad establecida por el médico forense en su informe y normalmente el lesionado aceptaba. Cuando no existía acuerdo entre las partes, se celebraba un juicio de faltas, al cual denunciante y denunciado podían acudir con los medios de prueba que consideraran oportunos y todo terminaba con una sentencia que establecía si existía responsabilidad penal o no por parte del causante del accidente y en su caso, si existía responsabilidad civil por lesiones, el alcance de la misma, basada principalmente en el informe del médico forense, en el cual el Juez podía depositar toda su confianza, por tratarse precisamente de un informe imparcial. Sigue leyendo

Sanción al trabajador como represalia: la garantía de indemnidad

En el panorama laboral de nuestro país es por desgracia habitual que las reclamaciones que hace el trabajador en su empresa para mejorar sus condiciones laborales o salariales, o exigir el cumplimiento de las que ya existen por vía extrajudicial o judicial, tengan como consecuencia represalias por parte de la empresa, en forma de cambio de condiciones de trabajo, sanciones y, en el peor de los caos, el despido. La empresa suele “disfrazar” estas medidas sancionadoras, justificándolas como modificaciones motivadas en cambios de estrategia empresarial, y en el caso de las sanciones, inventando o exagerando los hechos para poder sancionar o despedir al trabajador sin tener que indemnizarlo. El trabajador está protegido por estos ataques por lo que la doctrina ha llamado la Garantía de Indemnidad. Pero, ¿cómo se configura este derecho y qué efectos tiene?

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Audiencia Previa: ¿Los hechos no controvertidos son hechos probados?

La Audiencia Previa es un trámite obligatorio en el iter de los juicios ordinarios. En este paso previo a la celebración del juicio, regulado en el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,  se determinan las cuestiones procesales que serán objeto del proceso, es decir, sobre las que las partes que concurren en el proceso tienen discrepancias.  Será por tanto al finalizar el procedimiento, con la Sentencia, cuando el órgano jurisdiccional aportará su propia valoración, pero sólo sobre los hechos controvertidos. Por tanto, ¿Los hechos que no se discuten en la audiencia previa, y por tanto no controvertidos, tienen consideración de hechos probados? y en consecuencia ¿está el Juez obligado a tenerlos en cuenta en la sentencia?

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Prestación por desempleo vs Límite del 75% del Salario Mínimo Interprofesional

El artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio) establece un límite para la obtención del subsidio de desempleo: la carencia de rentas de cualquier naturaleza que superen, en cómputo mensual, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. En la práctica supone un impedimento que tiene una doble vertiente:  la denegación directa por parte de la Administración el momento de solicitar la prestación, o bien (y mucho más peligrosa) la reclamación posterior de las prestaciones por desempleo cobradas. Pero, ¿cómo se valora dentro del límite legal la existencia de cargas familiares? ¿cómo se acreditan los rendimientos del capital mobiliario a mitad del ejercicio fiscal a los efectos de solicitud de la prestación?

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Facultad de concreción horaria en jornada reducida por cuidado de hijo

El trabajador tiene derecho no sólo la reducción de su jornada, sino también el derecho a su concreción horaria , es decir, que constituye facultad del mismo elegir el horario en el que se desarrollará sus servicios dentro de la jornada ordinaria, todo ello con la finalidad de que puedareloj-7 conciliar la vida familiar y laboral y, en definitiva, que quede debidamente atendido el hijo menor, sin que expresamente se haya establecido por el legislador en principio ningún límite en el ejercicio de dicha facultad, si bien; la posibilidad de que se oponga el empresario a la solicitud del trabajador si ha sido prevista al indicarse en el último párrafo del apartado 6 del art. 37 del E.T. que las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute serán resueltos por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el art. 138 bis de la LRJS, y en cualquier caso dicha facultad o derecho lógicamente debe ejercitarse conforme a las exigencias derivadas del principio de buena fe que rigen las relaciones jurídicas contractuales (art. 7 del Código Civil), y especialmente la relación jurídica laboral (art. 5 a) y 20.2 del E.T.), de manera que puede concluirse que su ejercicio será abusivo o contrario a tales exigencias derivadas del principio de buena fe, y por lo tanto no podrá ampararse judicialmente, cuando suponga, dadas las circunstancias que concurran en cada caso, un grave perjuicio para la subsistencia de la empresa o afecte gravemente a la producción, o exista la posibilidad de satisfacer el derecho del trabajador en otro horario compatible con el proceso productivo de la empresa. Sigue leyendo

La protección de la maternidad y las políticas de igualdad Noticias Jurídicas

Se realiza en el presente trabajo un estudio detallado de las prestaciones derivadas de la maternidad.

Origen: La protección de la maternidad y las políticas de igualdad Noticias Jurídicas

Contrato de Alta Dirección

Regulación jurídica y definición de los contratos de alta dirección

Los contratos de alta dirección aparecen definidos en el artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección. En este tipo de contrato, el trabajador debe desempeñar un efectivo poder de decisión en la empresa, con total autonomía y reportando directamente al órgano de administración. Si esto no se produce, realmente la relación laboral es una relación común, y no de alta dirección. La línea divisoria es muy fina y no siempre es fácil distinguir entre uno y otro.

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Reducir los trámites burocráticos mediante nuevas normas aplicables a las resoluciones judiciales transfronterizas

A partir del 09 enero 2015, entró en vigor en la UE una nueva normativa que facilitará a empresas y consumidores la resolución de litigios transfronterizos y permitirá, según las previsiones realizadas, un ahorro importante. Esta normativa suprime los costosos y prolijos procedimientos para obtener el reconocimiento en otros países de la UE de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

A partir de mañana, estas resoluciones transfronterizas tendrán automáticamente fuerza ejecutiva en todo el territorio de la UE. Los consumidores también estarán mejor protegidos cuando compren a entidades comerciales de fuera de la UE y las empresas disfrutarán de una mayor seguridad jurídica cuando hagan negocios en cualquier punto de la UE. Las nuevas medidas de la UE constituyen el cumplimiento de su compromiso de reducir la burocracia y reforzar el mercado único para impulsar el crecimiento económico sostenible.

Estas serán las mejoras concretas: Sigue leyendo

Compatibilidad Incapacidad permanente absoluta y salario: Obligación de comunicación del ejercicio de actividades

Real Decreto 1071/1984, de 23 mayo l  BOE 7 junio 1984, núm. 136/1984

Artículo 2. Comunicación del ejercicio de actividades.

    1. Los pensionistas de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta y gran invalidez que simultaneen la percepción de su pensión con la realización de cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, deberán comunicar tal circunstancia a la Entidad gestora competente.
    2. El incumplimiento de la obligación establecida en el número anterior dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el número 1 del artículo 8.º en relación con el artículo 7.º, número 1, letra b), ambos del Reglamento General de Faltas y Sanciones del Régimen General de la Seguridad Social. Ello, con independencia de la obligación de reintegro de los importes indebidamente percibidos de la pensión, conforme a lo establecido por el artículo 56, número 1, de la Ley General de la Seguridad Social.

Recientemente en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 3/03/2014, declara la compatibilidad entre la situación de incapacidad y el trabajo a tiempo parcial. (La sentencia se refiere a un señor con incapacidad absoluta que trabajaba a tiempo parcial en un ayuntamiento, y el Tribunal admite la compatibilidad de su incapacidad y su trabajo a tiempo parcial.

En resumen, la incapacidad absoluta es compatible con trabajos esporádicos, sencillos, trabajos a tiempo parcial…

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 3/03/2014.

En conseqüència, aplicant la doctrina exposada i admetent la compatibilitat entre la situació incapacitant del demandant i el treball a temps parcial per a l’ajuntament, ha de ser revocada la sentència del jutjat social,i revocar la decisió de revisió del grau, declarant al demandant en situació d’incapacitat permanent absoluta,amb el dret a la pensió corresponent i amb la data d’efectes des de tres mesos abans de la sol licitud, per aplicació de l’ article 43-1 de la Llei general de la Seguretat Social , d’acord amb el que resulta provat en el fet quart de la sentència. »

Art. 141.2 LGSS:

“Las pensiones (…) no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión”.

Seguros vinculados a préstamos hipotecarios: Abusos de las Entidades Bancarias

En los contratos de préstamo hipotecario, es frecuentemente que se obligue al prestatario a suscribir contratos de seguros (seguro de vida, seguro de accidentes con cobertura del riesgo de invalidez, seguro de enfermedad, seguro de daños en distintas modalidades, como el incendio). Exigencias que muchas veces no necesita el consumidor. Esta práctica es abusiva, ya que las entidades de crédito aprovechan para colocar al cliente, no sólo un simple seguro de daños (incendios por ejemplo), sino otro tipo de seguros como los de hogar, que son más caros. Además es que al consumidor no se le permite que compare ofertas de otras entidades ya que el banco o caja de ahorros le impone el seguro de su propia compañía aseguradora.

Los artículos 5 y 8 de la Ley 2/1981 de 25 de marzo de Regulación del Mercado Hipotecario indican que si una entidad de crédito desea emitir cédulas o bonos hipotecarios con base a las hipotecas concedidas a los consumidores, es preceptivo que la vivienda hipotecada disponga de un seguro que cubra los riesgos por daños en el inmueble.

Esta obligación no corresponde por ley al consumidor, sino que es una condición contractual que nos imponen así bancos y cajas de ahorros. Dado que el cumplimiento de este requisito es de interés exclusivo para la entidad prestamista, resulta injusta la imposición del mismo al consumidor.

Pero es notoriamente abusivo cuando en caso de producirse un siniestro, y a los efectos de recibir la indemnización consiguiente, las entidades financieras exigen que al formalizarse la escritura de préstamo como la póliza del seguro, se incluya una cláusula de cesión irrevocable de la indemnización que pudiera corresponder. Es decir, que se designa como beneficiaria de la indemnización a la entidad, hasta el importe al que ascienda la responsabilidad hipotecaria.


 

Nulidad y anulabilidad de la suscripción de participaciones preferentes.

La regulación del RDL 24/2012 no aclara cuáles son las posibilidades procesales reales del inversor en participaciones preferentes, sin embargo no se considera que exista una laguna legal en dicha normativa dado que son de aplicación las normas del Código Civil sobre los contratos y, en su caso, la legislación especial sobre protección del consumidor o sobre condiciones generales de la contratación. (i) El inversor puede ejercitar la acción de nulidad o de anulabilidad de la suscripción de participaciones preferentes alegando la existencia de un vicio en el consentimiento derivada de la falta de información de las condiciones de las inversión (ii) o, en su caso, la resolución del contrato de intermediación, por incumplimiento contractual al amparo del artículo 1124 del Código Civil, con el resarcimiento de los daños irrogados (iii) o, en su caso, la acción de responsabilidad civil al amparo del artículo 1101 del Código Civil, por haber incurrido la entidad de crédito en dolo o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones por la defectuosa información prestada.

 

Entre los supuestos de ineficacia contractual se distingue entre la nulidad absoluta o radical del contrato o la anulabilidad. La anulabilidad, buscar la ineficacia de un contrato por vicios del consentimiento mismo, y la acción de nulidad por no existir consentimiento. Son anulables aquellos contratos en los que el consentimiento se ve viciado por existir una divergencia entre aquello para lo que se dio el consentimiento y lo que realmente se quería, sin que sea imputable a quien prestó el consentimiento. Estos supuestos de anulabilidad están sujetos al plazo de caducidad de cuatro años. Por otra parte los supuestos de nulidad absoluta no están sujetos a plazo de caducidad y pueden ser apreciados de oficio por el tribunal.

Fondo para cubrir el impago de pensiones y prestaciones alimentarias o compensatorias

El fondo de garantía de pensiones y prestaciones tiene el objetivo de compensar la situación de precariedad económica en que se encuentran familias con pocos recursos económicos cuando no reciben la pensión o prestación establecida en un procedimiento judicial de familia. En este sentido el fondo de garantía otorgará un anticipo a las personas que tienen derecho a cobrar una pensión y sufren un impago por parte de la persona obligada a abonarla.

¿A quién va dirigido?

A las personas beneficiarias de una pensión alimenticia y / o compensatoria y sus hijas e hijos, menores de edad o mayores con un grado igual o superior al 65% de discapacidad, que sufran un incumplimiento del pago de estas pensiones reconocidas judicialmente.

Desaparición del pago directo por el FONDO de GARANTIA SALARIAL del 40% de la indemnización por despido objetivo: Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014

En el Boletín Oficial de las Cortes Generales se recoge la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 por la que se suprime el apartado 8 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, con efectos del 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida.

VENTA DE UNA VIVIENDA ALQUILADA

Si el propietario de una vivienda alquilada desea venderla, está obligado legalmente a ofrecérsela en venta, en primer lugar, al arrendatario, indicándole el precio y el resto de las condiciones. (Artículo 25 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos)

El inquilino, dispone sobre la misma de un derecho de adquisición preferente o de “tanteo” y contará con un plazo de 30 días para optar por la compra.

Si el propietario no hiciese el ofrecimiento de la vivienda al arrendatario, y vendiese la vivienda por su cuenta a un precio inferior al comunicado, o incumpliese cualquiera de los requisitos, el inquilino podrá impugnar la venta y adquirir la vivienda en las mismas condiciones en las que el propietario la transmitió al tercero. A esto se le denomina derecho de retracto y el inquilino podrá ejercitarlo en un plazo de 30 días desde que se le notifique la venta de la vivienda.

El inquilino no dispondrá de los derechos de tanteo y retracto cuando la vivienda arrendada se venda de forma conjunta con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble, ni tampoco cuando los distintos propietarios de un inmueble vendan a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales que componen el mismo.

Custodia Compartida: Doctrina establecida por Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2013

La Sala recuerda que tras la sentencia del Tribunal Constitucional 185/2002, de 17 de octubre, la adopción del régimen de guarda y custodia compartida ya no depende del informe favorable del Fiscal sino, únicamente, de la valoración que merezca al Juez la adecuación de dicha medida al interés del menor, siendo punto de partida que la guarda y custodia compartida no es lo excepcional sino que debe ser la regla general siempre que no resulte perjudicial para el menor, pues “el mantenimiento de la potestad conjunta resulta sin duda la mejor solución para el menor en cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres”.

Sentados estos postulados, la Sala concluye que la adopción de la medida de la guarda conjunta, además de exigir petición de parte (de ambos progenitores o de al menos uno de ellos), requiere la constatación de que esta no resulta perjudicial sino conveniente para el interés del menor, para lo que deben concurrir determinados requisitos expuestos con reiteración por la Sala y que nuevamente se afirman en la sentencia con valor de doctrina jurisprudencial.

Estos requisitos son los siguientes:

  • la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales;
  • los deseos manifestados por los menores competentes;
  • el número de hijos;
  • el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales;
  • el resultado de los informes exigidos legalmente;

     

y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven, sin que la mera constatación de que el régimen de guarda y custodia se adapta mejor al interés de los progenitores resulte suficiente para deducir que se adapta mejor al interés del menor, que es el que debe primar.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condena a un Ayuntamiento a readmitir a una trabajadora, tras declarar nulo su despido por vulneración del derecho a la libertad ideológica.

El TSJA ha ratificado la condena dictada en febrero de 2012 por el Juzgado de lo Social número 1 de Huelva, y a su vez condena al Consistorio a readmitir a la trabajadora tras declarar nulo su despida y a pagar una indemnización a la trabajadora de 2.000 euros por el daño moral.

Esta trabajadora contratada en la categoría profesional de Coordinadora de Desarrollo Local, y que fue despedida meses después de que el PP comenzara a gobernar en el municipio, inició su relación laboral con el Ayuntamiento de la localidad en julio de 2007 cuando gobernaba el PSOE, en cuya lista figuró también esta empleada aunque no resultara elegida y además ha venido ejerciendo funciones de secretaria de organización de la agrupación socialista.

Fue despedida por “motivos económicos y de falta de trabajo” por la situación económica del Ayuntamiento y su puesto fue ocupado por otra trabajadora, que ostentaba un cargo dentro de la estructura provincial del PP.