El Descanso de bocadillo

La normativa laboral también establece que siempre que la duración de la jornada diaria cbocadilloontinuada exceda de 6 horas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma, de duración no inferior a 15 minutos. Este período de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo.

Tiene que haber una jornada de más de 6 horas seguidas para que se tenga derecho al descanso. Si dura menos la jornada y el convenio colectivo no regula nada al respecto, no hay derecho a descanso.  La duración será como mínimo de 15 minutos, ya que por convenio colectivo se podrá negociar una duración algo mayor.

El derecho a descanso durante la jornada es, por tanto, un derecho reconocido en el propio Estatuto de los Trabajadores que no queda a la decisión de la empresa el concederlo o no.

Se considera recuperable en la jornada, salvo que el convenio colectivo establezca que es tiempo de trabajo efectivo. Por tanto si el convenio fija los 15 minutos de bocadillo o café como de trabajo efectivo, son 15 minutos retribuidos. Si en cambio el convenio no dice que sea descanso de trabajo efectivo, en ese caso se tiene derecho igualmente al descanso de bocadillo pero la jornada se ampliará en los minutos que ha durado dicho descanso. Sigue leyendo

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Diferencia entre precario y comodato.

casaCon respecto a viviendas, es bastante habitual encontrarse con éstas dos figuras jurídicas, que se acuerdan frecuentemente de forma verbal, así que dependerá de las pruebas que se practiquen, el que estemos ante un precario o un comodato.

Vivienda cedida en precario:

Estaremos frente a un precario, cuando el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca, cede el uso de la vivienda a otra persona (llamada precarista) para que la use sin más, sin contrato alguno y sin pagar renta. Esta situación suele darse con relativa frecuencia cuando los propietarios entregan la vivienda a un familiar, amigo o conocido, y también cuando el que la ocupa es un extraño al dueño que lleva viviendo gratis y sin contrato por cualquier circunstancia o que tenía un título extinguido que ya ha perdido su eficacia. Sigue leyendo

Ruptura de pareja: extinción del condominio de la vivienda 

SubsidioVivienda_2La vivienda tiene un valor mínimo (que corresponde con el valor catastral ), y se ha de tener en cuenta la hipoteca que queda por pagar. De esta forma, si el valor del bien inmueble es de 50.000 euros y la deuda es de 25.000 euros, por tanto quién se adjudique la vivienda deberá de compensar al que transmite con 12.500 euros.

Debemos tener en cuenta los siguientes puntos, que son de aplicación tanto si las partes son cónyuges o pareja de hecho.

1.- La vivienda se considera un bien indivisible por lo que se debe de proceder a extinguir el condominio existente entre los cónyuges. Es decir, se produce una transmisión de uno de los ex cónyuges al otro en su 50% del bien.

2.- Si hay acuerdo entre las partes, la extinción del condominio y adjudicación a uno de ellos, se puede hacer en documento privado, si bien luego debe de elevarse en escritura pública porque ha de inscribirse en el Registro de la propiedad. Aunque también puede realizarse judicialmente, y obtener Sentencia Judicial, directamente inscribible en el Registro de la Propiedad. Sigue leyendo

Opción del arrendador de recuperar la vivienda

La recuperación del inmueble por el arrendador, para destinarlo a vivienda permanente en determinados supuestos, que requiere que hubiera transcurrido al menos el primer año de duración del contrato, sin necesidad de previsión expresa en el contrato de arrendamiento”.

shutterstock_81526456La regulación actual (Ley 4/2013) en el art. 9.3 LAU, establece que: “No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, el arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. La referida comunicación deberá realizarse al arrendatario al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto. Sigue leyendo

Paralizar el desahucio por impago de alquiler: aplicación de la nueva Ley de emergencia en el ámbito de la vivienda

La entrada en vigor, el pasado 6 de agosto de 2015, de la nueva Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, abre la puerta en Cataluña a la paralización de los procesos de desahucio por impago de las rentas de alquiler cuando los arrendatarios se encuentran en situación de emergencia habitacional. La aprobación de esta normativa obedece, como se indica en su propio preámbulo, a la situación de emergencia social que se vive especialmente en el ámbito de la vivienda. Pero, ¿qué requisitos son necesarios para acogerse a esta ley? y ¿qué efectos tiene su aplicación?

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Despenalización de las faltas con la entrada en vigor del nuevo código penal

Los accidentes de tráfico hasta ahora se venían tramitando como un juicio de faltas, donde se trataba la responsabilidad penal del causante del accidente, y la posible responsabilidad civil que reclamaba la víctima derivada de sus lesiones.

Para estabasdlecer el alcance de las lesiones, la víctima podía solicitar un informe pericial del médico forense del Juzgado, que establecía de forma totalmente imparcial (y gratuita) dicho alcance y cuánto es lo que podía reclamar.

Este tipo de asuntos, en su mayor parte, terminaba con un acuerdo entre la compañía de seguros del vehículo culpable del accidente y el denunciante (la víctima), puesto que la compañía le ofrecía la cantidad establecida por el médico forense en su informe y normalmente el lesionado aceptaba. Cuando no existía acuerdo entre las partes, se celebraba un juicio de faltas, al cual denunciante y denunciado podían acudir con los medios de prueba que consideraran oportunos y todo terminaba con una sentencia que establecía si existía responsabilidad penal o no por parte del causante del accidente y en su caso, si existía responsabilidad civil por lesiones, el alcance de la misma, basada principalmente en el informe del médico forense, en el cual el Juez podía depositar toda su confianza, por tratarse precisamente de un informe imparcial. Sigue leyendo

Audiencia Previa: ¿Los hechos no controvertidos son hechos probados?

La Audiencia Previa es un trámite obligatorio en el iter de los juicios ordinarios. En este paso previo a la celebración del juicio, regulado en el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,  se determinan las cuestiones procesales que serán objeto del proceso, es decir, sobre las que las partes que concurren en el proceso tienen discrepancias.  Será por tanto al finalizar el procedimiento, con la Sentencia, cuando el órgano jurisdiccional aportará su propia valoración, pero sólo sobre los hechos controvertidos. Por tanto, ¿Los hechos que no se discuten en la audiencia previa, y por tanto no controvertidos, tienen consideración de hechos probados? y en consecuencia ¿está el Juez obligado a tenerlos en cuenta en la sentencia?

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Contrato de Alta Dirección

Regulación jurídica y definición de los contratos de alta dirección

Los contratos de alta dirección aparecen definidos en el artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección. En este tipo de contrato, el trabajador debe desempeñar un efectivo poder de decisión en la empresa, con total autonomía y reportando directamente al órgano de administración. Si esto no se produce, realmente la relación laboral es una relación común, y no de alta dirección. La línea divisoria es muy fina y no siempre es fácil distinguir entre uno y otro.

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Reducir los trámites burocráticos mediante nuevas normas aplicables a las resoluciones judiciales transfronterizas

A partir del 09 enero 2015, entró en vigor en la UE una nueva normativa que facilitará a empresas y consumidores la resolución de litigios transfronterizos y permitirá, según las previsiones realizadas, un ahorro importante. Esta normativa suprime los costosos y prolijos procedimientos para obtener el reconocimiento en otros países de la UE de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

A partir de mañana, estas resoluciones transfronterizas tendrán automáticamente fuerza ejecutiva en todo el territorio de la UE. Los consumidores también estarán mejor protegidos cuando compren a entidades comerciales de fuera de la UE y las empresas disfrutarán de una mayor seguridad jurídica cuando hagan negocios en cualquier punto de la UE. Las nuevas medidas de la UE constituyen el cumplimiento de su compromiso de reducir la burocracia y reforzar el mercado único para impulsar el crecimiento económico sostenible.

Estas serán las mejoras concretas: Sigue leyendo

Seguros vinculados a préstamos hipotecarios: Abusos de las Entidades Bancarias

En los contratos de préstamo hipotecario, es frecuentemente que se obligue al prestatario a suscribir contratos de seguros (seguro de vida, seguro de accidentes con cobertura del riesgo de invalidez, seguro de enfermedad, seguro de daños en distintas modalidades, como el incendio). Exigencias que muchas veces no necesita el consumidor. Esta práctica es abusiva, ya que las entidades de crédito aprovechan para colocar al cliente, no sólo un simple seguro de daños (incendios por ejemplo), sino otro tipo de seguros como los de hogar, que son más caros. Además es que al consumidor no se le permite que compare ofertas de otras entidades ya que el banco o caja de ahorros le impone el seguro de su propia compañía aseguradora.

Los artículos 5 y 8 de la Ley 2/1981 de 25 de marzo de Regulación del Mercado Hipotecario indican que si una entidad de crédito desea emitir cédulas o bonos hipotecarios con base a las hipotecas concedidas a los consumidores, es preceptivo que la vivienda hipotecada disponga de un seguro que cubra los riesgos por daños en el inmueble.

Esta obligación no corresponde por ley al consumidor, sino que es una condición contractual que nos imponen así bancos y cajas de ahorros. Dado que el cumplimiento de este requisito es de interés exclusivo para la entidad prestamista, resulta injusta la imposición del mismo al consumidor.

Pero es notoriamente abusivo cuando en caso de producirse un siniestro, y a los efectos de recibir la indemnización consiguiente, las entidades financieras exigen que al formalizarse la escritura de préstamo como la póliza del seguro, se incluya una cláusula de cesión irrevocable de la indemnización que pudiera corresponder. Es decir, que se designa como beneficiaria de la indemnización a la entidad, hasta el importe al que ascienda la responsabilidad hipotecaria.


 

Nulidad y anulabilidad de la suscripción de participaciones preferentes.

La regulación del RDL 24/2012 no aclara cuáles son las posibilidades procesales reales del inversor en participaciones preferentes, sin embargo no se considera que exista una laguna legal en dicha normativa dado que son de aplicación las normas del Código Civil sobre los contratos y, en su caso, la legislación especial sobre protección del consumidor o sobre condiciones generales de la contratación. (i) El inversor puede ejercitar la acción de nulidad o de anulabilidad de la suscripción de participaciones preferentes alegando la existencia de un vicio en el consentimiento derivada de la falta de información de las condiciones de las inversión (ii) o, en su caso, la resolución del contrato de intermediación, por incumplimiento contractual al amparo del artículo 1124 del Código Civil, con el resarcimiento de los daños irrogados (iii) o, en su caso, la acción de responsabilidad civil al amparo del artículo 1101 del Código Civil, por haber incurrido la entidad de crédito en dolo o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones por la defectuosa información prestada.

 

Entre los supuestos de ineficacia contractual se distingue entre la nulidad absoluta o radical del contrato o la anulabilidad. La anulabilidad, buscar la ineficacia de un contrato por vicios del consentimiento mismo, y la acción de nulidad por no existir consentimiento. Son anulables aquellos contratos en los que el consentimiento se ve viciado por existir una divergencia entre aquello para lo que se dio el consentimiento y lo que realmente se quería, sin que sea imputable a quien prestó el consentimiento. Estos supuestos de anulabilidad están sujetos al plazo de caducidad de cuatro años. Por otra parte los supuestos de nulidad absoluta no están sujetos a plazo de caducidad y pueden ser apreciados de oficio por el tribunal.

Fondo para cubrir el impago de pensiones y prestaciones alimentarias o compensatorias

El fondo de garantía de pensiones y prestaciones tiene el objetivo de compensar la situación de precariedad económica en que se encuentran familias con pocos recursos económicos cuando no reciben la pensión o prestación establecida en un procedimiento judicial de familia. En este sentido el fondo de garantía otorgará un anticipo a las personas que tienen derecho a cobrar una pensión y sufren un impago por parte de la persona obligada a abonarla.

¿A quién va dirigido?

A las personas beneficiarias de una pensión alimenticia y / o compensatoria y sus hijas e hijos, menores de edad o mayores con un grado igual o superior al 65% de discapacidad, que sufran un incumplimiento del pago de estas pensiones reconocidas judicialmente.

VENTA DE UNA VIVIENDA ALQUILADA

Si el propietario de una vivienda alquilada desea venderla, está obligado legalmente a ofrecérsela en venta, en primer lugar, al arrendatario, indicándole el precio y el resto de las condiciones. (Artículo 25 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos)

El inquilino, dispone sobre la misma de un derecho de adquisición preferente o de “tanteo” y contará con un plazo de 30 días para optar por la compra.

Si el propietario no hiciese el ofrecimiento de la vivienda al arrendatario, y vendiese la vivienda por su cuenta a un precio inferior al comunicado, o incumpliese cualquiera de los requisitos, el inquilino podrá impugnar la venta y adquirir la vivienda en las mismas condiciones en las que el propietario la transmitió al tercero. A esto se le denomina derecho de retracto y el inquilino podrá ejercitarlo en un plazo de 30 días desde que se le notifique la venta de la vivienda.

El inquilino no dispondrá de los derechos de tanteo y retracto cuando la vivienda arrendada se venda de forma conjunta con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble, ni tampoco cuando los distintos propietarios de un inmueble vendan a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales que componen el mismo.

Cláusulas abusivas no inscribibles en el Registro de la Propiedad

Tras la  reforma introducida por la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, el Colegio de Registradores, después de analizar la Ley, ha elaborado un documento en el cual estudia las cláusulas abusivas que no deben acceder al Registro y realiza una clasificación de las mismas y detalla las más frecuentes.

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Fondo de Garantía Salarial. Su responsabilidad no alcanza al pago de la indemnización por fin de obra establecida en el convenio colectivo de la construcción

Sentencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2013, recurso nº 203/2013. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Gilolmo López.

El Convenio Colectivo del sector de la construcción, establece una indemnización del del 7 por 100 de la retribución por todos los conceptos salariales del convenio, devengados durante la vigencia del contrato. La cuestión consiste en determinar si el Fondo de Garantía Salarial debe responder, o no, de tal indemnización prevista en el convenio.

TERCERO.- En el supuesto de autos, la indemnización por fin de obra que el actor reclama del FGS tenía como único soporte el Convenio Colectivo de la Construcción que, según la Sala de suplicación, como ya vimos, establecía un módulo del 7 % de la retribución por todos los conceptos salariales del propio convenio, devengados durante la vigencia del contrato. Pero esa indemnización no está prevista en el Estatuto de los Trabajadores, y la que dicha norma contempla en su art. 49.1.c ) “por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato” a partir de la reforma operada por el Real Decreto Ley 5/01, de 2 de marzo, convertido, tras su tramitación parlamentaria, en Ley 12/01, de 9 de julio, o incluso la que en la actualidad se deriva de la Ley 35/2010, y que muy probablemente haya motivado el pacífico reconocimiento al demandante por parte del FGS de la cantidad de “339,14 euros por la indemnización” (hecho probado 5º), sin perjuicio de su incuestionable abono por el empresario, no puede ampliarse como prestación de garantía en caso de insolvencia del empleador.
En definitiva, la garantía del FGS no se extiende a la indemnización por fin de obra pactada en convenio, y al no haberlo entendido así la sentencia impugnada, procede, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 228 de la LRJS , estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto, casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, estimar el recurso de tal clase formulado en su día por el FGS frente a la sentencia de instancia, desestimando la demanda planteada por el actor y absolviendo al demandado de las pretensiones deducidas en su contra. Sin costas (art. 228 LRJS).

Acción directa contra la aseguradora de la Administración y posterior llamada de esta al proceso. Competencia de la jurisdicción civil

Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2013, recurso nº 1578/2011. Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.

Competencia de la jurisdicción civil cuando la demanda se dirige en el ejercicio de la acción directa del artículo 76 LCS, contra el asegurador de la Administración.

La Audiencia Provincial de Gerona, sin entrar a resolver los recurso planteados por las partes, se abstuvo de conocer indicando a la actora que podía usar su derecho ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que pese a que ejercitó inicialmente la acción directa sólo frente a la aseguradora y no frente a la Administración, al haberse acordado la intervención como demandado en el proceso de Institut Catalá de la Salut en tanto ostenta un interés directo y legítimo en el resultado del pleito, al cuan se condena, no cabe si no estimar la falta de jurisdicción alegada por la demanda Zurich, en tanto que al ocupar el ICS la posición de demandada el artículo 9.4 de la LOPJ, en su redacción de 23 de diciembre de 2003, atribuye con carácter exclusivo a los Tribunales y Juzgados del orden contencioso-administrativo el conocimiento de dicha pretensión.

Por la actora se interpone recurso extraordinario por infracción procesal, denunciando, al amparo del artículo 469.1 LEC, la infracción de los artículos 9.2 y 9.4 LOPJ. El motivo se estima.

Se trata de un problema que ha sido resuelto reiteradamente por la Sala atribuyendo competencia a la jurisdicción civil cuando la demanda se dirige en el ejercicio de la acción directa del artículo 76 LCS, contra el asegurador de la Admnistración, antes y después de la reforma del artículo 9 LOPJ.

El auto de la Sala de Conflictos de 12 de marzo de 2013 señala, “el legislador quiere que no quede resquicio alguno en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que permita el conocimiento del asunto a otro orden jurisdiccional, razón por la que atribuye a la contenciosa-administrativa tanto el conocimiento de las acciones directas (dirigidas contra la Administración y su aseguradora), como las entabladas contra cualquier otra entidad, pública o privada, aunque las mismas, solo de una forma indirecta, sean responsables, junto a la Administración, de los daños y perjuicios causados, para reconocer una única excepción a este sistema en aquellos supuestos en que los perjudicados, al amparo del artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro, se dirijan directa y exclusivamente contra la compañía aseguradora de una Administración pública, de forma que en estos casos el conocimiento de la acción corresponde a los tribunales del orden civil y ello por cuanto  en esta tesitura la competencia ha de corresponder necesariamente a la jurisdicción civil, pues no cabe acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo sin actuación u omisión administrativa previa que revisar ni Administración demandada que condenar”.

Divorcio. Asignación del uso de la vivienda familiar, propiedad exclusiva del esposo, al hijo menor y a su madre, sin limitación temporal

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2013, recurso nº 3144/2012. Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.

Se estima el recurso. La infracción del artículo 96 se produce porque la sentencia deja absolutamente indeterminada la situación del menor una vez que transcurran los tres años a los que limita el uso, y aboca a una posterior modificación de medidas para que el coste de la habitación antes cubierta sea incluida con un incremento de la pensión de alimentos.

La cuestión que suscita el presente recurso tiene que ver con la asignación del uso de la vivienda familiar en un supuesto en el que, siendo propiedad privativa del esposo, fue la vivienda que sirvió de domicilio familiar del matrimonio. En este momento de la ruptura el hijo tiene cuatro años de edad (dos tenía entonces) y el uso de la vivienda, contra el criterio del Juzgado que lo atribuyó a la esposa e hijo sin limitación temporal, la Audiencia Provincial de Valladolid mantuvo la medida, si bien limitó el uso hasta el mes de septiembre de 2015.

Esta norma no permite establecer ninguna limitación a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, porque el interés que se protege en ella no es la propiedad de los bienes, sino los derechos que tiene el menor en una situación de crisis de la pareja, salvo pacto de los progenitores, que deberá a su vez ser controlado por el juez. Una interpretación correctora de esta norma, permitiendo la atribución por tiempo limitado de la vivienda habitual, implicaría siempre la vulneración de los derechos de los hijos menores, que la Constitución incorporó al ordenamiento jurídico español (arts. 14 y 39 CE) y que después han sido desarrollados en la Ley Orgánica de protección del menor”.

Cláusulas abusivas Ryanair. El Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid anula ocho cláusulas abusivas del billete de vuelo de Ryanair

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 30 de septiembre de 2013, Sentencia nº 113/13, Juicio Verbal nº 703/11.

La Organización de Consumidores y Usuarios insta contra Ryanair una acción colectiva de cesación  de las condiciones generales de la contratación el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid (fecha 30/09/2013), resuelve como abusivas y anula ocho condiciones generales de la contratación:

G1) Ley Aplicable y Jurisdicción: Declara nulo el sometimiento de cualquier disputa a los tribunales irlandeses y a la legislación irlandesa.

G2) Documentación. Declara nula la exigencia de documentación conforme a los reglamentos internos de Ryanair, que no consideraba válidos para identificarse antes de de embarcar documentos oficiales como el libro de familia, permiso de conducir, de residencia..

G6) Cargo de 40 euros del Anexo Tabla de Cargos contenida en el anexo de las condiciones generales de contratación: Entre ellos, el cargo de 40 euros por imprimir la tarjeta de embarque en el mostrador de facturación.

Cláusula Denegación de transporte del viajero o de su equipaje: Anula la cláusula Nos podemos negar a transportarles o transportar su Equipaje, siempre y cuando os [sic] hayamos remitido una notificación de nuestra intención de no transportarles en ninguno de nuestros vuelos en ningún momento a partir de la fecha de dicha notificación”.

G10) Objetos no aceptables como equipaje: Se declara nulo el derecho a denegar el transporte por incluir en el equipaje facturado objetos como teléfonos móviles, tabaco, joyas, cámaras, medicamentos, gafas, lentes de contacto, relojes u otros objetos de valor, documentos identificativos, documentos comerciales.

G13) Recogida y entrega de equipaje facturado: Anulación de la exigencia de recoger el equipaje tan pronto llegue a destino y de cobrar un cargo indeterminado si no se recoge el equipaje en un tiempo razonable en concepto de almacenaje.

G14) Honorarios, cancelaciones, retrasos y desvíos: Nulidad de la modificación unilateral de los horarios. En esta cláusula, la compañía se reservaba variar la fecha de la reserva, del viaje y del horario.

G15) Transacciones en efectivo o con tarjeta de crédito/débito: En esta cláusula, la compañía no acepta dinero en metálico para el pago de tarifas aéreas, tasas o cargos por el exceso de equipaje y material deportivo.

Propiedad Horizontal. Cumplimiento de acuerdo firme y consentimiento tácito en obras que afectan a elementos comunes. Doctrina de los actos propios

Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2013, recurso nº 572/2011. Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.  

La pasividad de la comunidad no es suficiente para apreciar un consentimiento tácito o manifestación de una determinada voluntad frente al no cumplimiento de un acuerdo firme.

Se ha declarado por la Sala, con valor de doctrina jurisprudencial, que ha de estarse a los hechos concretos para decidir si el silencio cabe ser apreciado como un consentimiento tácito o manifestación de una determinada voluntad. De este modo, la resolución del conflicto radica en determinar bajo qué condiciones debe interpretarse el silencio como una tácita manifestación de ese consentimiento. Por ello deben valorarse las relaciones preexistentes entre las partes, la conducta o comportamiento de estas y las circunstancias que preceden y acompañan al silencio susceptible de ser interpretado como asentimiento. El motivo vincula esta relación a partir de la doctrina de esta Sala sobre los actos propios, que dice ha sido vulnerada por la sentencia recurrida, lo que no es cierto.

La doctrina de los actos propios tiene su último fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables ( SSTS 9 de diciembre de 2010 , 25 de febrero 2013 ). El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla ( SSTS 9 de diciembre de 2010 , 7 de diciembre de 2010 , 25 de febrero 2013 ). Significa, en definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real, lo que referido al supuesto analizado, difícilmente puede haber existido consentimiento tácito a unas obras que la sentencia dice simplemente toleradas, esencialmente porque, además de que no son las mismas que existen en la actualidad, equivaldría a la utilización por su parte y en exclusiva de un elemento común sin derecho reconocido como tal por la comunidad de propietarios que es soberana para decidir en beneficio o interés general, y no meramente particular, el uso de tal elemento común, tal y como se ha materializado a partir de un acuerdo, en ningún caso viciado de nulidad absoluta o radical, que ya valoró esta ocupación, y que no fue impugnado judicialmente en plazo legal ni fuera de él, y, por tanto, ha sido convalidado, por lo que tiene eficacia y obliga a todos, debido a que, por el transcurso del tiempo, ha quedado subsanado.

Gastos de conservación del ascensor: las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, comprenden tanto a los gastos ordinarios como los extraordinarios

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2013, recurso nº 842/2011. Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.

Las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso del servicio, comprenden tanto a los gastos ordinarios como los extraordinarios.

La parte recurrente (Comunidad de Propietarios) invocó doctrina jurisprudencial, entendiendo que las obras que exceden de la mera conservación o reparación no pueden integrarse en la exención pactada en los estatutos al constituir sustitución o renovación de los ascensores.

La Sala desestima el recurso de casación por infracción del art. 9.1 e) de la Ley de Propiedad Horizontal.

“F.D. 3º (…) Frente a una corriente jurisprudencial, ya superada, que entendía que los gastos extraordinarios no tenían cabida en las exenciones estatutarias que pretendían la exclusión de los gastos derivados del mantenimiento del ascensor, surge otra, reciente, que entiende que no cabe distinguir dónde los estatutos no han diferenciado, por lo que la exención a favor de locales ha de incluir también los gastos extraordinarios.

Las sentencias de esta Sala de 3 de febrero de 1994 y 30 de diciembre de 1993 , establecen que cuando se fija un régimen peculiar en los estatutos para los locales del sótano y planta baja, basado en el «no uso» del ascensor, caracterizado por la exención de contribuir a los «gastos y obligaciones que afecten a los servicios del ascensor», tal exoneración comprende no solo los puros y simples de conservación y mantenimiento sino que debe hacerse extensiva a cuantos requiera el ascensor, con independencia de su naturaleza ordinaria o extraordinaria y por tanto, a los derivados del cambio o sustitución del ascensor existente por otro nuevo.

Esta Sala ha declarado en STS 18 de noviembre de 2009, RC n.º 956/2005 , en un supuesto de sustitución del ascensor, en el que el título constitutivo disponía que los departamentos situados en sótano y planta baja, que no tenían acceso al portal ni a la entrada, no contribuirían en los gastos de estos ni en los de la escalera ni ascensor, que las exenciones de gastos globales, genéricas deben interpretarse sin hacer distinción entre unos y otros conceptos, incluyéndose por tanto, dentro del término «gastos» tanto los ordinarios como los extraordinarios, porque donde la regla no distingue no hay razón para interpretar lo contrario, razón por la que excluye a estos propietarios de los gastos necesarios tanto para la conservación y funcionamiento del ascensor, como de los precisos para la reforma o sustitución de este.

Por ello en STS, Civil del 07 de Junio del 2011, recurso: 2117/2007, se declaró que se debe reiterar como doctrina jurisprudencial que las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso
del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios
. En el mismo sentido la STS de 6 de mayo de 2013, rec. 2039 de 2009.

Esta Sala solo ha establecido la excepción en los casos de instalación de un nuevo ascensor, que antes no existiera, lo cual no es el caso ( STS, Civil del 13 de Noviembre del 2012). Recurso: 173/2010. Por tanto, procede desestimar el recurso dado que la exención estatutaria mencionada exime a los demandados del pago de las cuotas que la Comunidad pretende.”