Implicaciones penales del uso de redes sociales

El uso intensivo de las redes sociales ha trasladado al plano digital diversas acciones que afectan al ámbito penal y que son igualmente perseguibles y punibles. La consumación de esta especificidad delictual tiene consecuencias particulares en la obtención de las pruebas y en la elaboración de la denuncia penal.

Delitos más comunes

  • Coacciones: el artículo 172 del Código Penal castiga al que “sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”
  • Amenazas: el artículo 169 del Código Penal dispone que comete este delito “el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico.”
  • Injurias: en este apartado, el Código Penal especifica (artículo 208) que constituye delito “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.”

Sólo se castiga en términos generales las injurias graves, con la excepción prevista en el artículo 173.4, que castiga las injurias y vejaciones leves dirigidas a la víctima de violencia de género. Este enfoque es muy interesante en los casos de acoso por parte de las parejas sentimentales, una vez rota la relación, y sobre todo, en la publicación en las redes sociales de comentarios o fotografias despectivas o que denigren a la ex-pareja.

  • Ciberacoso: en el año 2011 se añadió específicamente el apartado 7º del artículo 197, que castiga al  “que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.

Es en este apartado donde se subsumen los supuestos conocidos como sextorsión o el grooming, ambos supuestos normalmente incardinados con el delito de coacciones o amenazas, en el que la difusión de las imágenes de carácter íntimo tiene como objetivo la obtención de un beneficio.

  • La difusión de pornografía de menores (artículo 189) castiga al “que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil.” Este enfoque también se vincula con el artículo 197, en los casos de distribución a través de redes sociales de imágenes de menores en centros escolares, en los que los propios alumnos pueden cometer este delito.

Especificidades procesales

En estos supuestos, uno de los temas puntales es la obtención de la prueba de los actos descritos para su posterior denuncia. Las publicaciones en medios digitales e internet son de naturaleza voluble, por lo que se hace imprescindible la denominada “captación de prueba electrónica”: la práctica jurídica ha avanzado y, aunque en sede judicial ofrece menos problemas un acta notarial que certifique el contenido de una determinada dirección de internet en un determinado momento, han surgido diversos servicios prestados por terceros para la obtención de pruebas, que emiten actas de navegación electrónica, las cuales también certifican el contenido de una determinada red social, incluso permiten su grabación en tiempo real, para ser aportada como prueba en el proceso.

Por otra parte, desde el punto de vista de inicio del proceso, siempre es recomendable la vía judicial preferentemente a la denuncia en sede policial: los medios de las unidades de investigación de delitos telemáticos no permiten grandes periodos de investigación, y los instructores tienen facultades de archivo del procedimiento que, desde el enfoque de los intereses de la víctima, interesa evitar. La denuncia judicial permite el acopio de pruebas (suelen ser delitos que se mantienen y se amplían con el tiempo) y, cumpliendo los plazos de prescripción, presentar pruebas que permitan la efectiva condena del causante, y asegurar el resarcimiento de la víctima.

Es interesante, por último, el enfoque hacia las empresas que trabajan o tienen representación en redes sociales, de un estudio  de prevención de riesgos digitales por parte de profesionales jurídicos, en el marco de los planes de corporate compliance a los que están obligados en aras de evitar la responsabilidad penal a la que hace referencia de forma genérica el artículo 31.bis del Código Penal.


Alex de Roa

Abogado ICASBD 2.498

alexderoa.wordpress.com

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La excedencia por maternidad

El Estatuto de los trabajadores reconoce una serie de derechos a las mujeres en virtud del nacimiento de sus hijos. El periodo de 16 semanas que reconoce el artículo 48.4 es en la mayoría de las ocasiones insuficiente y ante la reincorporación de las obligaciones laborales, muchas madres se plantean acogerse a los distintos mecanismos que la legislación laboral prevé para la conciliación de la vida familiar y laboral. Uno de los más solicitados es la excedencia por maternidad. ¿Cómo se configura este derecho? ¿Afecta a la cotización de otras prestaciones, cómo la de desempleo? ¿Es compatible con otros derechos, como el permiso de lactancia?

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas: primer análisis del Tribunal Supremo y Fiscalía General del Estado

La novedad que ha supuesto en el ámbito penal la introducción de tipos específicos para las personas jurídicas (empresas y sociedades) va siguiendo su curso lógico y han aparecido, pocos meses después de su entrada en vigor, las primeras posiciones jurídicas en cuanto a la aplicación práctica de los supuestos que contempla el Código Penal. El pasado 29 de febrero, el Tribunal Supremo emitió una Sentencia relativa al análisis de diversos supuestos delictivos en los que, además de las personas físicas involucradas, se hizo uso de sociedades mercantiles instrumentales para llevar a cabo los mismos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha publicado la primera (y esperada) circular al respecto de la modificación del Código Penal en la que se analiza, entre otros, los requisitos de los modelos de gestión (corporate compliance o prevención de riesgos penales) que deben adoptar las empresas para eximirse de la acción penal que se derive de las personas que tenga a su cargo, o que actúen en su beneficio   Ambos documentos abren diversas e interesantes cuestiones en el ámbito jurídico práctico.

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Recuperar la vivienda alquilada por necesidad sobrevenida, ¿cuándo es posible?

Uno de los mayores temores de los arrendadores de vivienda al sacar un piso al mercado de alquiler, además de los riesgos del impago, es la imposibilidad de recuperar su posesión si surge un imprevisto, hasta que haya finalizado el periodo total que se pactó en el contrato. La normativa reguladora de los arrendamientos urbanos prevé determinados supuestos en los que el arrendador puede recuperar la vivienda que alquiló, en principio para sí mismo, pero también para cubrir las necesidades de determinados familiares del propietario. ¿Qué supuestos existen y a quién protegen exactamente?

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Querella contra empresas (II): intervención de la Administración Pública

La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la última reforma del Código Penal, así como las consecuente aparición de los servicios jurídicos de corporate compliance para las empresas han abierto, a falta de pronunciación por parte de la Fiscalía General del Estado, interesantes planteamientos teóricos en su aplicación. Como ya hemos visto anteriormente en este mismo blog se abre la puerta a las querellas criminales dirigidas directamente contra las personas jurídicas, totalmente independientes a los procedimientos que eventualmente se puedan dirigir contra sus administradores por los mismos motivos, y con evidentes ventajas para el querellante, como la exención respecto a la identificación de la concreta persona física causante de la infracción penal (artículo 31 ter), lo que suponía en la práctica el mayor escollo para la interposición de la querella. Esta nueva figura nos plantea, sin embargo, una interesante cuestión respecto a los sujetos pasivos: ¿Qué efectos tendría la interposición de una querella contra una persona jurídica en la que tiene participación societaria una administración pública?

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El cómputo de tiempo de desplazamiento para el personal de seguridad privada: nueva Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa

Los vigilantes de seguridad, y en general el personal del sector de la seguridad privada, no suelen disponer de un centro de trabajo fijo por la naturaleza de las labores que desempeñan. Existe en el sector una gran movilidad, que a veces comporta el cambio de lugar de trabajo durante la jornada laboral, sobretodo cuando se realizan funciones de transporte de fondos o en lo servicios de vigilancia dinámica en polígonos industriales o zonas residenciales privadas. El tiempo de traslado por parte del trabajador de un lugar a otro es computado por las empresas de seguridad de forma muy diferente, lo que ha llevado tradicionalmente a controversias entre el vigilante y su empresa en las cuestiones relativas al cómputo de horas efectivas de trabajo y, en caso de accidente laboral, a la aceptación de la responsabilidad por parte de la mutua laboral de los supuestos de in itinere. El Tribunal de Justícia de la Unión Europea se ha pronunciado finalmente al respecto, emitiendo una reciente sentencia que fija las bases para la resolución de estos conflictos. A partir de ahora, ¿cómo se computa el “tiempo de trabajo” en los desplazamientos diarios al centro de trabajo de los clientes?

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Paralizar el desahucio por impago de alquiler: aplicación de la nueva Ley de emergencia en el ámbito de la vivienda

La entrada en vigor, el pasado 6 de agosto de 2015, de la nueva Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, abre la puerta en Cataluña a la paralización de los procesos de desahucio por impago de las rentas de alquiler cuando los arrendatarios se encuentran en situación de emergencia habitacional. La aprobación de esta normativa obedece, como se indica en su propio preámbulo, a la situación de emergencia social que se vive especialmente en el ámbito de la vivienda. Pero, ¿qué requisitos son necesarios para acogerse a esta ley? y ¿qué efectos tiene su aplicación?

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Querella contra empresas: aplicación de la reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015 introdujo el concepto de  responsabilidad penal de las personas jurídicas.  En esta ocasión (tras una primera introducción a título nominal en la reforma del 2010) se ha configurado un sistema completo, con una lista numerus clausus de infracciones penales que pueden ser cometidas por las personas jurídicas, de manera totalmente independiente a la responsabilidad que la misma acción produce en las personas físicas. Esta reforma abre la puerta a una serie de conceptos jurídicos nuevos, que interrelacionan el clásico derecho laboral de empresa con el derecho penal, en los servicios de asesoramiento corporate compliance prevención de riesgos penales. Dentro de las labores de defensa de los intereses de las empresas, se abre la puerta con esta modificación a un concepto inédito en el derecho español: las querellas penales contra personas jurídicas.

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Sanción al trabajador como represalia: la garantía de indemnidad

En el panorama laboral de nuestro país es por desgracia habitual que las reclamaciones que hace el trabajador en su empresa para mejorar sus condiciones laborales o salariales, o exigir el cumplimiento de las que ya existen por vía extrajudicial o judicial, tengan como consecuencia represalias por parte de la empresa, en forma de cambio de condiciones de trabajo, sanciones y, en el peor de los caos, el despido. La empresa suele “disfrazar” estas medidas sancionadoras, justificándolas como modificaciones motivadas en cambios de estrategia empresarial, y en el caso de las sanciones, inventando o exagerando los hechos para poder sancionar o despedir al trabajador sin tener que indemnizarlo. El trabajador está protegido por estos ataques por lo que la doctrina ha llamado la Garantía de Indemnidad. Pero, ¿cómo se configura este derecho y qué efectos tiene?

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Audiencia Previa: ¿Los hechos no controvertidos son hechos probados?

La Audiencia Previa es un trámite obligatorio en el iter de los juicios ordinarios. En este paso previo a la celebración del juicio, regulado en el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,  se determinan las cuestiones procesales que serán objeto del proceso, es decir, sobre las que las partes que concurren en el proceso tienen discrepancias.  Será por tanto al finalizar el procedimiento, con la Sentencia, cuando el órgano jurisdiccional aportará su propia valoración, pero sólo sobre los hechos controvertidos. Por tanto, ¿Los hechos que no se discuten en la audiencia previa, y por tanto no controvertidos, tienen consideración de hechos probados? y en consecuencia ¿está el Juez obligado a tenerlos en cuenta en la sentencia?

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Prestación por desempleo vs Límite del 75% del Salario Mínimo Interprofesional

El artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio) establece un límite para la obtención del subsidio de desempleo: la carencia de rentas de cualquier naturaleza que superen, en cómputo mensual, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. En la práctica supone un impedimento que tiene una doble vertiente:  la denegación directa por parte de la Administración el momento de solicitar la prestación, o bien (y mucho más peligrosa) la reclamación posterior de las prestaciones por desempleo cobradas. Pero, ¿cómo se valora dentro del límite legal la existencia de cargas familiares? ¿cómo se acreditan los rendimientos del capital mobiliario a mitad del ejercicio fiscal a los efectos de solicitud de la prestación?

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