Responsabilidad penal de las personas jurídicas: primer análisis del Tribunal Supremo y Fiscalía General del Estado

La novedad que ha supuesto en el ámbito penal la introducción de tipos específicos para las personas jurídicas (empresas y sociedades) va siguiendo su curso lógico y han aparecido, pocos meses después de su entrada en vigor, las primeras posiciones jurídicas en cuanto a la aplicación práctica de los supuestos que contempla el Código Penal. El pasado 29 de febrero, el Tribunal Supremo emitió una Sentencia relativa al análisis de diversos supuestos delictivos en los que, además de las personas físicas involucradas, se hizo uso de sociedades mercantiles instrumentales para llevar a cabo los mismos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha publicado la primera (y esperada) circular al respecto de la modificación del Código Penal en la que se analiza, entre otros, los requisitos de los modelos de gestión (corporate compliance o prevención de riesgos penales) que deben adoptar las empresas para eximirse de la acción penal que se derive de las personas que tenga a su cargo, o que actúen en su beneficio   Ambos documentos abren diversas e interesantes cuestiones en el ámbito jurídico práctico.

El Tribunal Supremo reconoce la complejidad y novedad del tema en los propios antecedentes de la Sentencia (disponible aquí) y en la que se resuelve el recurso de una resolución de la Audiencia Nacional respecto de diversos delitos contra la salud pública, quebrantamiento de medida cautelar y falsificación de documento oficial, en la comisión de los cuales los condenados habrían utilizado diversas empresas como instrumento de sus acciones delictivas, lo que lleva al tribunal a analizar los supuestos necesarios para la efectiva responsabilidad de los entes jurídicos y, en consecuencia, a la condena de los mismos: una de ellas a la prohibición de dedicarse a actividad comercial alguna durante cinco años y al resto a su disolución (la “pena de muerte” empresarial).

En la Sentencia se destacan varios párrafos pertenecientes al FJ Octavo, que se transcriben a continuación:

Y si bien es cierto que, en la práctica, será la propia persona jurídica la que apoye su defensa en la acreditación de la real existencia de modelos de prevención adecuados, reveladores de la referida “cultura de cumplimiento” que la norma penal persigue, lo que no puede sostenerse es que esa actuación pese, como obligación ineludible, sobre la sometida al procedimiento penal, ya que ello equivaldría a que, en el caso de la persona jurídica no rijan los principios básicos de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, tales como el de la exclusión de una responsabilidad objetiva o automática o el de la no responsabilidad por el hecho ajeno, que pondrían en claro peligro planteamientos propios de una hetero responsabilidad o responsabilidad por transferencia de tipo vicarial, a los que expresamente se refiere el mismo Legislador, en el Preámbulo de la Ley 1/2015 para rechazarlos, fijando como uno de los principales objetivos de la reforma la aclaración de este extremo.

El hecho de que la mera acreditación de la existencia de un hecho descrito como delito, sin poder constatar su autoría o, en el caso de la concurrencia de una eximente psíquica, sin que tan siquiera pudiera calificarse propiamente como delito, por falta de culpabilidad, pudiera conducir directamente a la declaración de responsabilidad de la persona jurídica, nos abocaría a un régimen penal de responsabilidad objetiva que, en nuestro sistema, no tiene cabida.

Destaca, por tanto, un elemento en el análisis del alto tribunal: la responsabilidad de las empresas en cuanto a la falta de modelos de prevención no se puede determinar por su mera inexistencia, y tomando como base el mismo principio que opera para las personas físicas, es la acusación quien tiene que demostrar la efectiva falta de interés por parte del ente jurídico en prevenir las conductas delictivas en su seno. Esta conclusión tuvo polémica en la misma sede el tribunal, ya que siete de los magistrados emitieron voto particular en sentido contrario, es decir, que la eximente debe ser alegada por el acusado, tomando como ejemplo el delito de homicidio, en el que la concurrencia de legítima defensa o estado de necesidad no son valorados por la parte acusatoria. Igualmente son reseñables otros interesantes elementos, como el de asegurar por parte de la instrucción policial y judicial previa los mismos elementos garantistas que operan respecto a las personas físicas. El análisis de las mismas bien merecerá un análisis propio en este mismo espacio.

La Sentencia hace constantes referencias a la reciente Circular de la Fiscalía General del Estado (disponible aquí) que se basa en la comparación de las reformas introducidas en 2010 y 2015 y que, al fin, disipa algunas dudas que se habían planteado al interpretarlo, a la vez que abre la puerta a nuevas disquisiciones.

Uno de los conceptos que apunta la circular es el de transferencia de la responsabilidad penal del sujeto físico hacia la persona jurídica con la que mantiene un nexo que permita la sustentación de esta última. Esta característica abre el camino de la litispendencia como estrategia procesal en los procesos de esta naturaleza: la responsabilidad de la empresa siempre va a depender del efectivo reconocimiento del delito por parte de la persona física. Cierra parcialmente la puerta a interesantes mecanismos que se habían planteado desde este espacio, como las querellas criminales dirigidas directamente contra empresas.

Es reseñable igualmente la exclusión de las modalidades de comisión culposa o imprudente para las personas jurídicas en la mayoría de los casos, con la excepción de las insolvencias punibles, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, el delito de blanqueo de capitales y los delitos de financiación del terrorismo. Quedan fuera, entre otros, los delitos contra la salud pública, donde la propia fiscalía reconoce la imposibilidad de procesar a las empresas que hayan distribuido imprudentemente productos dañinos para la salud. No deja de sorprender (y generar cierta suspicacia) que se hayan excluído precisamente uno de los supuestos de mayor trascendencia social y que cuenta con más casos reales.

Respecto a los modelos de prevención de riesgos penales, la circular critica la falta de concreción, que lleva a la obvia inseguridad jurídica, afirmando que:

Los programas comportan exigencias de naturaleza societaria, propia estructura orgánica corporativa, requieren un alto grado de desarrollo y tienen una evidente finalidad preventiva, razones que deberían haber llevado esta regulación a la correspondiente legislación mercantil, a la que el juez pudiera acudir
para valorar la existencia en la empresa de una organización adecuada para prevenir delitos, de modo similar a como ocurre con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La fiscalía reconoce que la falta de concreción derivará en la implementación, por parte de las empresas, de modelos de prevención percibidos como un seguro frente a la acción penal, cuando el objetivo de la reforma normativa es la efectiva asunción, en el seno de la empresa, de una “cultura corporativa de respeto a la ley”. A este respecto, no me resisto a mencionar otros intentos legislativos en este mismo sentido, como el Código de buenas prácticas tributarias, en el ámbito legislativo tributario, en el que se pretende esta misma actitud proactiva respecto al cumplimiento corporativo de la ley.

La circular reconoce y matiza igualmente las diferencias entre los modelos de prevención exigibles a las grandes empresas de los que deben implementar las pequeñas, vista la exención de estas últimas a crear un órgano específico de control. También se reconoce la distinta valoración, en cuanto a la gravedad de los actos, si el incumplimiento de supervisión se ha cometido respecto de actos provinientes de los cargos de administración de la empresa y de los empleados de puestos de menor responsabilidad e incluso, como reconoce la propia fiscalía, de trabajadores autónomos que presten servicios para la empresa incluso de forma indirecta o no exclusiva. Se valorará especialmente, la capacidad de la empresa de detectar estas conductas delictivas y de comunicarlas directamente a la autoridad judicial antes del inicio del procedimiento de oficio, inspirándose en la clásica circunstancia atenuante del artículo 21 del Código Penal.

En definitiva, la valoración de ambos documentos jurídicos abre interesantes cuestiones que la práctica real irá resolviendo: ¿los abogados de las corporaciones responsables de los modelos de compliance pueden ser responsables de la mala implementación de éstos -incluso desde un punto de vista civil- a sabiendas de que la propia circular reconoce la especial y delicada situación de los órganos de las empresas especialmente dedicados a la detección de infracciones? y, aunque la fiscalía pretende marcar distancia con esa orientación de modelos de prevención, ¿son asegurables los riesgos derivados de una condena penal por responsabilidad penal de una empresa?


Alex de Roa

Abogado ICASBD 2.498

alexderoa.wordpress.com

2 respuestas a “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: primer análisis del Tribunal Supremo y Fiscalía General del Estado

  1. www.subufete.com 11 enero, 2019 / 7:57 am

    Gracias por compartir con todos nosotros toda esta interesante información. Con estos granitos de arena hacemos màs grande la montaña Internet. Enhorabuena por esta web.

    Saludos

    • Rosario Raposo Martinez 11 enero, 2019 / 10:33 am

      Nos satisface mucho compartir y poder contribuir de granito en granito… un abrazo y gracias!!!

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