Querella contra empresas (II): intervención de la Administración Pública

La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la última reforma del Código Penal, así como las consecuente aparición de los servicios jurídicos de corporate compliance para las empresas han abierto, a falta de pronunciación por parte de la Fiscalía General del Estado, interesantes planteamientos teóricos en su aplicación. Como ya hemos visto anteriormente en este mismo blog se abre la puerta a las querellas criminales dirigidas directamente contra las personas jurídicas, totalmente independientes a los procedimientos que eventualmente se puedan dirigir contra sus administradores por los mismos motivos, y con evidentes ventajas para el querellante, como la exención respecto a la identificación de la concreta persona física causante de la infracción penal (artículo 31 ter), lo que suponía en la práctica el mayor escollo para la interposición de la querella. Esta nueva figura nos plantea, sin embargo, una interesante cuestión respecto a los sujetos pasivos: ¿Qué efectos tendría la interposición de una querella contra una persona jurídica en la que tiene participación societaria una administración pública?

La reforma del Código Penal establece, respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lasexenciones que se detallan en el artículo 31 quinquies:

1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.

2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

A los efectos del tema que nos ocupa, es interesante reseñar una primera diferenciación que hace el Código Penal: se extiende la exención genérica de las administraciones públicas a las entidades públicas empresariales, a las que por definición se encomienda “la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.” (artículo 53 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado). Sin embargo, esta protección respecto a la responsabilidad penal no opera totalmente, en virtud del artículo 31 quinquies, para las sociedades mercantiles públicas, limitándose las sanciones penales a dos supuestos: la multa (que es obligatoria en cualquier condena) y la intervención judicial de los órganos de administración.

Por tanto el legislador establece el matiz en el objeto social del ente público: si éste es de interés público opera la exención completa y si sirven al interés económico general o se ejecutan políticas públicas opera una exención parcial. Obviamente las sociedades mercantiles de titularidad pública  cuyo función sea el mero comercio de bienes y servicios están expuestas totalmente a la comisión de cualquiera de los delitos previstos para las personas jurídicas en la última reforma penal.

Resulta interesante, desde un punto de vista jurídico, la futura necesidad de los servicios de corporate compliance no sólo para empresas privadas, sino también para sociedades mercantiles con participación pública, sea ésta total o parcial; así como las consecuencias prácticas de las eventuales condenas penales en estas empresas: la intervención judicial de sociedades públicas a través de un proceso similar al de la administración concursal puede resultar cuanto menos, paradójico.


Alex de Roa

Abogado ICASBD 2.498

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