Paralizar el desahucio por impago de alquiler: aplicación de la nueva Ley de emergencia en el ámbito de la vivienda

La entrada en vigor, el pasado 6 de agosto de 2015, de la nueva Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, abre la puerta en Cataluña a la paralización de los procesos de desahucio por impago de las rentas de alquiler cuando los arrendatarios se encuentran en situación de emergencia habitacional. La aprobación de esta normativa obedece, como se indica en su propio preámbulo, a la situación de emergencia social que se vive especialmente en el ámbito de la vivienda. Pero, ¿qué requisitos son necesarios para acogerse a esta ley? y ¿qué efectos tiene su aplicación?

La nueva ley establece la obligación del arrendador de ofrecer un alquiler social previa a la interposición de la demanda de desahucio, cuando el procedimiento afecta a personas que no tienen una alternativa propia de vivienda y se encuentren dentro de unos parámetros de riesgo de exclusión social. Es importante señalar que el arrendador debe tener condición de gran tenedor de vivienda y que la vivienda objeto del posible desahucio haya sido adquirida con posterioridad al 30 de abril de 2008, proviniente de una ejecución hipotecaria.

A los efectos de los parámetros de riesgo, la Ley toma como referencia el Índice de Rentas de Suficiencia de Cataluña (IRSC), que en 2015 ha sido de 569’12 €/mes. Las personas que viven solas solo pueden tener ingresos que multipliquen por 2 este indicador, en caso de unidades familiares (sin indicar el número máximo de personas) el indicador máximo es de 2’5, y en caso de miembros con gran discapacidad, hasta por 3. También se puede optar a esta condición con rentas de hasta 1’5 veces este indicador, adjuntando un informe de los servicios sociales que acrediten el riesgo de exclusión.

Respecto a la condición de gran tenedor de vivienda del arrendador, la Ley establece que lo son (artículo 9):

Las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil y

Las personas jurídicas que, por si solas o mediante un grupo de empresas, sean titulares de una superficie habitable de más de 1.250 metros cuadrados.

Por último, las características económicas del alquiler social que debe ofrecer el arrendador dependen del nivel de rentas de la unidad familiar en relación con el IRSC, variando del 10 al 18 por ciento de los ingresos totales ponderados de la unidad familiar.

Como requisito meramente formal, además, la persona o unidad familiar deberá estar inscrita como demandante de vivienda de alquiler social en el registro municipal de la población en la que se encuentre empadronada.

Se trata en definitiva de una medida que supone una buena noticia para los destinatarios concretos de la normativa, que pueden ver paralizados los procesos abiertos de desahucio por parte de las entidades bancarias y pueden optar a quedarse en la vivienda con unos pagos adaptados a su capacidad económica real.


Alex de Roa

Abogado ICASBD 2.498

alexderoa.wordpress.com

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