Querella contra empresas: aplicación de la reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015 introdujo el concepto de  responsabilidad penal de las personas jurídicas.  En esta ocasión (tras una primera introducción a título nominal en la reforma del 2010) se ha configurado un sistema completo, con una lista numerus clausus de infracciones penales que pueden ser cometidas por las personas jurídicas, de manera totalmente independiente a la responsabilidad que la misma acción produce en las personas físicas. Esta reforma abre la puerta a una serie de conceptos jurídicos nuevos, que interrelacionan el clásico derecho laboral de empresa con el derecho penal, en los servicios de asesoramiento corporate compliance prevención de riesgos penales. Dentro de las labores de defensa de los intereses de las empresas, se abre la puerta con esta modificación a un concepto inédito en el derecho español: las querellas penales contra personas jurídicas.

La redacción del artículo 31 bis del Código Penal rompe el concepto clásico de Societas non delinquere potest, según el cual las personas jurídicas, en tanto que resultado de una ficción destinada a facilitar el tráfico jurídico, no tenían el poder volitivo indispensable para la ejecución de un hecho punible que sólo es propio de las personas físicas. Una vez establecida esta posibilidad, la última redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha hecho especial mención a la inclusión como sujeto pasivo de las personas jurídicas en la interposición de las querellas, regulada en su Título II (artículos 270 a 281), por lo que son de plena aplicación en los delitos que específicamente puedan ser cometidos por éstas.

La inmediatez de la reforma hace que de momento no exista jurisprudencia orientadora, y ni siquiera la Fiscalía General del Estado ha publicado de momento ninguna circular al respecto. No obstante, las recientes noticias aparecidos en los medios al respecto de la querella presentada contra la empresa Volkswagen por la presunta manipulación de los sistemas electrónicos de los vehículos (delitos de estafa, contra el medio ambiente y contra los consumidores, entre otros) en realidad es una querella dirigida a los presidentes de las diversas sedes de la empresa en España (aquí el texto completo de la querella). Resulta obvio que a falta de indicaciones prácticas al respecto, todavía hay reticencias a abrir la vía de la querella directa contra la empresa, además de la dirigida a los administradores. No hay que obviar las ventajas de este mecanismo, como la falta de necesidad de individualización de la conducta, centrándonos tan sólo, como querellantes, en el resultado lesivo; además de las ya conocidas al respecto de la inmediatez y la presión respecto al querellado en contraposición a la vía civil.


Alex de Roa

Abogado ICASBD 2.498

 alexderoa.wordpress.com

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